La Cámara de Diputados aprobó este martes crear una comisión investigadora para aclarar si hubo aportes de la constructora brasileña OAS tanto a la campaña de la presidenta Michelle Bachelet como a la de Marco Enríquez-Ominami, en una votación que contó con el respaldo de algunos diputados de la Democracia Cristiana.

La instancia, ratificada con 64 votos a favor, 9 en contra y 15 abstenciones, se centrará en determinar si existió financiamiento desde el exterior a las actividades del comando de la mandataria, lo que está prohibido por ley.

Bachelet, debido a su calidad de presidenta, no podrá ser citada a declarar durante los 180 días que durará la investigación. No obstante, es probable que los parlamentarios le envíen un cuestionario, como hizo la comisión que investigó los negocios de su hijo y su nuera en el llamado "Caso Caval" sobre la compra de un terreno en la comuna de Machalí.

El supuesto vínculo entre OAS y el equipo de Bachelet surgió en enero, cuando la revista brasileña Veija publicó los testimonios de dos publicistas ligados al Partido de los Trabajadores de ese país, quienes revelaron la actuación de OAS en la campaña electoral chilena de 2013.

La versión, eso sí, fue negada explícitamente por La Moneda.

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La confesión de Trombeta

En medio de este contexto los poderes judiciales de Brasil y Perú investigan desde hace meses a la constructora chilena Andreu, sindicada como parte de la extensa red de evasión de impuestos, sobornos y cohechos ejecutados por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht, operaciones que ya arrastraron a los tribunales a presidentes, senadores y ministros de una decena de países latinoamericanos.

La pista chilena, país donde OAS ganó licitaciones por 805 millones de dólares desde 2006, fue develada por Roberto Trombeta, acusado de ser uno de los responsables de operar el lavado dinero de los contratos de la constructora fuera de Brasil. Trombeta, consultor de OAS y amigo del presidente de la compañía, el ingeniero Léo Pinheiro, fue contratado por la constructora brasileña a través de su empresa Hedge Consultoria.

Para llevar adelante sus operaciones de blanqueo de capitales, Trombeta trabajó junto a los uruguayos Fernando Belhote y Marcelo Chakiyan, ambos de la empresa BGL Asesores Legales e Fiscales.

En algo inédito en la historia judicial latinoamericana, la Fiscalía brasileña invitó a sus homólogos de la región a una reunión de coordinación en febrero, a la que asistieron por Chile el fiscal nacional Jorge Abbott y la prosecutora Ximena Chong, a cargo de las pesquisas sobre la actuación de OAS en Chile.

Tras el encuentro, Abbott acordó con su par brasileño, Rodrigo Janot, facilitar la presencia de fiscales y policías en sus diligencias.

“(La Procuraduría brasileña) facilitará la presencia de fiscales y policías chilenos en las declaraciones u otras diligencias ya solicitadas o que se pidan en el futuro; en tanto que la Fiscalía de Chile comprometió, por su parte, la pronta entrega de cualquier antecedente que pueda ser útil para investigación que lleva Brasil como cualquier otro país de Latinoamérica”, informó.

La conexión chilena

Luego, Trombeta aseguró en su testimonio que OAS Perú estableció un contrato por servicios ficticios con una empresa en Chile, la constructora Andreu. El valor entregado a Andreu según el contrato fue de 6,15 millones de dólares, de los cuales 5,99 millones fueron luego redirigidos a una empresa española llamada DSC Workshop.

En un tercer paso, esos dineros se repartieron entre sociedades holandesas, antes de llegar finalmente a la cuenta de Kingsfield en el banco BPA, con sede en el paraíso fiscal de Andorra. El valor final que llegó a esta cuenta fue de 5,76 millones de dólares. La serie de transferencias ocurrió entre 8 de noviembre de 2012 y 12 de febrero de 2013.

El otro escape de dinero que contó con la ayuda de Trombeta ocurrió en la misma época, pero un poco antes, y tuvo relación con OAS Ecuador, cuando ésta contrató a la empresa española DSC Workshop, a la cual entregó un monto de 9,15 millones de dólares.

En este caso se saltó el eslabón chileno. Los dineros fueron de España a las sociedades holandesas y de allá a la cuenta de Kingsfield en el BPA, al cual llegaron 8,62 millones. Las transferencias ocurrieron entre 13 de septiembre y 30 de octubre de 2012.

Al final de las dos operaciones, la cuenta de Kingston en el banco BPA recibió un total de 14,62 millones de dólares, de los cuales cerca de 8 millones fueron depositados en Suiza, en una cuenta indicada por el prestamista Alberto Youssef, el operador estrella de las constructoras brasileñas.