La Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente tomó esta nueva arista, en el marco del caso de presuntos maltratos contra niños y adolescentes en un centro del Servicio Nacional de Menores, en Pudahuel.

Como lo señala La Tercera, durante el transcurso de las indagatorias, a cargo del fiscal Tufit Bufadel, el Ministerio Público obtuvo antecedentes proporcionados por funcionarios de diversas residencias de la Región Metropolitana sobre la existencia de al menos cuatro redes de explotación sexual comercial de menores, compuestas por al menos 25 jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 13 y 17 años, y que son o han sido internas de estos hogares.

Los cuatro grupos dedicados a esta actividad delictual fueron identificados por funcionarios de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) Metropolitana de la PDI, según un informe de la inspectora Vanessa Inostroza.

La red con mayor número de menores reclutadas (al menos 20), de acuerdo al documento policial, es encabezada por una familia que reside en una casa al sur de la capital. El padre fue identificado por la policía como el líder o proxeneta de la agrupación, y su señora e hijas de 19, 15 y 14 años (quienes han ingresado y egresado en diversas oportunidades de varias residencias de protección), son consideradas por la PDI como presuntas captadoras de las menores del Sename para luego obligarlas al comercio sexual.

Según el informe de la policía civil, que está en manos de la Fiscalía Occidente, fue en 2013 cuando la hija de este matrimonio ingresó, por orden judicial, a un centro de la institución, donde habría conocido e invitado a otras niñas y adolescentes a su casa. De acuerdo a la investigación, la mayoría de las menores captadas tienen un perfil similar: no cuentan con redes de apoyo externas, presentan consumo problemático de drogas y alcohol, padecen trastornos conductuales o psiquiátricos y no adhieren a los programas de intervención.

Estas condiciones, señala el análisis policial, permitieron que la hija del presunto proxeneta llevara a varias jóvenes a su casa, donde se les deja quedarse a dormir, alimentarse y acceder a drogas y alcohol en forma gratuita. Sin embargo, después de unos días tendrían que realizar actos de connotación sexual con mayores de edad, los que son pagados con dinero en efectivo.

Según relatos entregados a la brigada policial de la PDI por testigos , en primera instancia, las menores que llegan hasta la casa de esta familia no estarían en conocimiento de las actividades que se realizan en el lugar. La policía indica que ellas no querían estar internadas en un centro del Sename.

Así, solo se dan cuenta del objetivo de su presencia en esa propiedad cuando son agredidas sexualmente. Según antecedentes del caso, algunas de ellas lograron escapar luego de ser abusadas y develaron los hechos a profesionales con los cuales se han vinculado en sus procesos de intervención. Sin embargo, la mayoría prefiere permanecer en silencio. Los motivos principales para no hablar serían, según la policía, su vinculación a la presunta red o que están amenazadas por un grupo que protege a los integrantes de la misma.

También se tomaron declaraciones a las hijas menores del matrimonio indagado por el Ministerio Público, de 10 y 7 años de edad, quienes residen en un centro del servicio. De acuerdo a la policía, sus relatos dan cuenta de vulneraciones y de hechos que podrían estar relacionados con la investigación.

Otras agrupaciones

Una segunda red de prostitución de menores identificada por la PDI, operaría en una casa particular del sector norponiente de Santiago. Hasta ahora, se han registrado al menos dos víctimas en esta agrupación, quienes pertenecen a un centro del Sename ubicado al poniente de la capital.

El modus operandi del supuesto proxeneta sería entregar alojamiento, cigarros, alcohol, cocaína, marihuana, solventes, gases y aerosoles a las menores con el objetivo de obligarlas a prostituirse. De acuerdo a los antecedentes recabados por la policía, el explotador sexual exigiría la entrega de $ 200 mil semanales a cada una de las víctimas. Según testigos del caso, para captar clientes las menores serían forzadas a permanecer durante extensas jornadas en la intersección de dos calles determinadas donde se concretarían los encuentros con fines sexuales con peatones y automovilistas.

El hombre indagado como presunto líder contaría con un carro de expendio de alimentos, con el cual se instalaría en ese sector para controlar todas las actividades de las víctimas.

A este grupo se suma una tercera organización liderada por un hombre que facilitaría el comercio sexual de internas del Sename con miembros de su familia y con terceros desconocidos.

Ocuparía su casa ubicada en el sector surponiente de la capital para realizar las actividades ilícitas. Hasta ahora se ha identificado a tres víctimas, quienes eran retribuidas con alojamiento, drogas y alcohol.

El cuarto grupo investigado sería una extensión de la red familiar que comercializa al menos 20 menores, sin embargo, aún no se determina su dinámica de funcionamiento.