En Ecuador, el país que da nombre a la división geográfica y política entre el norte y el sur de la tierra, viven 16 millones y medio de personas. Las grandes ciudades se ubican en la costa del Pacífico y en la sierra andina, que, junto con el oriente amazónico, conforman las tres principales zonas de asentamientos humanos. Con una economía dolarizada desde el año 2000, la matriz productiva dominante acá ha sido históricamente el petróleo, cuyas principales reservas se ubican en la Amazonía.

Durante esta década de gobierno del presidente Rafael Correa (2007-2017), los movimientos indígenas, agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones, han sido agentes muy relevantes en el campo político. El apoyo inicial de Pachakutik -el partido político de la CONAIE- a la Revolución Ciudadana e incluso la participación de dirigentes indígenas en puestos de gobierno, se ha desgastado producto del viraje a la derecha del correísmo en diversos ámbitos políticos. Particularmente, el gobierno de Correa ha promovido el cambio de la matriz económica, incentivando las inversiones mineras.

El miércoles 14 de diciembre del año pasado, la Policía Nacional y el Ejército acudieron a desalojar el campamento San Carlos Panantza en la provincia oriental de Morona Santiago, a 350 kilómetros de Quito, que comunidades indígenas shuar habían ocupado. La empresa Explorcobres S.A. (EXSA), filial del holding chino Tongling Nonferrous Metals Group, es propietaria de 41.760 hectáreas reclamadas como territorios ancestrales por las comunidades shuar. Los indígenas resistieron al desalojo y dieron muerte a un efectivo del Grupo de Intervención de la Policía Nacional, tras lo cual el gobierno decretó el estado de excepción constitucional.

Ya en 2009 y 2013 dos indígenas shuar habían sido asesinados por fuerzas del Estado ecuatoriano, en resistencia a actividades mineras. La movilización de las Fuerzas Armadas en los territorios disputados de Morona Santiago y la cancelación de las libertades de tránsito, asociación, reunión, información e inviolabilidad de domicilio, se extendió entre el 15 de diciembre de 2016 y el 14 de febrero de 2017, a cinco días de las elecciones nacionales.

Las fuerzas policiales y militares, sin embargo, continúan desplegadas. César Navas, ministro de Seguridad, anunció: “No vamos a desmovilizar a los miembros de Fuerzas Armadas ni Policía Nacional que se encuentran allá, pero no estaremos en Estado de Excepción”.

He aquí el neoliberalismo

Rafael Correa, economista guayaquileño de 54 años, emergió como la figura que vino a poner orden a un período de crisis que se extendió, por lo menos, entre la destitución de Abdalá “El Loco” Bucaram en 1997 y las elecciones de 2006 que llevaron al mashi Correa (“compañero” en kíchwa) a la presidencia. El neoliberalismo se pavimentó en el Ecuador durante los años '90, aplicando los preceptos del Fondo Monetario Internacional de desmantelar los servicios sociales y la inversión pública. El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos tenía una base en la ciudad costera de Manta y el país giraba, de manera preponderante, en la órbita norteamericana post guerra fría.

Además, la guerra con el Perú de 1995 operó como bálsamo para la implantación de las políticas neoliberales, pues, como explica Wladimir Vásconez, maestro en estudios culturales de la Universidad Andina Simón Bolívar, “alrededor de la Guerra del Cenepa, toda la gente se junta en defensa del territorio nacional, porque aquí tanto la izquierda como la derecha siempre han defendido la idea de desarrollo y de unidad nacional”. Esta unidad llega a tal extremo, que los varones jóvenes de las comunidades shuar, habitantes de la disputada cordillera del Cóndor, combatieron como unidades de élite del Ejército ecuatoriano.

El neoliberalismo da sus frutos y una profunda crisis económica desemboca en la sucesión de ocho presidentes entre Bucaram y Correa, en la década previa a la “Revolución Ciudadana”. Adrián López, profesor de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, explica que a fines de los '90, los bancos comienzan a prestar enormes cantidades de dinero a sus accionistas, lo que se conoce como créditos vinculados. “Eso lleva a una crisis de solvencia muy profunda que hace simplemente un corralito de tipo argentino, es más, tienes ahí circulando a asesores de Menem. Y cuando empieza a faltar circulante, el Banco Central libera papel moneda, entonces tienes una crisis inflacionaria tremenda, donde el dólar pasa a costar 25 mil sucres. Se imprimen los papeles de mayor denominación que vio el país, de 50 mil sucres, pero la capacidad adquisitiva se iba mermando día a día. Entonces la gente empieza a comprar dólares, que empiezan a circular acá casi en un régimen de convertibilidad”. De ese modo, la dolarización que se instaura en 2000 controla la inflación pero inhabilita al país de desarrollar una política monetaria. Desaparece el sucre y el Banco Central pierde la capacidad de apreciar o depreciar su moneda nacional.

Primer y segundo Correa: 10 años de Revolución Ciudadana

Tras dos golpes de Estado y en medio de esta situación de crisis, Correa gana las elecciones de 2006 sin presentar candidatos al parlamento. Con el poder legislativo completamente deslegitimado, una Asamblea Constituyente asume esa función y redacta la Constitución de 2008, vigente hasta hoy, que entre otras cosas reconoce las nacionalidades indígenas, declara el buen vivir como forma de convivencia ciudadana, prohíbe la instalación de bases militares extranjeras y hace de la naturaleza un sujeto de derechos.

Así comienza la Revolución Ciudadana, recogiendo muchas demandas que los movimientos sociales habían levantado durante los '90 y que significaron un coto al neoliberalismo. El Ecuador entra en la órbita bolivariana, expulsando a los norteamericanos de Manta, nacionalizando industrias y promoviendo derechos sociales perdidos en la década anterior.

Sin embargo, hay un punto de inflexión en estas políticas reformistas, que antagoniza al gobierno con gran parte de los movimientos indígenas y ambientalistas. Se trata de la iniciativa Yasuní-ITT (Ishpingo, Tiputini y Tambococha), que en primera instancia supuso la protección gubernamental de esos territorios amazónicos con grandes reservas petroleras, y que en 2013 Correa canceló para abrir paso a las exploraciones de crudo. Es destacable que en el Parque Nacional Yasuní habitan poblaciones indígenas no contactadas, cuyo aislamiento supone la preservación de sus formas de vida.

Así se ve que la curva a la derecha de la Revolución Ciudadana sería determinada por el extractivismo. El Plan Nacional del Buen Vivir del primer mandato correísta “dice preservar la naturaleza, entrar en la industria del carbono y cuidar el Yasuní-ITT. En definitiva, es ecologista. Y en el segundo plan, el ecologismo se reduce a poner impuestos sobre la extracción de recursos de la naturaleza. Hay un giro de prácticas enormes, justificado con el cambio de la matriz productiva para dejar de depender del petróleo”, cuenta Wladimir.

La política educacional es otra de las bifurcaciones entre Correa y las organizaciones sociales. En los sectores rurales, las actividades comunitarias se organizaban alrededor de las escuelas. El gobierno promueve la estandarización, invirtiendo en grandes infraestructuras llamadas Escuelas del Milenio. Wladimir las describe como “escuelas monumentales, elefantes blancos, con ascensores, aire acondicionado, cancha sintética, en algunos casos piscina. Pero se cierran todas las otras escuelas que eran comunitarias, que hablaban en su propio idioma, que tenían proyectos de piscicultura, de ganadería, que en clases enseñaban a sembrar los productos de la zona. Los papás, claro, encantados porque tienen la escuela de cemento con computadoras y demás, pero las organizaciones se van dando cuenta que se desarticula la comunidad”.

En septiembre del año pasado, el gobierno decretó el cierre de la Unión Nacional de Educadores (UNE), el histórico y más grande sindicato de profesores del país. Así como buena parte del movimiento indígena, la UNE había apoyado a Correa en su primer mandato. Frente a la cooptación gubernamental de las organizaciones sociales, los profesores se opusieron a la prohibición de huelga en el sector público, que decretara el gobierno, y en septiembre de 2016 fue disuelta por una resolución del Ejecutivo.

El sociólogo y profesor de la Universidad Central del Ecuador, David Chávez, reconoce la deriva autoritaria de la Revolución Ciudadana y describe su estrategia. “Correa convierte en uno de sus más importantes enemigos políticos a las organizaciones sociales y a los partidos de izquierda. Empieza, por un lado, a crear organizaciones paralelas al movimiento sindical, al movimiento indígena, etc. Y por otro lado, empieza a presionar y atacar a ciertas organizaciones sociales”.

Al analizar esta distancia creciente entre el gobierno y la izquierda, define al correísmo como un proyecto “en el viejo modelo de la alianza de clases. Por un lado, pretende recuperar las demandas de los movimientos sociales y, por otro, darle una vía política a las presiones de la nueva burguesía, que había llegado a tener mucho poder. Ya desde el 2000, el capitalismo ecuatoriano había empezado a transformarse significativamente, y la nueva burguesía nacional estaba disputando a los más viejos el control del modelo de acumulación. Entonces, me parece que al final Correa canaliza estas dos cosas. Y el correísmo ha estado en el filo de la navaja entre estas dos fuerzas”.

El conflicto con la nación shuar: Extractivismo, minería y presencia de China

Luego del conflicto por el Yasuní-ITT, las resistencias indígenas y las organizaciones ecologistas comenzaron a denunciar el avance de prospecciones mineras en territorios ancestrales shuar.

Durante los años '60 y '70, se produjo en la Amazonía ecuatoriana un proceso de colonización, en que se repartieron importantes lotes de tierra a campesinos mestizos. Con el auge de la explotación petrolera en las décadas siguientes, algunos de estos colonos empobrecidos vendieron los terrenos a las empresas de extracción de crudo. Lo mismo ha sucedido en los últimos años: los terrenos que adquirió la minera china EXSA en Morona Santiago fueron comprados a colonos mestizos, siendo que se trata de territorios históricos del pueblo shuar. La comunidad de nankints fue desalojada por la fuerza en agosto del año pasado para la instalación de un campamento paradójicamente llamado La Esperanza.

Tras el primer decreto de estado de excepción, la Federación Interprovincial de Centros Shuar fue allanada y Agustín Wachapá, su presidente, fue arrestado “por incitar a la discordia entre ciudadanos”. Hasta la fecha, Wachapá se encuentra en prisión preventiva, así como otras 44 personas que han participado de manifestaciones contra los proyectos extractivos.

El pasado lunes 6 de febrero, una delegación de mujeres shuar llegó hasta las frías alturas de Quito para exigir la desmilitarización y el fin del estado de excepción. Acompañadas por colectivos feministas, realizaron una manifestación frente al Ministerio del Interior, con gritos, cantos y quema de palosanto para pedir por la pachamama, la vida y el agua. Mónica Ambana testimonia el desalojo de nankints el 11 de agosto: “Llegaron los militares destruyendo, de ahí llegó retro (excavadora), ya inició tumbar las casas, todo desbarató. Y de ahí se metieron. Había ocho casas, vivíamos ocho familias. Quedamos sin nada, también salí sin nada y me quedé así no más, no podíamos sacar nada porque estaban los militares. Mis hijos estaban en la escuela, no podían estar en tranquilidad, tantos militares, llegaban, hacían bulla, querían asustar. Quedaron traumados (mis hijos), entonces yo quería salir adonde podía estar libre”.

[caption id="attachment_125218" align="alignnone" width="3264"] Foto: Pablo Inostroza[/caption]

Durante la manifestación, la dirigenta de las mujeres de la CONAIE, Katy Betancourt Machoa denuncia: “Todo este conflicto se da por la presencia minera. La minería que nosotros decimos no trae desarrollo, sino que trae violencia, trae vulneración de derechos, pobreza, miseria. Entonces el gobierno tiene un discurso que, por el contrario, hay intereses que se juegan de las concesiones con las empresas chinas. Inclusive es muy alto el costo frente a las supuestas ganancias que representarían estas concesiones. Nosotros nos mantenemos en que por encima del capital y del dinero tiene que estar la vida humana, tiene que preservarse a los pueblos indígenas”.

La oposición indígena a la minería se basa en la defensa de la naturaleza, antes como fuente de vida que de recursos económicos. “De mi parte, de mi familia, no hemos querido la minería porque hay contaminaciones, queremos que no nos contaminen nuestra naturaleza, agua, sobrevivir nosotros. También somos humanos. Ellos dicen 'los shuar no tienen derechos', nosotros también tenemos pleno derecho de decir que nos den tranquilidad, que nos dejen las fincas, que no deben andar molestando los militares”, defiende Mónica Ambana.

Además, tanto el decreto de estado de excepción como el modo en que se han instalado las prospecciones mineras lesionan derechos consagrados en la Constitución de 2008, en relación con las nacionalidades indígenas. Su artículo 57 reconoce el derecho de los pueblos indígenas a “no ser desplazados de sus tierras ancestrales” y prescribe “la limitación de las actividades militares en sus territorios”. Además, recogiendo el Convenio 169 de la OIT, obliga a una “consulta previa, libre e informada” frente a proyectos de inversión en sus comunidades.

Pero EXSA no es el único vínculo de la China, dizque república popular, con Ecuador y América Latina. Cuando Correa expulsó a los norteamericanos de Manta, también renegoció su deuda externa e hizo de China su acreedor principal. El llamado gigante asiático presta dinero a través de su Eximbank a tasas de interés del 8%, pero dando un margen de acción política que, para el sociólogo David Chávez, permite el ejercicio de la soberanía nacional: “El alineamiento con los organismos multilaterales y la hegemonía norteamericana en relación a ellos, suponía que te imponían políticas de Estado. Y eso era además la punta de lanza del neoliberalismo en América Latina, o sea una carta de intención con el FMI no era solo una inyección de capital externo a la economía nacional, sino que además era una serie de medidas de carácter fiscal y social”.

Además, los capitales chinos están presentes en las más importantes inversiones del bloque bolivariano en nuestra región, como la explotación minera del arco del Orinico en Venezuela y la construcción del canal de Nicaragua. Ambos megaproyectos han sido resistidos por organizaciones indígenas y ambientalistas, a causa de que generan desplazamiento forzado de la población y destrucción de la naturaleza, lo que con frecuencia trae la típica respuesta de los gobiernos progresistas y sus defensores, de que esas críticas “le hacen el juego a la derecha”.

El interés de China en América Latina es claro. Necesitan de los recursos naturales abundantes en nuestra región para seguir potenciando su desarrollo industrial. No obstante, con esto se hace evidente que la dependencia económica de nuestros países sólo cambia de centro. El neodesarrollismo de los gobiernos progresistas de la órbita bolivariana se traduce en combatir al imperialismo norteamericano adoptando la dependencia al imperialismo chino.

Proyecciones electorales y Restauración Conservadora

Lenin Voltaire Moreno, el candidato del partido oficialista Alianza PAIS, lidera ampliamente los sondeos, según las encuestadoras Cedatos y Market. Necesita superar por 10 puntos al segundo lugar para no pasar a segunda vuelta, lo que está dentro de las expectativas del aparato de la mercadotecnia política. Los principales opositores a Lenin Moreno son la abogada y periodista Cynthia Viteri, del partido socialcristiano (homólogo de las democracias cristianas); el banquero Guillermo Lasso, co-responsable de la dolarización, y cuyo partido CREO representa el ala más derechista del país; y el general en retiro Paco Moncayo, quien fuera alcalde de Quito en los 2000, y que es apoyado por Pachakutik y otros partidos de izquierda desligados del correísmo.

Moreno, un administrador público de 63 años y oriundo de la Amazonía, quedó en silla de ruedas en 1998, tras recibir un disparo en un asalto. Se recompuso a base de risoterapia y hasta hizo las veces de orador motivacional. Fue electo vicepresidente durante el primer mandato de Rafael Correa, con lo que se perfiló como una figura importante dentro de la Revolución Ciudadana. Wladimir lo explica así: “En todas las huelgas y paros que hubo, Rafael Correa usaba la estrategia de largarse del país. Se iba de gira a otros países y quien negociaba era Lenin Moreno, entonces se convirtió en la cara amable, la figura mediadora. Él negocia cuestiones importantes. Rompe el paradigma en América Latina con los discapacitados que generalmente es dar ayuda social, darles caridad, y pone en la Constitución la obligatoriedad de contratarlos, de tener un mínimo de trabajadores en cada empresa que sean discapacitados”.

En la misma línea bolivariana, el politólogo argentino Atilio Borón ha defendido el mantenimiento de los sectores progresistas en nuestra región a todo precio, contra lo que él llama la Restauración Conservadora. Este reposicionamiento efectivo de la hegemonía norteamericana y de las derechas tradicionales en América Latina tiene sus expresiones principales en el ascenso de Macri en Argentina, la pérdida de los referendos de Evo Morales y de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, la desestabilización y el boicot a Maduro en Venezuela, y el golpe de Estado parlamentario que destituyó a Dilma Rousseff en Brasil.

Cabe preguntarse, sin embargo, si el concurso de las izquierdas y los movimientos sociales en los proyectos neodesarrollistas, como la Revolución Ciudadana en el Ecuador, no constituye acaso esa trampa que tan bien conocemos en Chile como el “mal menor”. Para esto, recordemos la reflexión de Hannah Arendt al respecto: “Políticamente, la debilidad del argumento ha sido siempre que aquellos que optaron por el mal menor tienden muy rápido a olvidar que eligieron el mal”.