Para los comentaristas de derecha de Emol es “la señora de los derechos humanos”. Lorena Fries encabezó el primer directorio del Instituto de Derechos Humanos (INDH) entre el 2010 y el 2016. Ese año fue nombrada en una repartición estatal nueva: la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia.

En ese momento la UDI criticó la designación, señalando que era una activista política. "Es una persona que tiene visión totalmente parcial y una obsesión en contra de Carabineros”, declaró el diputado Gustavo Hasbún. 

La gestión de la abogada y feminista no ha estado libre de polémicas. Además de la crítica permanente de la derecha, se han abierto también flancos por la izquierda. En octubre pasado debió salir a aclarar que no estaba a favor de indultos para criminales de lesa humanidad, luego de una entrevista en la que afirmó que en algún momento habría que debatir respecto de los enfermos terminales, todo en el contexto de una ofensiva de los militares retirados y familiares de presos de Punta Peuco por su libertad.

“Lo fundamental es que el gobierno de la presidenta Bachelet sí tiene un compromiso con la verdad, la justicia y la reparación”, reafirma Lorena Fries. Desde su oficina en Morandé con vista a La Moneda, explica en entrevista con El Desconcierto que “el traspaso del programa de DD.HH. a la Subsecretaría es una señal importantísima en ese sentido porque ahora es una función permanente del estado avanzar en estos temas, verdad y memoria”.

El viernes las agrupaciones de familiares de ejecutados y desaparecidos, casas de memoria y sobrevivientes entregaron una carta pidiendo audiencia a la Presidenta Bachelet. Según ellos, hay un retroceso evidente cuando un candidato como José Antonio Kast habla de los “supuestos desaparecidos” o cuando el debate avanza desde pedir beneficios carcelarios a derechamente indultos.
Lo que los dirigentes de las agrupaciones señalan es un juicio válido sobre lo que ocurre, pero como gobierno estamos convencidos de cuál es el camino a seguir. Cuando hace unas semanas la senadora Jacqueline Van Rysselberghe fue a Punta Peuco, la respuesta de la ministra Narváez fue que eso da cuenta quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Creo que está claro.

¿Se han comunicado desde el gobierno con los senadores oficialistas que apoyaron los proyectos de acuerdo a favor de beneficios carcelarios para violadores de derechos humanos? Estos son los DC Manuel Antonio Matta, Jorge Pizarro y Andrés Zaldívar, el PPD Eugenio Tuma y el precandidato Alejandro Guillier.
No hemos tenido intervención en eso.

Las organizaciones de familiares y sobrevivientes critican que ya es el último año de gobierno y las medidas prometidas no han avanzado en el Congreso.
Lo importante es tener voluntad de avanzar y que no hayan retrocesos. La agenda legislativa en materia de derechos humanos tiene varios componentes, como la ley que sanciona la incitación al odio; la posibilidad de que los tribunales conozcan los antecedentes de la comisión Valech, y, por supuesto, introducir la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, no sólo mediante la interpretación del código penal sino que con una reforma constitucional. Son cuestiones del programa de la presidenta y queremos dejarlas concretadas, además de la meta de la Subsecretaría que es el Plan Nacional de Derechos Humanos.

"Miro la realidad a partir del feminismo"

[caption id="attachment_134004" align="alignnone" width="799"] Foto: Subsecretaría DDHH[/caption]

Para Lorena Fries, este gobierno ha avanzado en temas importantes. “Pienso en la consagración de la participación de las mujeres en política, algo que le costará a los partidos pero que deberán cumplir; o los proyectos de despenalización del aborto e identidad de género”.

A pesar de que estas dos iniciativas legales aún enfrentan una difícil tramitación por delante la subsecretaría de Derechos Humanos es optimista y destaca que “la agenda de igualdad y no discriminación es fundamental, no para una minoría, sino que para la mitad de la población”.

Cuando se habla de ti no se comenta mucho un aspecto biográfico relevante, como tu participación en el movimiento feminista contra la dictadura de Pinochet. ¿Feminismo y derechos humanos son temas que irritan mucho a cierto sector conservador como para juntarlos?
Es parte de mi identidad. No miro la realidad si no es a partir del feminismo porque está integrado a mi vida. No es algo irritante sólo para la derecha, también hay feministas que creen que el marco de los derechos humanos puede quedar corto. Yo veo las cosas desde la perspectiva de quienes pensamos que había que ampliar las fronteras de los derechos humanos para que incluyeran los derechos de las mujeres. Esa fue la gran consigna de la conferencia mundial de 1993: decir algo tan obvio como los derechos de las mujeres son derechos humanos. Yo soy hija de esa trayectoria y creo que nos permite avanzar en la superación de todas las formas de subordinación que viven las mujeres. ¿Es la panacea? Por supuesto que no. ¿Se requieren sectores críticos al camino institucional? Por supuesto que sí.

¿Cómo ves la trayectoria de los derechos de las mujeres en Chile hoy?
Si hay algo que me alegra es que hay mucho colectivo feminista radical. Yo me considero una feminista radical también, pero hoy hay muchas organizaciones que tienen un rol determinante: cuestionar los procesos de institucionalización del feminismo. El derecho debe ser siempre mirado con sospecha desde el feminismo. Yo lo miro así, sin certezas. Eso permite una buena dosis de cuestionamiento a aquello que está dado, como es el derecho, que no sólo recoge el orden de género sino que muchas veces lo reproduce. Como buenas feministas, siempre hay que estar atentas.

Eso se ha expresado en los últimos días, en el juicio contra el acusado del femicidio frustrado de Nabila Rifo.
La transversalización de las perspectivas tanto de género como de derechos humanos toma tiempo. Es una transformación cultural y eso requiere que hayan herramientas de análisis comunes para ver la brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Hay un antecedente importante que puede operar como horizonte. Cuando se negoció el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional esto fue un gran tema. Lo que demuestra la historia de conflictos internos que pasan a tribunales internacionales, como el caso de la ex Yugoslavia, es que las mujeres que vivieron torturas y violencia sexual como forma de tortura pasaron a ser desacreditadas por su vida sexual previa, al punto de que se les preguntaba incluso cuándo empezaron a tomar pastillas anticonceptivas. En materias de procedimiento el Estatuto de Roma derechamente prohíbe ese tipo de preguntas cuando se trata de violencia sexual para evitar que las mujeres terminen siendo “víctimas activas”, causantes de alguna forma del delito que se comete contra ellas.

¿Qué opina de la espectacularización que ha tenido este juicio? Una funcionaria del servicio de atención a víctimas preguntaba en Twitter qué mujer querría llegar a audiencias luego de esto.
Tengo una opinión muy personal. Entiendo que las audiencias televisadas tiene que ver con estándares nuevos de transparencia. Siendo siempre partidaria de los derechos de las mujeres me preocupa que se afecte el principio de inocencia del acusado. Por otro lado me preocupa que estos procesos tiendan a la revictimización cuando la exposición es amplificada por los medios. No todas las mujeres tienen la misma capacidad de resistencia y resiliencia. Es algo a debatir.

Tirones de oreja al Estado chileno

[caption id="attachment_134003" align="alignnone" width="799"] Foto: Subsecretaría de DDHH[/caption]

El jueves pasado el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas llamó la atención a Chile respecto al "uso excesivo de la fuerza y otros abusos contra miembros de grupos indígenas”. El director del INDH, Branislav Marelic, criticó que "no hemos observado avances hacia prácticas que eviten riesgos para la integridad personal, y que permitan avanzar en un diálogo pacífico con las comunidades indígenas”.

Al respecto, Lorena Fries señala que "como gobierno estamos preocupados por esto. Al mismo tiempo debo decir que también nos hemos hecho cargo: La presidenta creó una Comisión que presidió el arzobispo de Temuco y en la que participó el ministro del Interior. Esta emitió un informe y el gobierno planteará medidas. Ya se ha dicho incluso que incluya un fondo para las víctimas".

Pero buena parte de las situaciones de las que alerta el alto comisionado tiene que ver con violencia policial, cuyo mando está subordinado. ¿Qué se está haciendo al respecto?
Hace ya un par de meses que, frente a eventuales situaciones de violencia policial, el ministerio del Interior ha instruido sumarios a través de la dirección general de Carabineros. Hay personas investigadas y otras que han sido sancionadas cuando se acredita violencia policial. Se están tomando medidas.

En el caso del fondo para víctimas, ¿quién y cómo definirá la categoría de víctimas? La Multigremial de La Araucanía, por ejemplo, tiene una noción bien definida en parceleros y propietarios.
Es un tema que deben definir al frente (apunta a La Moneda), en el ministerio del Interior.

Hay visiones enfrentadas, por ejemplo, sobre el caso Luchsinger Mackay. El hijo del matrimonio acusa demora en el juicio los imputados también, y el viernes se supo que había una prueba “perdida”.
Lo primero es responder a quienes dicen que hoy no hay estado de derecho en la región de La Araucanía. Eso es falso. Todas las instituciones están operando y con rigor. Lo segundo es que el Estado chileno tiene un interés mayor en que estos hechos se esclarezcan. Todo lo que salga a propósito del juicio tendrán que responderlo los tribunales, que son organismos independientes del gobierno.

En este caso se ha acusado constantemente al Ministerio Público de racismo y discriminación. Dos de los fiscales, Alberto Chifelle y Cristián Paredes, tienen sentencias en su contra al respecto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hay alguna evaluación al respecto?
No, y no me correspondería. Efectivamente estamos en un juicio donde es importante llegar a la verdad. Me importa que este tipo de hechos no queden en la impunidad, sean en La Araucanía o en otros lados del país. Estamos comprometidos con que el juicio avance y sea de acuerdo a las normas. Si hay quejas están todos los canales y mecanismos para que hagan valer sus reclamos sobre situaciones que les parezcan irregulares.

Tortura y retroexcavadoras

[caption id="attachment_134010" align="alignnone" width="799"] FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO[/caption]

Esta semana se reúne la Iniciativa Global contra la Tortura en Chile, que busca la ratificación universal de la convención de Naciones Unidas al respecto. Tan sólo en noviembre pasado la presidenta Bachelet promulgó la ley que tipifica los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, estableciendo penas de hasta diez años de prisión. La figura incluye la tortura psicológica y la violencia sexual.

“Estamos muy contentos”, explica Lorena Fries, señalando que “fue como un estreno del actuar de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y, además, así se cumplió un compromiso de gobierno. Hoy tenemos un marco para procesar estos casos y lo más importante: Cualquiera puede denunciarlo ante un tribunal. No toda la gente sabe que en esa ley se traspasa la competencia de estos delitos desde la justicia militar a la civil.

Otro trabajo que destacan es el que se ha iniciado con Gendarmería a propósito de la polémica por el caso de Lorenza Cayuhan, quien debió parir engrillada. “Estamos trabajando el reglamento de Gendarmería. Lo están revisando en otras instancias antes de enviarse a Contraloría y entre que se apruebe e inicie su implementación hay un tiempo para formar a los gendarmes en enfoques de derechos humanos y género”, anuncia la subsecretaria.

Según explican, la Subsecretaría de Derechos Humanos tienen un problema metodológico, ya que eventualmente, cada acción del Estado y el gobierno podría ser cuestionada desde la óptica de los derechos humanos. “Si hay una expropiación por carreteras que no se ejecuta bien hay un tema de derechos. Pero no podemos abarcar todo”, argumenta Fries.

¿Cuál sería un resultado satisfactorio para la Subsecretaría en este último año de gobierno?
Entregarle a la presidenta el Plan Nacional de Derechos Humanos. Esto contempla la incorporación de la verdad, justicia y reparación y quedará como un instrumento intersectorial que tiene como misión específica proyectar el trabajo en cada región e institución. Entiendo que las organizaciones de familiares y víctimas cumplan el rol de representar aquellas cuestiones en las que consideran que no hay avance, así como Naciones Unidas. Esta Subsecretaría también tiene como función recoger esos elementos y echarlos a andar en vista de las posibilidades, porque en derechos humanos no se avanza de un día para otro. El Plan tendrá objetivos, metas y acciones, y entre ellas hay responsabilidades de seguimiento y presupuesto.

Necesariamente la implementación de este plan sería a partir del 2018, bajo un próximo gobierno. El ex presidente Piñera ya anunció que acabaría con la gratuidad. ¿Creen que Chile Vamos continuaría el Plan Nacional de DD.HH.?

Lo más importante es que el Plan se integra dentro de la gestión institucional a través de un comité interministerial creado por ley, por lo que tendrá que seguir funcionando durante el próximo gobierno.

Aún así se puede mantener funcionando sin que genere influencia ni resultados.
Una esperaría que se mantenga así porque los derechos humanos son un principio intransable para cualquier gobierno democrático. Estamos en función de proyectar los avances de los últimos años pero también haciéndonos cargo de los problemas que han tenido. Para eso están organismos de seguimiento y monitoreo para los próximos cuatro años. Queremos dejarlo bien instalado para que pueda seguir de acuerdo a estándares internacionales. Chile ha presentado una candidatura al Consejo de DD.HH. de la ONU y esperamos que haya conciencia de que seremos observados.

¿Tiene la derecha, incluido Chile Vamos, un compromiso claro con los derechos humanos? Espero que la derecha demuestre un compromiso. Creo que nuestro gobierno debiera proyectarse, pero si Sebastián Piñera gana, hay obligaciones que deben seguir su curso.