Según publicó el medio Ciper el día de ayer, la enérgica reacción del general Villalobos ante el multimillonario desfalco en Carabineros tiene como contraparte una serie de omisiones a sucesivas alertas de lo que ocurría al interior de la institución. Esto, ya que al menos desde 2012 distintos reportajes de Ciper y decenas de informes de la Contraloría General de la República emitidos desde el 2010 en adelante daban luces al respecto.

Cuando estalló a nivel público el escándalo, la semana pasada, la Contraloría emitió rápidamente una minuta en la que señalaba que “En tales fiscalizaciones (la Contraloría) ha detectado irregularidades en materia de remuneraciones, pagos al personal, adquisiciones de radiopatrullas, mantención y repuestos de vehículos, reposición de retenes o cuarteles, compras de equipos computacionales, pago de remuneraciones a profesores en academias policiales, préstamos habitacionales, aspectos contables, uso de vehículos, uso y mantención de aeronaves policiales y procesos de compras de insumos, entre otros”.

Así fue como el organismo fiscalizador dejó en evidencia que las áreas de riesgo financiero en Carabineros estaban detectadas, dándole un duro golpe a la imagen pública del general Villalobos, que entregó los antecedentes a la justicia en signo de probidad. Además, según revela Ciper, todos los informes de Contraloría se despacharon con copia al Ministerio del Interior, que por cadena de mando tiene capacidad de intervenir en Carabineros, cuestión que tampoco ocurrió.