Hace algunos días, conversaba con una estudiante de postgrado del  ámbito de la administración, a quien le comentaba la nula participación en el presupuesto del país que tenía la minería privada del cobre que explota alrededor del 70 % del mineral  en nuestro territorio,  y sin embargo de acuerdo a un estudio publicado por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile entre los años 2005 y 2014 se llevaron una renta “regalada” de 120 mil millones de dólares;  su réplica fue comentarme que el profesor de economía de la Universidad del posgrado, refiriéndose a problemas similares del cobre, había comentado que era lamentable la situación del sector, tanto del punto de vista económico como medio ambiental, pero que era un hecho  irreversible además de lamentable,  porque el Estado de Chile tenía compromisos firmados que implicaban indemnizaciones impagables a las empresas mineras transnacionales.

Mi reflexión de ese momento, fue la de lamentar como la naturalización del modelo de acumulación descomunal que se practica en nuestro territorio, afectaba incluso al mundo académico, dado que me resulta difícil imaginar  que los docentes hayan llegado al nivel de la burocracia gobernante, que  hace la vista gorda y engorda protegiendo el capital por sobre los intereses de los chilenos.

El agua

Hoy, a propósito del aluvión que mantiene a cientos de miles de chilenos sin agua potable, recordé el tema de la naturalización del académico,  al escuchar una reflexión de un analista político de corte oficialista, que comentaba en la radio con una ira simulada,  la actitud de la empresa Aguas Andinas y demandaba que fueran más eficaces los reguladores, porque respecto a la propiedad de las empresas no era posible hacer nada, agregaba, por la existencia de leyes y contratos, cuando el entrevistador le mencionaba el caso de la empresa sanitaria de Maipú que es de propiedad municipal y que no había  dejado de producir agua potable durante estos días.

Es bueno recordar que fue en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, mediante la ley N° 19.549, aprobada  con la complicidad de diputados como Guido Girardi (PPD), Isabel Allende (PS), Ignacio Walker (DC),  Carlos Montes (PS), privatizaron las empresas sanitarias, por supuesto con más congresistas que no menciono en esta ocasión como los que los concertacionistas  llaman “la derecha”, por razones obvias y además porque respecto de  este grupo, es posible sospechar que contribuían a su carrera,  que hoy los ha transformado en senadores. Desde el gobierno se presentaba el proyecto, diciendo cosas como las ventajas que significaba la llegada de capitales a ese sector, para “modernizar” la producción del agua potable y se afirmaba que se tratarían las aguas servidas sin costo para los usuarios, etc, embustes que sus analistas en comunicación recomendaban, porque caerían en una población mayoritariamente concentrada en resolver su vida cotidiana y no en preocuparse por pequeños montos en la cuenta del agua.

El Estado

Cuestiones como las mencionadas se han multiplicado por centenas de casos, durante estos años bajo el paragua de la constitución política vigente, en que los chilenos que viven de su trabajo, hemos  experimentado  la acción del capital, no solamente como método, vía o técnica de explotación,  sino que como  un dispositivo que configura y conduce la vida de los miembros de la sociedad, constituyendo un orden jurídico-político en manos de la clase dominante dueña del capital. Vaciando al Estado de sus obligaciones sociales, limitando su presupuesto a la mínima expresión, vaciándolo de ideología destinada al bien común y colocándolo al servicio de los negocios del capital en el territorio. En definitiva un Estado vaciado de poder, solo administrando el monopolio de la fuerza, que es aplicada de acuerdo a varias observaciones internacionales en forma excesiva sobre los más débiles. Ausencia de poder que se manifiesta cuando por ejemplo frente a acontecimientos como el aluvión el legislativo no se pronuncia y sigue dedicado a trivialidades como la práctica de los simulacros de las elecciones que se avecinan. Y un poder judicial con clara inclinación de clase, cuando comparamos que en el incendio de la cárcel de San Miguel se encontraban reos por ser vendedores piratas y en cambio a los pocos procesados del sector dominante se aceleran gestiones  llegado el verano,    para que en caso de las detenciones domiciliaria se cambie   el domicilio a la residencia de veraneo.

Cerrando estas líneas, quisiera en concreto comentar que esta situación se puede graficar refiriéndose al hecho de que las utilidades operacionales de Aguas Andinas el año 2015, fueron más de trece veces mayor al presupuesto anual de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. No puedo cerrar, sin dirigirme a quienes participan en este simulacro de gobernar para que tengan paciencia, porque  en cualquier momento podrán acceder a directorios de empresas como las del agua en Chile, como ha sido la tónica del último cuarto de siglo. Situaciones que sólo podrán terminar con acciones de pobladores y trabajadores organizados que devuelvan la soberanía a quien corresponde.

*A la memoria de mi hijo Felipe