En Chile hay pocos milagros registrados. Uno muy conocido es “el milagro chileno”, como llamaba Milton Friedman al reajuste económico neoliberal instaurado por la dictadura. En 2003 la Consulta Médica de la Congregación para la Causa de los Santos acreditó otro que se adjudica al ahora santo Alberto Hurtado. Diez años después se le adjudicó otro al obispo español del Opus Dei San Álvaro Del Portillo. Lo que podría ocurrir el viernes, en tanto, es similar a lo que los católicos conocen como transubstanciación: el cambio radical de algo, como Jesús obró con el pan y el vino. En una ceremonia litúrgica privada en el penal de Punta Peuco, 8 prisioneros harán un anuncio. Pertenecientes a la minoría de 126 encarcelados entre los 1.375 ex uniformados y agentes que han sido procesados, 8 ex represores pedirían perdón.

“Si es un show, seré el primero en condenarlo”, dice al teléfono el sacerdote jesuita Fernando Montes. Suena apurado. Estos días han estado ajetreados: le dijo públicamente al diputado Hugo Gutiérrez (PC) que no tenía nada que aprender sobre humanidad de él, porque era comunista. No sólo interpeló, sino que también debió dar explicaciones cuando The Clinic reveló que Montes atestiguó a favor de un condenado por doble homicidio en dictadura, dos ejecuciones políticas, avalando en el juicio su buen trato y educación.

Montes especifica que no es el organizador de la ceremonia del viernes, sino que un invitado. En conversación con El Desconcierto explica que no va “a oficiar ninguna ceremonia, no sé exactamente cómo se va a desarrollar”, dice.

Una ofensiva articulada

[caption id="attachment_114148" align="alignnone" width="800"] FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO[/caption]

Desde que en marzo el sacerdote jesuita Fernando Montes abogara públicamente por “beneficios humanitarios” para los presos enfermos de Punta Peuco el tema ha vuelto una y otra vez. La última oleada comenzó hace dos semanas, cuando el ministro de Justicia, Jaime Campos (PR), y el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, apoyaron públicamente esa idea.  

Para los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos no son opiniones desarticuladas que se tiran al aire sino una avanzada por la impunidad. Pese a los muros de Punta Peuco, los ex represores han estado activos como nunca en el ámbito comunicacional este 2016. A través de la Multigremial de las Fuerzas Armadas han buscado apoyo entre sectores de la Iglesia Católica, la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas, miembros de la Comisión de Defensa del Senado, y otros, para conseguir la liberación de los ex militares actualmente recluidos. El foco, al igual que el del padre Fernando Montes, está en la avanzada edad y el mal estado de salud de los condenados.

[caption id="attachment_115991" align="alignnone" width="800"] SJ Fernando Montes / Agencia UNO[/caption]

En paralelo corre la estrategia judicial. Para el Observatorio de Justicia Transicional, esta se expresa en el aumento de recursos de protección presentados por la defensa de los violadores de DD.HH. ante la justicia, exigiendo la concesión del beneficio de libertad vigilada -que suman más de 25 este año-, o reclamando al Tribunal Constitucional por la aplicación del antiguo proceso penal.

Sin embargo, para el padre Montes y la Conferencia Episcopal esto no se trata de justicia sino que de humanidad y misericordia. “El país no puede dejar de ser civilizado”, dice al teléfono Montes. No hay claridad respecto a qué es lo incivilizado. Un informe de 2015 de la Corte de Apelaciones de Santiago estableció que la principal dificultad en cuanto a Punta Peuco tiene que ver con su ubicación, lejana a centros urbanos. En la última visita de inspección del juez Mario Carroza a Punta Peuco, ocurrida a principio de este mes, se constató que sólo 8 de los 126 reos del penal estaban en malas condiciones, dos de ellos con problemas cognitivos. El Desconcierto intentó acceder a un listado sin identidad de los diagnósticos médicos a través de una solicitud de información pública a Gendarmería que fue denegada invocando la privacidad de los datos de los pacientes. 

Del otro lado, recibiendo indirectamente acusaciones de incivilidad, están las familias de las víctimas de los condenados de Punta Peuco. “Justicia. Nada más. Ni nada menos”, termina un texto en Facebook de Manuel Guerrero, cuyo padre fue ejecutado y degollado. El tono del discurso de Montes, que al teléfono insiste en que hay presos por décadas que ocupan pañales, obliga a los familiares de las víctimas a dar explicaciones como el por qué quieren justicia y por qué el que alguien cumpla su condena judicial no es una venganza, sino el cumplimiento del estado de derecho.

El 9 de marzo pasado, 3 días después de las primeras declaraciones del padre Fernando Montes, murió Sergio Arellano Stark. El ejecutor de la Caravana de la Muerte falleció en su casa. La pena que le dio la justicia, 6 años de cárcel por el asesinato o desaparición de las 97 víctimas de su feroz comitiva, no se ejecutó por sufrir de una demencia senil avanzada. Pero aún así las víctimas deben explicar que no son victimarios. “Nos parece violento, nuevamente mancilla a nuestros muertos”, dice Alicia Lira de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

El perdón de las víctimas

[caption id="attachment_115990" align="alignnone" width="800"] Agencia UNO[/caption]

Lejos de los días en que los veían como enemigos, los “curas rojos” que aleonaban a la gente y en sus parroquias daban refugio a la organización popular, hace varios años que los ex represores vieron en el mandato pastoral de los sacerdotes una posibilidad para negociar sus condiciones. En 2003 el sacerdote Alfonso Baeza, vicario de la Pastoral Social y emblemático opositor a Pinochet, visitó en Punta Peuco a los carabineros del Caso Degollados. Según declaró Baeza a Ciper, los reos querían su mediación porque se consideraban presos políticos, como los del Frente Patriótico Manuel Rodríguez recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad, con la diferencia de que ellos no estaban obteniendo el beneficio de la libertad condicional.

“Los presos de Punta Peuco ni siquiera habían dejado en claro ante los tribunales lo que habían hecho ni quiénes les dieron las órdenes. En Punta Peuco me di cuenta que no se podía discutir con ellos, que ahí no había conversión. La verdad, me parece que hay algunos como Manuel Contreras, el jefe de la DINA, y otros, que volverían a hacer lo mismo”, señaló Baeza en declaraciones del 2012, un año antes de morir.

Luego vino el padre Alberto Precht, ex mandamás de la mítica Vicaría de la Solidaridad, que la semana pasada celebró su aniversario 40. Hoy retirado de la vida sacerdotal por abusos a menores, Precht inició la tradición de la ceremonia ecuménica navideña en 2007 y se rumorea su asistencia para mañana.

En la otra vereda, los familiares de las víctimas recibieron un duro golpe cuando ayer el padre Mariano Puga anunció que asistiría al acto en Punta Peuco. El cura obrero, párroco de La Legua, prisionero él mismo de los militares en Villa Grimaldi y Tres Álamos, con toda la legitimidad moral que arrastra, declaró que asistiría como “acompañante de las víctimas” y que esta era una posibilidad de reencuentro.

“Informo que no he dado permiso a ningún abogado, cura, personero de partido o gobierno, para que perdone en mi nombre” es un post que empezó a repetirse durante la tarde del miércoles en los perfiles de redes sociales de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos luego de que Mariano Puga confirmara su asistencia a Punta Peuco.

Los arrepentidos

https://youtu.be/sT2yJuaXKUc

Para Erika Hennings, directora del sitio de memoria Londres 38, ex prisionera política y esposa del detenido desaparecido Alfonso Chanfreau, “Puga está en su derecho personal de perdonar a sus torturadores”.

En conversación con El Desconcierto, Hennings relata su experiencia con los ex represores. "En juicios he estado frente a Miguel Krassnoff, Gerardo Godoy, agentes de grupos operativos de la DINA, directivos y de lo más bajo. Ninguno de ellos reconoce nada, excepto haber sido analistas, a lo más haber ido hasta la puerta de Londres 38 a dejar algo. No sólo eso: hablan con mucha soberbia y con mucha rabia de estar enfrentando la justicia. En los careos me tratan de 'esta mujer'. Soy una convencida de la vigencia del pacto de silencio y de que, ideológicamente, siguen creyendo que lo que hicieron está bien", cuenta.

Para la ex prisionera, hay una distinción con otros arrepentidos, como Carlos Herrera Jiménez, que se arrepintió hace años pidiéndole perdón a Tucapel Jiménez hijo. Eso fue lejos de una discusión política y jurídica sobre beneficios de salida o libertad condicional. "Me parece que esto un circo", dice mientras camina por el centro de Santiago. "Me sorprende la decisión de Mariano Puga, porque el conoce perfectamente la situación de estas personas. Me parecería grave que él hablara a nombre de las víctimas o dijera que las representa. Pero más allá de las víctimas, esto es un tema país. Es grave que un crimen de lesa humanidad sea tratado de forma religiosa. No me parece".

Antes de terminar la llamada, el padre Montes es consultado por este medio sobre si cree que los familiares de los condenados de Punta Peuco han juntado a propósito los debates sobre las salidas humanitarias para reos comunes en estado terminal con los posibles beneficios para violadores de derechos humanos. Fernando Montes dice que es posible. "Y si estuviera en su lugar haría lo mismo", agrega.

En el Nuevo Testamento el arrepentimiento se define en su raíz griega, del verbo metanoeo. Cambiar de opinión, de mente y no sólo lamentarse de lo obrado. El convencimiento de las organizaciones de derechos humanos de que no existe tal cosa y de que el pacto de silencio sigue vigente no obedece, como dijo hoy el capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker, a prejuicios. En cada proceso judicial han visto el pacto de silencio no como una simple omisión de información en el pasado, sino una acción positiva, en el presente, de negar hechos, culpar a agentes ya muertos, negarse a involucrar a quienes no han sido procesados, decir que sólo cumplieron órdenes. Y es por eso que, a diferencia del Nuevo Testamento, el Código Penal chileno establece que el arrepentimiento debe ir acompañado de una colaboración substancial para prevenir nuevos delitos o ayudar a desmontar la asociación ilícita a la que se perteneció. Además, dice la ley, aún así la justicia puede establecer que fue efectivo o no.

Sólo hace dos meses el informe forense de Raúl Iturriaga Neumann para la Comisión de Libertad Condicional reportó que el ex director asistente de la Dirección de Inteligencia Nacional no tenía siquiera conciencia del daño causado con sus delitos, los que recién lo dejarían libre en 2037, a los 99 años. Según el abogado de la Multigremial de las Fuerzas Armadas, Raúl Meza, Iturriaga Neumann es quien organiza y lidera el acto navideño del perdón que se realizaría mañana.

Algo ocurrió entre medio de esos informes y las declaraciones de esta semana. Para las organizaciones de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, lo que gatilló el cambio fueron las declaraciones de las dos máximas autoridades en el tema en el país: el ministro de Justicia y el presidente de la Corte Suprema, que le dieron piso político al anhelo de los violadores de derechos humanos y sus familias. Para la fe bien puede ser un milagro, que por definición es un suceso extraordinario que no tiene explicación según las leyes de la naturaleza. Pero la justicia no actúa en base a la fe y la motivación se sabrá después de navidad, cuando los tribunales vuelvan a la actividad.