Dentro de los próximos días la empresa Pasmar S.A deberá contestar la solicitud de invalidación, que en conjunto con un grupo de profesionales presentamos en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental de Los Ríos por la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Centro Comercial Paseo Valdivia. Dicho proyecto, de enorme magnitud inmobiliaria, pretende instalar un segundo mall en el ya colapsado centro de la ciudad de Valdivia.

Previo a esta contestación, la empresa ha iniciado una fuerte ofensiva comunicacional  negando tanto los cargos presentados ante la Corte Suprema respecto al permiso de edificación, como en el Servicio de Evaluación Ambiental, señalando además en días consecutivos, primero que no existían restos arqueológicos en el lugar de la obra y luego que si existían restos arqueológicos, pero que no eran osamentas humanas ni un cementerio indígena y agregando además una denuncia contra el abogado Vladimir Riesco ante el Colegio de Abogados por “excesivo uso de recursos judiciales contra un proyecto”. Todo lo anterior ante la silenciosa mirada del Gobierno Regional de Los Ríos y la Municipalidad, quienes ya hicieron su parte visando sin objeciones un proyecto que en los hechos y en los procesos resulta al menos cuestionable en su legalidad.

Resulta interesante compartir con la comunidad los puntos centrales que sustentan nuestra solicitud de invalidación a la declaración de impacto ambiental otorgada para construir este desproporcionado mall. En primer lugar, este proyecto presenta en su planimetría una carga ocupacional superior a la permitida por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en el sector céntrico de la ciudad de Valdivia, limitándose la empresa a señalar que la carga ocupacional de este proyecto ascenderá a 5.996 personas. Si consideramos que las calles que rodean el futuro centro comercial, son todas vías colectoras, por lo que según la Ordenanza General de Urbanismo, en el lugar, solo se puede emplazar equipamiento mediano cuya carga ocupacional no sobrepase las 6.000 personas, se efectuó un análisis de planimetría por parte del perito y arquitecto Jonathan Galle, concluyendo que la carga ocupacional del inmueble es de 9.328 personas, sobrepasando groseramente el marco legal permitido, desvirtuando así cualquier tipo de informe adicional presentado en relación a una carga ocupacional declarada que es inferior a la real, todo ante la pasiva y acrítica mirada de las autoridades con expertise en construcción y tránsito.

En segundo lugar, es posible constatar un gran impacto sobre el subsuelo, ya que se intervendrá un material arcilloso hasta una profundidad de 30 metros, lo que luego de ser revisado por la académica de la Universidad Austral de Chile, Joseline Tapia Zamora, se evidenció que se observa una deficiente evaluación de las arcillas en cuento a su porcentaje, el potencial de inestabilidad y el grado de expansión y contracción de las mismas, lo que se traduciría en daños en las calles y propiedades aledañas a la excavación. Este antecedente igualmente fue presentado ante la autoridad competente y ni siquiera fue rechazado con algún sustento técnico, sino que se limitaron a decir que la excavación estaría “conforme sobre la Adenda antes mencionada”.

Y finalmente, un componente patrimonial ya que en la obra se encontraron restos arqueológicos; así en palabras del Consejo de Monumentos Nacionales “En consideración de lo que los resultados de los sondeos arqueológicos efectuados durante la evaluación ambiental del proyecto, otorgaron resultados positivos en la detección de componentes arqueológicos protegidos por la ley 17.288 de Monumentos Nacionales, los cuales aparentemente abarcan el área del proyecto en gran parte de su extensión y se ven representados tanto por componentes arqueológicos indígenas como europeos, dando cuenta de patrones materiales propios a los documentados para el área de Valdivia”.

En razón de esto, el Consejo establece como exigencia para la conformidad del proyecto, que una vez aprobado el mismo y posterior a la demolición de las edificaciones actuales, se implementen, una red de pozos de sondeo en las áreas del proyecto que faltaron por caracterizar. Esta exigencia resulta del todo curiosa ya que en el año 2014 y en un proyecto que buscaba instalar estacionamientos subterráneos en la plaza de Valdivia, al excavar se encontraron restos arqueológicos y es el mismo órgano quien señala textualmente que se afectará el sitio arqueológico denominado Plaza de la República, solicitando así que el proyecto se ingrese nuevamente como Estudio de Impacto Ambiental, rechazando la Declaración presentada por la empresa de estacionamientos; así lógicamente cabe preguntarse: ¿Por qué se cambia de criterio respecto de un sitio con presencia de restos arqueológicos separado a no más de 100 metros de la Plaza de la República de Valdivia? y ¿qué criterio de razonabilidad o técnico permite exigir un Estudio de Impacto Ambiental en un caso y en el actual una mera Declaración de impacto ambiental?, pues aparentemente no existe criterio, ya que en ningún informe hemos podido apreciar en que se diferencian o cualifican la importancia de uno u otro yacimiento arqueológico, configurándose una evidente falta de razonabilidad y por consiguiente un vicio de arbitrariedad.

Todo lo anterior son antecedentes públicos del caso que pueden descargar directamente del sitio web del Servicio de Evaluación Ambiental de Los Ríos y nos demuestra que al menos este proyecto puede ser cuestionado y puede entablarse un debate que va mucho más allá a una simple disputa comercial, como los medios locales y la empresa se empeñan en mostrar. Aquí hablamos de espacios públicos, de cultura de legalidad, del mercado inmobiliario y sus costumbres depredatorias, de la estética y la identidad de una ciudad, de transparencia y del rol que tenemos los ciudadanos en la toma de las decisiones sobre nuestros espacios vitales, del poder de influir en decisiones que inciden directamente en nuestra calidad de vida como ciudadanos y habitantes de estos espacios.

Resulta igualmente indignante que no exista un concepto de desarrollo sustentable en nuestras autoridades, ni menos miradas estratégicas de desarrollo o un mínimo de planificación territorial y tengamos que esperar que ante situaciones extremadamente analogables al caso, como por ejemplo, los llamados “guetos verticales” la autoridad muy irreflexivamente crea que la solución sea suplicar por los medios de comunicación que las empresas por favor se “autorregulen”, para que estos abusos se detengan.

Así entonces cabe preguntarse ¿realmente a las autoridades les importa la calidad de vida de los ciudadanos?, ¿les importa colapsar pequeñas calles con un número mayor de autos soportables por el espacio?, ¿les importan los pequeños comerciantes que vienen organizándose buscando un comercio justo y con identidad comunitaria valdiviana? ¿o solamente quieren definir como único modelo estético urbano de la contemporaneidad esas gigantescas cajas de hormigón donde es posible comprar en cómodas cuotas, generando progreso solamente desde el consumo?, ¿les importa siquiera nuestro patrimonio arqueológico que será sepultado en una gigantesca excavación para albergar estacionamientos?

Todas estas interrogantes quedan sin respuestas, porque la autoridad no abre la posibilidad de participación ciudadana a los habitantes, decidiendo como he venido exponiendo, sin sustento real la conveniencia de esta mega obra inmobiliaria y es así, bajo este espíritu crítico, reflexivo y ciudadano, que convoco a los valdivianos y valdivianas a informarse respecto al tema, a los pequeños comerciantes del centro de Valdivia a organizarse, a los urbanistas, arquitectos y académicos, a los activistas ambientales, a los juristas y a todos los ciudadanos de nuestra comunidad, a iniciar el debate y el ejercicio de participación en la toma de decisiones sobre nuestros espacios vitales, ya que el espacio público encierra muchos más valores que la mera especulación o la construcción irreflexiva, pero al parecer tanto municipios como la institucionalidad ambiental se empeñan en avalar cualquier inversión venga de donde venga y sea como sea, teniendo que después salir a pedir por favor a los interesados, una vez comprobados los errores, que se sometan a la santa autorregulación.