Tras 40 años de trabajo como funcionaria en el Hospital de Chillán, María Hermindia Martínez empezó a sentir dolores constantes en su cuerpo. En el mismo recinto donde empezó a trabajar a los 17 años y pasó por las áreas de aseo, alimentación y lavandería, le diagnosticaron artrosis en columna, manos y rodilla. Al no poder desempeñarse en totalidad en su trabajo, decidió iniciar el trámite para obtener una pensión de invalidez.

Entonces, a principios de 2010, la comisión médica regional -encargada de hacer el primer trámite de evaluación médica para adquirir un seguro de invalidez- determinó que María Hermindia padecía de raquiestenosis, lumbago crónico y tinitus y que sufría un menoscabo de la capacidad de trabajo en un 67%.

La ley chilena establece dos tipos de invalidez: la total (pérdida de capacidad laboral superior o igual a un 66,6%) y parcial (pérdida de capacidad de trabajo igual o superior al 50% e inferior a 66,6%). Esta forma de delimitar quién es o no susceptible de recibir una pensión de invalidez tiene consecuencias. Si la comisión médica determina que una persona tiene el 49% de su capacidad laboral, legalmente es considerado igual de apto para trabajar que alguien que esté 100% sano.

Pero el primer dictamen de María Hermindia jugaba a su favor. Con el 67%, podría recibir la pensión de invalidez total. Tras el primer trámite en la comisión médica regional de Chillán, dicho dictamen se trasladó a la comisión médica central, el organismo de la Superintendencia de Pensiones conformado por 27 médicos que deciden si le corresponde la entrega de la pensión en base a las normas elaboradas por una comisión técnica cada dos años. Pero ahí empezaron los problemas para María Hermindia: la central le decretó apenas 29% de invalidez.

Inició el proceso de nuevo y pasó lo mismo. Obtuvo un 69% de invalidez en la regional -que le agregó al diagnóstico gonartrosis-, pero la Central se lo volvió a bajar a un 34%, insuficiente para la pensión transitoria. Antes de ambos dictámenes de la comisión central, la asociación de aseguradoras presentó un reclamo sobre su caso en el que decían que el dictamen de la comisión regional estaba sobrevalorado.

Finalmente, al tercer intento y ya en septiembre de 2011 obtuvo una invalidez transitoria. La comisión médica central determinó que su incapacidad alcanzaba un 55%. Al ser menor al 2/3, quedaría a evaluación en un par de años.

En 2014, María Hermindia estaba confiada en seguir con su pensión de invalidez por una simple razón: su enfermedad es degenerativa y estaba en peores condiciones que hace 3 años. Incluso quería incluir su diabetes en la evaluación, pero no la dejaron. “Cuando tuvo que renovar el trámite empezó el show de nuevo”, cuenta Hans Reviux Martínez, su hijo y quien la acompañó en todo el proceso.

Tras rechazarle la continuidad de la pensión, María Hermindia apeló. La comisión central entonces cifró su invalidez en 25%. Es decir, tenía que seguir trabajando. Apeló de nuevo y en el segundo dictamen, con fecha del 23 de febrero del 2015, se dice que su incapacidad alcanza apenas un 15%. Es decir, 40% menos de lo que la misma comisión le había decretado años atrás.

“Ella pagó un seguro en Vida Security desde los '90, más de 30 años pagando. Pero la aseguradora se llevó toda la plata, ni siquiera han tenido la decencia de llamar a mi mamá después de todo esto”.

Incapacitada a seguir trabajando, hoy María Hermindia está jubilada con su pensión de vejez. AFP Capital le entrega la mísera suma de 120 mil pesos mensuales todos los meses. “En resumidas cuentas, en buen chileno, se la jodieron”, cuenta Hans.

El rol preponderante de las AFP

El Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) está destinado a aquellas personas menores de 65 años que cotizan en AFP y producto de una enfermedad o accidente no puedan continuar trabajando. Se trata de un seguro obligatorio, cuyo costo alcanza el 1,41% de la renta imponible del trabajador y que está a cargo de los empleadores.

El monto de la pensión de sobrevivencia depende de la edad del trabajador, el fondo acumulado, el sexo de afiliado. A diferencia de las pensiones de vejez, las SIS son considerablemente mayores en cantidad. El problema para muchos usuarios está en lo engorroso del trámite y pasar por las distintas comisiones médicas.

“El problema es con la calificación de invalidez. Ahí es donde hay que hacer una cirugía mayor. Es poco transparente y muy opaco todo. Cuando se califica una invalidez del 30% es un desastre porque esa gente no puede acceder al mercado laboral y la prestación de vejez no les alcanza para vivir. No se piensa en los intereses de la persona sino de la industria”, dice Patricio Guzmán del movimiento No + AFP.

La invalidez se califica en dos instancias: la comisión médica regional y la central. Ambas se basan en un documento de normas técnicas elaborado en conjunto por la Superintendencia de Pensiones y las AFP.

Según las estadísticas de la Superintendencia -disponibles en su página web- más de 6 millones de personas se encuentran cubiertas por los seguros de invalidez. Sin embargo, la cifra disminuye drásticamente al ver en realidad cuántos son los que terminan con sus seguros de invalidez en la mano.

Según una solicitud por Transparencia a la que accedió El Desconcierto, en septiembre de 2015 habían 6.287.780 afiliados cubiertos por el SIS. El número de seguros entregados ese mes es de apenas un 0,0095% de esa cifra. Es decir, 595 personas.

En el segundo trimestre de 2016, y sin contar las solicitudes por Pensión Básica Solidaria, se iniciaron 9.354 trámites de invalidez. De esas se aprobaron en un primer trámite 4.833, ya sean parciales o totales. Se rechazaron 4.521.

Al igual que con las AFP, las mujeres parecen ser discriminadas por su género. En el mismo período, de 4.218 mujeres que solicitaron el seguro, se les rechazó a 2.363, más del 56%. A los hombres se les rechazó el 40% de las solicitudes.

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“Gabriel” -no es su nombre real- tuvo un accidente fuera de su horario laboral que lo dejó con quemaduras en distintas partes del cuerpo y con su rodilla derecha amputada. Inició los trámites de calificación de Invalidez en su AFP de afiliación, Habitat. Al igual que en el caso de María Hermindia la comisión regional le entregó una invalidez suficiente para la SIS parcial, pero la comisión central determinó que no reunía los requisitos para la pensión.

Su caso fue tomado por la Fundación Valídame, que trabaja precisamente en asesorías a personas para que obtengan sus seguros de invalidez.

“Si me dices que si te quemas y te amputan una pierna y aún así no calificas para inválido parcial, entonces es una norma que está mal redactada. Y entonces la pregunta es: ¿cuál es la razón por la que se redactó mal? Porque la industria la redacta”, dice el presidente de la Fundación Juan Carlos Pizarro.

Consultados por El Desconcierto, desde la Superintendencia de Pensiones aseguraron que la SP audita todos los fallos de las comisiones, pero siempre según la aplicación correcta de la norma técnica.

Cada dos años, la industria de las pensiones realiza una licitación pública para determinar las seis empresas de seguros que deben contratar las mismas AFP para la cobertura del SIS. Como en Chile la previsión está en manos de los privados, son las propias administradoras las que llevan adelante la licitación.

Si bien tanto la Superintendencia de Pensiones como la de Valores y Seguros (SVS) supervisa el proceso, la ley no establece ninguna traba legal para que empresas pertenecientes al mismo grupo económico participen en la licitación y la ganen. Es decir, si alguien es dueño de una AFP y de una compañia de seguros, no hay conflicto de interés -según la ley- para participar en la licitación.

En abril de 2016, el diputado Gabriel Boric envió un oficio al Superintendente de Pensiones Osvaldo Macías solicitando información respecto a las acciones de la SP para evitar que grupos económicos que posean una AFP se adjudiquen una licitación SIS. La respuesta fue tajante: “Los únicos requisitos para las compañías de seguros de vida que participen en la licitación del seguro es que se trate de sociedades ya constituidas a la fecha de la licitación y que tengan la clasificación de riesgo mínima”.

Consultado por El Desconcierto, Boric apunta a los grupos económicos detrás de las empresas de seguros y AFP: “Les venden seguros, les piden plata o derechamente son sus dueños. Al mismo tiempo, financian las campañas de los que luego deben fiscalizarlos y hacen las leyes para regularlos. Es impresentable”, afirma.

Las empresas de seguros y su relación con las AFP

Seis compañías de seguros se adjudicaron la última licitación: Chilena Consolidada Seguros de Vida, Seguros de Vida Security, Ohio National Seguros de Vida, Penta Vida, CN Life y Bice Vida.

La que se llevó la mayor participación fue Chilena Consolidada, filial chilena de la multinacional de seguros Zurich, con financiamiento de 530 millones de dólares en dos años. Los holdings financieros internacionales también están detrás de Ohio National.

CN Life es una empresa del holding Consorcio, de los grupos Hurtado Vicuña y Fernández León. En Penta Vida está el grupo Penta, conocido por el caso de financiamiento irregular ligada a políticos de la UDI. En Bice, por su parte, está el grupo Matte.

Si bien para la licitación 2016-2018 no hay cruce directo entre propietarios de compañías de seguros y de AFP, basta una simple revisión por los negocios de las administradoras de fondos de pensiones para encontrar una relación, ligada principalmente a través de la inversión en bancos. Más de mil millones de dólares anuales se depositan en los bancos Security y Bice, por ejemplo. Ambos pertenecen a holdings que tienen compañías de seguros. Bice es del grupo Matte, cuya principal empresa es la forestal CMPC, de la que las AFP poseen el 11% de la propiedad.

En la licitación anterior (2014-2016), el SIS se lo adjudicaron Rigel Seguros de vida (grupo Del Río), Compañía de Seguros Cámara (perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción, dueña de AFP Habitat), BBVA Seguros de Vida (del banco español del mismo nombre), Bice, CN Life y Penta.

Consultados por El Desconcierto, desde la Asociación de AFP se negaron a participar de este reportaje por considerar que es “evidente” que no hay ningún conflicto de interés en que la industria controle la licitación y que en ella participen empresas en las que las AFP invierten, participen o sean dueñas.

Puerta giratoria: De representar al Estado a representar a los privados

Isabel Rojas es profesora en escuelas públicas de Calama. Tras ser diagnosticada con dolor de raquis crónicos con malversaciones vertebrales, su médico le recomendó solicitar el SIS.

Isabel cuenta que lidió con sus problemas de columna durante años, pero que con los medicamentos le resultaba imposible desarrollar de manera normal su profesión. En Santiago, opiniones médicas le insistieron en que solicitara el SIS.

En su primer trámite le fue bien: la comisión regional le entregó un 56% de invalidez. Las compañías de seguro presentaron un reclamo previo a su evaluación en la comisión central. Finalmente, se le determinó una invalidez de 34%. “Me dijeron que tengo que reintegrarme al trabajo, pero dos neurólogas que he visto me dicen que no puedo”, cuenta Isabel.

En octubre de 2015, un reclamo formal de Compañía de Seguros de Vida ante la comisión médica central pedía revisar el caso de Isabel por estar sobrevalorado. En marzo se negaría su pensión de invalidez. Quien firmó el reclamo es el doctor Gabriel del Río Artigas, quien conoce la industria de las pensiones desde distintas perspectivas.

De acuerdo a información de Transparencia, el doctor del Río trabajó para la Superintendencia de Pensiones entre 1990 y 2010. Del Río fue miembro de la comisión médica metropolitana, central y llegó incluso a ser jefe de la Unidad de Comisiones Médicas. En 2008 participó de la Comisión Técnica de Invalidez, la mesa que elabora las Normas para la Calificación y Evaluación de Invalidez como secretario de la mesa y ministro de fe. Este puesto es de nombramiento exclusivo de la Superintendencia de Pensiones.

En la mesa siguiente, en 2012, Del Río volvió a decir presente, pero desde el otro lado de la mesa. Desde que dejó sus funciones en la Superintendencia, pasó a ser el representante de las compañías de seguro ante la propia SP.

Su nombre figura en la lista de médicos asesores de las compañías de seguros, pese a que llegó a ser jefe de comisiones médicas. Es decir, como en el caso de Isabel, del Río le pidió a sus ex empleados que revisaran el caso. Desde la comisión médica central se excusaron de contestar las preguntas de este medio diciendo que "los médicos no responden entrevistas".