Ciencia, crisis y dignidad: Perspectivas sobre la gobernanza de la Ciencia y Tecnología en Chile

Ciencia, crisis y dignidad: Perspectivas sobre la gobernanza de la Ciencia y Tecnología en Chile

Por: Martín Pérez Comisso | 01.12.2016
A propósito de la discusión del presupuesto para la glosa de ciencia y tecnología del Mineduc, esta columna explora los desafíos para la Ciencia y Tecnología en Chile: el debate sobre la institucionalidad con la creación de un ministerio del área y la posible crisis que la ausencia de políticas frente al tema puede crear.

Al igual que en 2015 la Ciencia y Tecnología se toman inesperadamente la discusión presupuestaria. Resumen: el Senado acordó la semana pasada con el gobierno un aumento de 2.300 millones de pesos para la glosa de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Educación, luego del rechazo en primer trámite de la cámara de diputados. Pasó por comisión mixta, luego se decidió en una votación cerrada donde iba mezclada en la glosa de gratuidad (ya que eran los fondos Mineduc). El presupuesto se aprobó igualmente, sin profundizar este debate.

A pesar de parecer una buena noticia, no lo es. La crisis de la ciencia y tecnología en Chile requiere recursos más significativos que 3 millones de dólares (considerando que el presupuesto 2016 bordeaba los U$430 millones y en 2017 será cercano a U$450 millones, considerando el aumento en la glosa original. En otras palabras, el incremento original de un 0,5% respecto del 2016 pasa ahora a un abultado 1,32%, es decir, menos de la mitad de lo que ha aumentado el IPC en los últimos 11 meses (2,9%). El aumento es tan marginal que no modifica el porcentaje neto del PIB (0,4%) destinado al área. Pero más allá de esto, es insuficiente para el proyecto de ministerio que este gobierno ha comprometido para el 31 de Enero, justo antes del feriado legislativo.

Podemos resumir la crisis de la ciencia chilena en cuatro causas:

1. Existe una valoración pública de la ciencia alta, pero los grados de alfabetización y cultura científica locales son malos o muy malos en la población general. Esto se replica según la distribución de ingreso, al igual que la desigualdad educativa en otras áreas del país.

2. El presupuesto en el área es insuficiente al comparar Chile con otros países de la región (cercano al 1% del PIB) y de la OCDE (que promedian en 2% del PIB). Nuestro buen desempeño económico se ha hecho a pesar del paupérrimo financiamiento del conocimiento.

3. A pesar de ser el país más productivo de la región en literatura científica, esta eficiencia se obtiene de forma centralista, sin planificación estatal y con capacidades institucionales deficientes, por falta de personal, recursos e infraestructura.

4. Los graduados de postgrado que el Estado ha financiado (a través del programa Becas Chile) son muchísimos. Aunque esto nos acerca a los estándares OCDE de número de doctorado/per capita, resulta en el establecimiento de trabajo precario y subcontrato en profesionales con postgrado tanto en ciencias naturales como sociales, una realidad que sólo se agudizará en los años venideros a medida que las nuevas cohortes de doctores y magísters se vayan titulando, pues no existe espacio para reinsertarlos correctamente en el país.

Esta crisis no es nueva. Ha sido diagnosticada y trabajada por organizaciones sociales como la Academia de Ciencias (2005), Más Ciencia para Chile (2007), ANIP (2008), Ciencia con Contrato (2013), Redes Internacionales de Investigadores Chilenos, ahora reunidos en RECH (2016), “No sin artes ni humanidades” (2016), así como especialistas nacionales de diversas áreas disciplinares los cuales han discutido los efectos de las eclécticas políticas públicas del área de los últimos años. La solución de estos problemas difícilmente será posible bajo la cartera con más cambio ministerial desde 1990, donde el área es sólo una comisión menor, frente a importantísimas reformas en el área de educación. La carencia de una institucionalidad adecuada es un problema aún abierto, donde los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet muestran un bajo compromiso, elaborando propuestas sólo al final de sus mandatos, y dándole un espacios de discusión reducidos, siendo que este tema nos involucra a todos como ciudadanos. Llevamos 10 años con un problema sin solución, a pesar de que hay un consenso mayoritario en la comunidad académica de que un Ministerio de Ciencia y Tecnología puede ser la mejor alternativa para gestionar los intereses del sector con miras a un modelo de desarrollo. ¿Pero estará la ciudadanía de acuerdo con este grado de prioridad? ¿Cómo saber, si los espacios de participación que el Estado produce, parecen simbólicos como el aumento de presupuesto?

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La crisis se profundiza cuando el “sentido común” que ciencia implica desarrollo (como si fuese un proceso lineal, lo cual es engañoso) se encuentra con las dimensiones humanas de la ciencia. El conocimiento, como objeto producido por los seres humanos, es un objeto de política que debe ser observado también desde esta dirección. En este sentido, Revolución Democrática tiene una propuesta específica sobre el ministerio que se espera construir para Chile. Por su parte, RECH lanzó en paralelo a la discusión de presupuesto, su propia propuesta de acciones hacia el ministerio. Se requiere contrastar estas propuestas con el modelo de país que deseamos, porque la ciencia no es sólo plata, sino que requiere de las dimensiones de democratización, participación y dignificación, ideas clave que durante años han sido laterales al debate del área, pero que son cruciales para hablar de un modelo de desarrollo.

Ante esto, el aumento de presupuesto parece simbólico, al igual que los 150 millones en que mejoró el presupuesto 2016 luego de una manifestación social de las organizaciones civiles antes listadas. Por lo mismo, se hace necesario un debate sobre el modelo de Ciencia y Tecnología que aspira a realizar Chile y, coherentemente, rechazar la partida de Ciencia y Tecnología a pesar de este aumento. Es tiempo de dejar de aceptar soluciones parciales y confrontar un debate profundo, de aquellos que componen a la ciencia, para dignificar la investigación e innovación chilenas.

En este modo, experiencias como la de Soledad Quiroz (UST) han realizado acciones de carácter nacional donde se abre el debate y la discusión sobre el tipo de ciencia que requiere Chile. Del informe de un encuentro realizado en junio pasado, se concluye la necesidad de regionalizar y descentralizar nuestra investigación con líneas prioritarias, igualdad de género, de aumentar la participación y transparencia del sistema nacional de innovación (nombre usado políticamente al área que dirige la ciencia y tecnología de un país) y de considerar las Ciencias y Tecnologías como un elemento de nuestra cultura nacional.

El sentido de dignidad en la Ciencia y la Tecnología es, mucho más que la institucionalidad o el presupuesto, lo que debemos recuperar en la discusión sobre política de investigación e innovación. Dejar de ver indicadores, para ver personas. Unir personas, para ver un país. Dejar de buscar eficiencia, para encontrar calidad. Aumentar calidad, para encontrar desarrollo y así proponer un espacio abierto donde esta discusión no sea un tema marginal (como pareciera ser para el Estado ante la reforma de Educación Superior, lugar que realiza aproximadamente el 80% de la investigación actual en Chile).   

El prometer un proyecto de ministerio para el 31 de enero parece tardío, postergado, con el objetivo de que sea discutido rápidamente. No se trata de cumplir promesas, desligarse, dejándolo al siguiente gobierno con un presupuesto 2018. Nuevamente, la poca seriedad con que se aborda el problema se refleja en actos concretos. Definir el modelo de desarrollo que queremos para nuestro país no implica necesariamente proyectarnos como una sociedad industrial avanzada, sino como una sociedad culturalmente avanzada. Este es el potencial de la Ciencia y Tecnología para Chile.

La respuesta a un problema político debe ser con más política, participativa, abierta y amplia. No como lo fue la discusión del presupuesto 2017. Es necesario una política científica y tecnológica nacional, que observe el problema bajo evidencia cultural, esa que tanto le cuesta mirar a Hacienda, antes de que la crisis sea tan profunda como para que no haya vuelta atrás.