Debieron pasar 18 meses para que Eve Crowley y Alejandro Flores, representantes en Chile de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pudiesen hacer entrega a la presidenta Bachelet del informe sobre la ley 20.657, conocida popularmente como ley “Angelini-Longueira” de privatización pesquera.

El texto de 133 páginas fue presentado el día anterior a las masivas manifestaciones de pescadores artesanales y movimientos sociales en ocho regiones del país,-incluyendo el Terminal Pesquero Metropolitano, las que exigían la anulación sin compensaciones económicas de la actual ley de pesca y acuicultura.

Los sucesivos aplazamientos de la entrega del documento, evidenció lo complejo que fue para el organismo internacional poder responder de manera “políticamente correcta” al inédito requerimiento de política interna del gobierno chileno, el cual se encuentra bajo una creciente presión judicial y social, que parece ir escalando a meses de las elecciones presidenciales. Además, la revisión de la FAO de una de las legislaciones de pesca y acuicultura más neoliberales del mundo, se efectuó en momentos que existe un cuestionamiento público a la casta política-empresarial que tramitó de manera viciada esta ley vigente desde febrero del 2013.

Expresión de lo anterior , es que el 89% de los ciudadanos chilenos consultados por la encuesta Plaza Pública Cadem de enero del 2016, la ley de pesca y acuicultura es el resultado directo de un proceso legislativo espúreo, el cual entregó de manera gratuita y a perpetuidad, la propiedad, los derechos de acceso y uso, así como las rentas pesqueras a siete clanes familiares que conforman el “cartel” que domina el tercer sector de la economía exportadora chilena.

La ley de pesca abrió la caja de Pandora de la corrupción político-empresarial

La actual investigación que realiza la Fiscalía Nacional, a partir de múltiples denuncias de cohecho, fraude al fisco y financiamiento ilegal de la política, ocurridas durante las negociaciones parlamentarias de la ley Angelini-Longueira, ha abierto una caja de Pandora que hasta el momento tiene formalizada a la principal mega empresa pesquera del país, (Corpesca, de propiedad de la familia Angelini), y bajo investigación a 14 compañías, 16 parlamentarios y funcionarios públicos, así como a las patronales pesqueras Asipnor, Asipes y Fipes. En este listado se encuentran incluídos un senador desaforado y con arresto domiciliario nocturno, luego de pasar un mes en la cárcel (Jaime Orpis), la ex diputada Marta Isasi, y al ex ministro de economía y padre de la ley que lleva su nombre, Pablo Longueira, actualmente formalizado y con arresto nocturno, bajo la acusación de haber recibido 730 millones de pesos ( equivalente a 1,2 millones de dólares) en cohechos empresariales.

Gatopardismo pesquero

Desde el inicio de las denuncias y movilizaciones de pescadores, ciudadanos y movimientos sociales regionales, el gobierno anunció que no anularía la ley de pesca y acuicultura, pero sí hará una serie de modificaciones “acogiendo las recomendaciones de la FAO”. Con ello, el palacio de La Moneda intenta utilizar política y comunicacionalmente el nombre de Naciones Unidas, para tratar de imponer a fines de Noviembre una maquillada versión II de la ley Angelini-Longueira de pesca.

Con ello, el equipo político encabezado por la Secretaría General de Gobierno y el ministerio del interior busca dividir la resistencia de pescadores artesanales, pueblos originarios, estudiantes y movimientos sociales regionales; aislar a los parlamentarios que impulsa la anulación de la ley de pesca en la cámara de diputados, y debilitar el accionar investigativo de la Fiscalía Nacional.

Por ello,el ministro de economía Felipe Céspedes (DC) y el subsecretario de pesca Raúl Súnico (PS), se encuentran en conversaciones con las diversas dirigencias de la pesca artesanal, las patronales pesqueras y clanes familiares, el sector financiero,y algunas Ongs internacionales, con el fin de acordar alrededor de 12 cambios secundarios al articulado, sin tocar en los próximos 17 años los aspectos centrales de esta ley privatizadora.

Entre los artículos que no se modificarían se encuentran los de derechos de propiedad de las pesquerías nacionales entregados por el Estado de manera gratuita y a perpetuidad, a los clanes industriales y a los armadores semi-industriales; la exclusión del 90% de los pescadores de pequeña escala que no son armadores (dueños de embarcación); la eliminación legal de los pueblos originarios; la entrega al mercado de la capacidad de ser el único asignador de derechos de propiedad, acceso y uso a los recursos pesqueros del país, y la plena transabilidad de las licencias y cuotas de pesca, las cuales pueden ser vendidas, compradas, arrendadas, hipotecadas, e incluso heredadas por sus titulares

FAO: Tomar en cuenta los derechos de la población en su conjunto

El documento de la FAO realiza más de una docena de observaciones a la ley 20.657. Entre las “brechas” detectadas se encuentran la inexistencia de una política pesquera que permita articular al sector de la pesca y acuicultura, con la economía, trabajo, salud, previsión y medioambiente. Sobre la gobernanza del sector pesquero, el organismo internacional considera que no existen las condiciones que aseguren la plena participación de un mayor número de actores. Por ello indica que sería “oportuno continuar el trabajo con los actores sectoriales para desarrollar mecanismos que aumenten su participación, y con ello la transparencia en las decisiones”.

Siendo una de las recomendaciones centrales, la FAO indica que la asignación de derechos de propiedad y explotación de las pesquerías, debe contar con una “aceptabilidad política”. Este hecho es relevante, ya que la ley Angelini-Longueira de pesca, cuenta con un amplio rechazo público, tal como lo demuestra el 93% de los ciudadanos encuestados por Plaza Pública Cadem, los que indicaron que era necesario una nueva ley de pesca y acuicultura, si se confirmaban las situaciones de cohecho y financiamiento ilegal de la política.

Frente a la entrega de licencias de pesca de carácter gratuito, perpetuo y plenamente transables a los clanes industriales, el representante de la FAO en Chile, Alejandro Flores señaló que “la parte de asignación es un aspecto estrictamente de soberanía del Estado. Existen diversos modelos, como de licitación, cuotas globales, etc., adoptados por los países. No existe una receta universal y todo depende de la historia y de las circunstancias de cada país”. Flores añadió que “ más allá de la forma de asignar, es la forma de cómo se respeta esas asignaciones y se toma en consideración los derechos de la población en su conjunto”.

La ley 20.657 no contempla el papel de la pesca en la alimentación nacional

El reporte de la FAO deja en evidencia el estrecho enfoque extractivista, mercantilista y exportador de la cuestionada ley de pesca y acuicultura, al señalar que no contempla el papel que deben jugar los recursos pesqueros en la alimentación del país. Esta situación es confirmado por el editorial de El Mercurio, quien calificó de “aspectos ajenos y periféricos a la pesca”, las falencias vinculadas a la falta de un enfoque de seguridad alimentaria y de cambio climático.

En la actualidad, tan sólo un 3% de las capturas pesqueras totales del país se destinan al consumo interno. Esto, ha pesar que Chile es el séptimo país en volumen de desembarques de recursos marinos del planeta, su población presenta uno de las mas bajas tasas promedio de consumo de pescado: 6,9 kgs/ habitante/año, siendo el promedio mundial de 14 kgs de pescado por habitante al año.

Lo anterior tiene un impacto directo sobre la salud pública del país, ya que el 49% de la población chilena presenta sobrepeso, y sus niños y jóvenes evidencian las más altas tasas de obesidad de América Latina, lo cual los hacen candidatos a sufrir enfermedades metabólicas, crónicas y cardio-vasculares.

Una ley de pesca racista y excluyente

El informe FAO recomienda al gobierno “reconocer y garantizar los derechos de los pueblos originarios a los recursos pesqueros, incluidos su manejo y conservación, así como fomentar su participación , en el ámbito pesquero, sin detrimento de los derechos que legalmente corresponden a otros usuarios”.

Esta recomendación constituyen una fina ironía, ya que la ley 20.657 de pesca y acuicultura, eliminó a los pueblos originarios como tales, de los derechos de propiedad, acceso y uso de las pesquerías nacionales.

Este despojo legal ocurrió sin que el Estado de Chile realizara entre el 2010 y 2012 las consultas bligatorias a los diversos pueblos originarios (Mapuches/Lafkenches/Williches, Kawesqar y Rapa-Nui ), proceso establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el que fue ratificado por el Estado chileno en el 2009. Importante es señalar que la OIT es un organismo que al igual que la FAO, pertenece al sistema de las Naciones Unidas, del cual el Estado de Chile es parte.

Además, la FAO sugiere mejorar la categorización del subsector de la pesca artesanal, diferenciando entre la pesca artesanal de pequeña escala , mediana y aquella destinada “para fines comerciales”. En forma paralela, propone revisar las condiciones laborales particulares de los trabajadores del sector pesquero, para que se encuentren regulados según estándares internacionales

Una ley de pesca que incentiva la sobreexplotación pesquera

El documento de la FAO junto con enfatizar el cuidado de la sustentabilidad de los recursos pesqueros , también indica que se debe proteger el medio ambiente y los aspectos económicos y sociales involucrados. Esto constituye una nueva ironía para un gobierno que durante sus tres primeros años de gestión, las pesquerías clasificadas como en sobreexplotación y colapso, aumentaron desde un 48% al 72% (18 pesquerías), y donde los volúmenes de pesca ilegal,-especialmente industrial-, superan en un 300% a las cuotas de pesca “legales”.

También el organismo internacional recomienda el afinamiento de las atribuciones y composición del Consejo Nacional de Pesca, así como de los Consejos Zonales y Comités Científicos. Asimismo indica la necesidad de aumentar los recursos financieros permanentes para la investigación que realiza el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), vinculadas a las actividades de monitoreo y evaluación del estado de los recursos marinos del país. También señala la necesidad de mejorar los procedimientos y el financiamiento vinculados al control de la pesca ilegal.

La presidenta y la casta política siguen desconectadas de las exigencias ciudadanas

Luego de recibir el informe de la FAO, la presidenta Michele Bachelet instruyó al ministro de economía y al subsecretario de pesca para que se reunieran con los distintos actores “vinculados a la pesca” (sic).Con ello la presidenta Bachelet desconoce que los conflictos pesqueros y de acuicultura dejaron de ser un tema sectorial que se debatían entre los gobiernos de turno, las patronales industriales y las dirigencias de las confederaciones pesqueras artesanales, para transformarse durante los últimos años en un tema público, de carácter político y ciudadano. Especialmente después de conocerse las escandalosas situaciones de corrupción vinculadas a la aprobación parlamentaria de la ley Angelini-Longueira de pesca, y la apropiación espúrea de bienes comunes de la Nación.

Las manifestaciones de ciudadanos y movimientos sociales, así como la existencia de 300.000 firmas de apoyo a la anulación sin compensación económica de la ley de pesca y acuicultura, constituyen una contundente demostración de lo anterior.

De intentar mantener la actual ley 20.657 mediante una acción de maquillaje político, el actual gobierno sólo asegurará un mayor descrédito y una creciente conflictividad, en el contexto de una castigadora elección presidencial.

Esperamos que el Partido Comunista y otros parlamentarios que son parte de la coalición gobernante, le quiten públicamente el “piso político” a la fraudulenta revisión de la ley Angelini-Longueira, y reiteren públicamente su opción de anular sin ningún tipo de compensaciones a este ícono del abuso y la corrupción política-empresarial imperante en Chile.

Por su parte, la Coalición Social para la Defensa del Mar y los Derechos Populares, ha señalado que la FAO debe abrirse al intercambio de visiones y propuestas con la sociedad chilena, los pescadores de pequeña escala y los movimientos sociales, teniendo como objetivos la gobernanza democrática de nuestro mar, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos acuáticos regionales, la soberanía alimentaria, y los derechos de los ciudadanos,consumidores, comunidades costeras, y pueblos originarios.