Este no es un sábado cualquiera para los vascos y vascas y para la ciudadanía española en general. Tras más de 40 años de conflicto, este sábado tendrá lugar en Baiona, en el País Vasco francés, el desarme de la banda armada ETA (Euskadi Ta Askatasuna, “País Vasco y Libertad”).

En una carta enviada este jueves a la cadena británica BBC, el grupo aseguró que ya es una “organización desarmada” y que su arsenal está en manos de representantes de la sociedad civil vasca, quienes tienen la misión de entregarlo a las autoridades francesas. Además afirmaron que el camino hasta el desarme “ha sido duro y difícil” por los “obstáculos” de los estados español y francés y, en cambio, relevaron el papel de las autoridades vascas en el proceso.

Esta será la segunda vez que ETA pone sobre la mesa la entrega voluntaria de sus armas, luego de otro intento en 2014, que terminó con varios “verificadores internacionales” reconociendo ante la Justicia que varios miembros de la banda se llevaron el arsenal.

“El gobierno vasco otorga credibilidad a esta posibilidad de desarme final a corto plazo”, dijo el presidente regional, Iñigo Urkullu. Ante el anuncio histórico, Urkullu pidió “altura de miras y canales de comunicación directos” a los ejecutivos de Mariano Rajoy y François Hollande, que exigieron en repetidas ocasiones el desarme y la disolución de la organización.

Sin embargo, tanto las autoridades españolas como francesas se han mostrado impasibles ante las evidentes señales enviadas por ETA de avanzar en el proceso de pacificación: “ETA ha decidido desarmarse unilateralmente. Que lo haga, y de paso que se disuelva”, reaccionó el presidente del ejecutivo español, Mariano Rajoy, al conocer la noticia.

El mandatario apuntó que su gobierno hará lo que ha hecho siempre: “Aplicar la ley igual para todos”. En la misma línea, el ministro del Interior del país, Juan Ignacio Zoido, avisó de que “la banda no va a obtener nada a cambio del desarme”. Y añadió al listado de demandas a ETA que pida perdón, se arrepienta y pague sus deudas, en referencia a los asesinatos sin resolver y las causas pendientes.

El desarme de la colectividad independentista vasca, a diferencia del IRA en Irlanda o de las FARC en Colombia, no ha sido negociado ni con el ejecutivo español ni con sus vecinos galos, como pretendía la organización independentista. Por eso carecerá de contrapartidas. Eso, a pesar de que desde el anuncio del cese definitivo de la actividad armada, en 2011, no se registró ningún acto de violencia y de que la banda solicitó durante más dos años la implicación gubernamental en el proceso.

Un abandono de la lucha armada que se dio, en parte, por las presiones al interior de la izquierda independentista vasca (“abertzale”) que, tras un largo proceso de debate y reflexión, decidió finalmente rechazar de forma categórica el uso de la violencia en sus reivindicaciones políticas.

Más de 40 años de conflicto

El grupo armado nació a finales de los años 50, durante la dictadura franquista, y sus primeras acciones fueron sin víctimas mortales, colocando explosivos en edificios oficiales, redacciones de periódicos y comisarías de policía.

Durante los primeros años, la organización armada operó como parte de una resistencia contra el régimen franquista, sin embargo, su imagen pública cambió con el aumento de víctimas mortales, que tuvo lugar en los inicios de la transición democrática.

Entre sus acciones más recordadas están la muerte del presidente franquista, Luis Carrero Blanco, por el estallido de unos explosivos en su auto; o el atentado al centro comercial Hipercor de Barcelona, en 1987, que dejó 21 muertos y tras el que ETA se disculpó por el “error”. La década de los 80 fue las más dura, con casi 100 víctimas mortales.

En los 90 y principios de 2000, el asesinato de históricas figuras de la política española vinculadas al Partido Socialista dispararon el rechazo social por parte del conjunto de la sociedad.

Fue en 2004 cuando llegó un cambio de gobierno que instaló el escenario para el diálogo con la banda armada. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Palacio de la Moncloa luego de que el Partido Popular provocara la indignación ciudadana por responsabilizar a ETA de los atentados de Madrid, que dejaron 192 muertos. Horas más tarde, el ataque fue reivindicado por Al-Qaeda por la participación de España en la guerra de Iraq. Una jugada sucia que le costó el gobierno al entonces candidato de derecha José María Aznar.

Zapatero se abrió a negociar con ETA luego de que la banda llevara entonces tres años sin provocar víctimas mortales y su cúpula hubiera recibido varios golpes de las fuerzas de seguridad. Eso se concretó en la declaración de un alto al fuego permanente en 2006 que rompió al poco tiempo perpetrando un atentado en el aeropuerto de Madrid que mató a dos ciudadanos ecuatorianos. Fue el fin del diálogo con el grupo armado.

El ataque marcó el punto de inflexión y el origen del distanciamiento de la banda armada con la izquierda “abertzale”, presionada desde instancias policiales, judiciales y sociales. En 2010, las bases independentistas aprobaron por un 80 por ciento el rechazo a la violencia, e iniciaron un proceso propio para convencer a ETA del abandono de la violencia. El anunció llegó en 2011 con el anuncio del “cese definitivo de su actividad armada” y se consuma este sábado con el desarme protagonizado por la sociedad civil.

Los encargados de la misión entregaran las coordenadas geoestratégicas de los barretines a las autoridades francesas, a quienes han solicitado la total impunidad para aquellos que participen en los actos del desarme.

[caption id="attachment_134829" align="aligncenter" width="600"] / Infografía: Michel Contreras[/caption]

Interrogantes pendientes

“El proceso no está acabado”, sentenció ETA en la misiva enviada a la BBC. Y es que más allá de que el gesto de este sábado es un hito y una condición necesaria para avanzar en la construcción de la paz, todavía quedan varios interrogantes por descifrar sobre la resolución del conflicto. Uno de los más trascendentes, el futuro de los presos políticos.

Hoy existen más de 500 personas privadas de libertad repartidas en las cárceles españolas y francesas. El acercamiento de los presos ha sido un reclamo permanente tanto de ETA como de la izquierda independentista vasca, pero siempre ha sido ignorado tanto por los conservadores del Partido Popular como por la centro-izquierda del Partido Socialista.

[caption id="attachment_134834" align="alignnone" width="800"] / Etxerat[/caption]

Ahora, con el abandono de las armas, esta petición cobrará mucha más dimensión y los reclamos para que los presos políticos sean trasladados a cárceles cercanas a sus pueblos o ciudades de origen se multiplicaran. Sin embargo, nada hace pensar que las autoridades españolas cambien su actuar habitual y sean capaces de responder a la demanda, en vez de ocuparla constantemente como condición, nunca cumplida, para disolver a la banda.

El cambio en la política penitenciaria fue planteado, inicialmente, a cambio del cese definitivo de la violencia. Cuando ese llegó, el ejecutivo exigió el desarme. Ahora la banda entrega sus arsenales y las autoridades piden la disolución definitiva y que se revele la autoría de los atentados.

Otro interrogante se abre con los más de 300 crímenes que quedaron por resolver. Para las asociaciones de víctimas, la entrega de armas puede proporcionar nuevas pruebas incriminatorias. Precisamente, con esta idea trabaja la Fiscalía española, que esta semana señaló que analizará si el arsenal de ETA puede contener evidencias que ayuden a esclarecer algunos de los atentados cometidos por la banda.

Las otras víctimas

No sólo los actos perpetrados por ETA quedan en sin respuesta. La tortura, el abuso represivo policial y judicial, y las detenciones arbitrarias han sido unas de las denuncias más levantadas desde la izquierda independentista vasca a lo largo del conflicto.

Según un informe sobre la incidencia de la tortura en el País Vasco entre 1960 y 2013 elaborado por el Instituto Vasco de Criminología (IVC), más de 4.000 personas han sufrido estas prácticas en la región, aunque la cifra puede ascender a 4.810 considerando que algunas de ellas han dado cuenta de más de un episodio.

La trayectoria de muchos de los y las jóvenes hoy encarcelados tiene causas profundamente vinculadas a la tortura y represión política de abuelos, padres y hermanos, muchas veces practicadas por el mismo Estado. El ejemplo paradigmático fue el del caso de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), creados por el propio gobierno para atentar contra ETA y que practicaron durante cuatro años (1983-1987) el terrorismo de Estado. Los GAL dejaron 28 personas muertas y múltiples violaciones de derechos humanos. Las víctimas fueron supuestos militantes de ETA, dirigentes de la izquierda “abertzale” y otras personas ajenas al conflicto. El escándalo se destapó por la prensa y fueron condenados varios altos cargos, entre ellos el ministro de Interior de la época, quien fue indultado al poco tiempo.

Como en todo conflicto, hay víctimas en ambos lados. La verdad, justicia y reparación, tarde o temprano, tendrán que darse bidireccionalmente para llegar al reconocimiento de todos los actos de violación de derechos realizados por los agentes implicados.

El proceso de pacificación pasará necesariamente por buscar fórmulas que comprometan a ambas partes a dar pasos en la misma dirección. La entrega de armas es un avance imprescindible pero, por parte de ETA, será necesario también avanzar hacia su disolución. Por su parte, el gobierno español demostrará su voluntad de aprovechar esa oportunidad histórica si, por ejemplo, aplica cambios en las políticas penitenciarias para el acercamiento de los presos o declara los indultos de quienes no fueron condenados por crímenes de sangre. Por ahora, no hay señales de nada de eso. La puerta se mantiene cerrada.