Las últimas semanas Claudio Orrego, Intendente de la Región Metropolitana, detonó una bomba en redes sociales. Por medio de una entrevista en el diario La Segunda y  a través de su cuenta de Twitter dio a conocer comentarios y fotografías de los clásicos edificios que durante los últimos años han ido transformando con fuerza el paisaje urbano de Estación Central y muchas otras zonas de la capital. Estas intervenciones cumplieron su objetivo: poner sobre la mesa el tema de la planificación urbana y cómo, a falta de regulación, está siendo controlada por el mercado en una “ley de la selva sólo hace que gane el más  fuerte, no el bien común”, en palabras del propio Orrego.

Para contextualizar, desde el año 2006, la superficie autorizada para construcción de departamentos en la Región Metropolitana pasa a ser mayoritaria por primera vez, con un 57% del total de producción de vivienda (71.794 unidades de un total de 163.236). Cuando Orrego asumió la intendencia, con este proceso estaba en alza,  dijo tener grandes pretensiones con respecto al desarrollo urbano integrado, queriendo transformar Santiago inspirado en la obra de Benjamín Vicuña Mackenna hace más de 100 años. Hoy, luego de tres años de gestión, recurre al tema inmobiliario y de planificación atacando a distintos actores públicos y privados, pero con cero autocríticas.

Cuando el Intendente culpa a la “desregulación” y a la negligencia de gestión como factores claves de esta crisis, omite lo sustantivo de la misma: lo que vemos es un caso muy agudo de urbanismo neoliberal.  La Nueva Mayoría, en sus gobiernos, se ha hecho experta en identificar problemas abordando sólo la parte superficial de éstos pero jamás haciéndose cargo de lo medular, lo que se ve con las distintas reformas que se han cursado.

La crisis se devela cuando  alcanza un punto sin retorno; los edificios ya están construidos y muchos de ellos habitados, propiciando niveles inaceptables de calidad de vida. En este sentido,  cuando me refiero al urbanismo neoliberal como gestor de esta crisis, también hace responsable al gobierno de la NM, pues para que el neoliberalismo operare, el Estado debe ser funcional al interés privado, entregando al mercado inmobiliario la tarea de “planificar” sobre la marcha. La liberalización del mercado de suelo urbano en dictadura es un factor clave que explica los cambios en el proceso de fabricación de la ciudad y de sus consecuencias a la vista hoy.

Por lo tanto, no es azaroso que en Estación Central (y otras comunas) se construyan edificios que crean “ghettos en altura”, sino que responde a una causalidad de la planificación territorial que se arrastra por ya casi 30 años de gobiernos neoliberales, donde los derechos sociales en su conjunto fueron privatizados, incluyendo el derecho a la ciudad. Esta es la forma de fijación o anclaje que tiene la economía neoliberal en la metrópolis.

A todas y todos nos corresponde acceder de igual forma a lo que la ciudad nos entrega. En esa línea es que, junto con encaminarnos hacia la superación del actual modelo económico, es urgente repensar la planificación territorial y avanzar hacia  instrumentos con participación ciudadana vinculante y multiescalares, es decir, basados en la interacción entre las realidades locales, la proyección regional y de país. Esto exige  romper con la planificación parcelada o comunal, como la que opera hoy, que crea falsas fronteras entre comunas y ciudades. La modernización de nuestras ciudades no puede hipotecar la dignidad de habitar.