En el marco de las reformas neoliberales impuestas por la dictadura militar, un capítulo de gran relevancia -en especial para nuestra política ambiental- es la dictación del Código de Aguas de 1981.

Esta norma, sustituye al código de 1951 y de 1969, que hasta la fecha garantizaban que las aguas del territorio de la república fueran bienes nacionales de uso público y que en su administración cabía un lugar fundamental al Estado, que debía asignar este recurso esencial para la vida y el funcionamiento de la sociedad entendiendo que las aguas eran bienes nacionales de uso público. Respecto de ellas, los particulares podían constituir derechos de aprovechamiento, esencialmente revocables por la autoridad y que además debían ser concordantes con un proyecto agrícola y sanitario que se pretendía desarrollar de forma que, si este proyecto no se ejecutaba, simplemente el derecho de aprovechamiento era revocado.

Pues bien, tal como ya se ha discutido ampliamente, el Código de 1981 reconoce en lo formal que las aguas son bienes nacionales de uso público. Sin embargo, establece que sobre ellas los particulares podrán constituir derechos de aprovechamiento, de carácter permanente y respecto de los cuales su titular goza de un derecho de propiedad, especialmente reconocido por el inciso final del artículo 19 N° 24 de la Constitución.

El referido modelo se tradujo en que, durante los años '80 y '90, se constituyeran derechos de aprovechamiento sobre alrededor de 80% de las aguas de país, creándose un mercado absolutamente especulativo, que es el responsable de una asignación desigual que, junto al proceso de aridización que vive el país, se ha transformado en el gran obstáculo para implementar una distribución justa y sustentable.

Este problema es crítico y va en aumento. De hecho, el año 2013 el Informe de DD.HH. de la Universidad Diego Portales consideró que la escasez de agua en la provincia de Petorca en Chile ya era un problema de derechos humanos. Esta realidad está presente en todo el país y constituye una verdadera bomba de tiempo social.

Actualmente se tramita en el congreso un proyecto de reforma al Código de Aguas que plantea limitar el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de un plazo indefinido a 30 años. Además establece un orden de prelación entre posibles usos del agua, priorizando el consumo humano. El gran problema que presentan estas reformas es que solo será aplicable al 25% de las aguas que no han sido asignadas, por lo que sus impactos serán más bien marginales.

Un pilar fundamental del programa del Frente Amplio debe estar constituido por una política nacional de aguas, que procure su recuperación para la sociedad mediante un conjunto de reformas normativas e institucionales que partan desde la Constitución, reconociendo el derecho al agua y saneamiento como fundamental.

Además debe establecer que las aguas son bienes inapropiables, dando forma a un sistema especial de expropiación, no sólo respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas, sino que también sobre otros recursos naturales donde la obligación de indemnizar recaiga sobre las inversiones realizadas por el expropiado y no sobre las reservas del respectivo recurso. Claro está que este régimen diferenciado sólo será aplicable a los recursos naturales como los mineros, las aguas y los pesqueros.