Fallas graves en las manejadoras de aire, problemas en las instalaciones de alcantarillado y el consiguiente cierre de pabellones que no eran aptos para intervenciones quirúrgicas. El caso del primer hospital concesionado, El Carmen de Maipú, puso en entredicho el sistema de concesiones en recintos hospitalarios. Hasta hoy se duda de la relación que sostiene la empresa concesionaria y la dirección del hospital, como reflejó hace unos meses La Tercera.

El modelo de concesiones hospitalarias, inaugurado durante la gestión de Ricardo Lagos y profundizado tanto en la primera administración de Bachelet como en la de Piñera, sigue un camino clásico del Chile de la transición: entregarle a privados el diseño, construcción y gestión de un lugar, a cambio de pagos que les aseguren a las empresas oferentes la obtención de utilidades.

Si bien la presidenta Bachelet anunció que no se concesionarán más hospitales bajo su segundo mandato, todavía quedan algunos pendientes por estrenar. Uno de los más emblemáticos es el Hospital de Antofagasta, obra adjudicada a la poderosa empresa española Sacyr S.A. en febrero de 2013.

Las similitudes de este proyecto con el Hospital de Maipú son demasiadas. Desde principios de este año circulan una serie de denuncias respecto a irregularidades en la instalación de las tuberías del recinto sanitario de Antofagasta, siguiendo la misma lógica que en El Carmen. Estas coincidencias van acompañadas de rostros: los nombres de Ignacio Gysling, hoy jefe de inspectores fiscales del MOP y René Mellado, representante de los ganadores de la licitación de asesoría técnica, Zañartu ingenieros, se repiten tanto en ese recinto como en Antofagasta.

Las irregularidades del Hospital de Antofagasta

“Justo cuando estábamos contentos que el Hospital de Antofagasta estuviera avanzando a pasos agigantados, en el verano recibí una primera denuncia. Se refería a aspectos técnicos de las tuberías”, dice la diputada radical de la zona, Marcela Hernando.

El centro de salud concesionado de Antofagasta ha significado para el Estado una inversión de más de 240 millones de dólares. Con el objetivo de beneficiar a más de 540 mil personas de la región, el avance de la obra se ha dado a pasos agigantados: en marzo de 2016, cuando se cumplían dos años del gobierno de la Nueva Mayoría, el hospital alcanzaba un 50% de avance en su construcción. Hoy el estado de avance supera el 70%.

Sin embargo, una serie de irregularidades en el proceso de construcción han despertado las alarmas sobre lo que ha sido la ejecución de esta obra.

Fue a inicios de 2011 cuando se hizo el llamado a participar de la licitación del proyecto del Hospital de Antofagasta. “El presente llamado se enmarca dentro de la política de financiamiento de infraestructura implementada por el Gobierno de Chile, que busca la participación del sector privado en el ámbito de la infraestructura hospitalaria”, decía el comunicado.

Luego, en 2013, ya había un ganador de la concesión: Consorcio Salud Siglo XXI, perteneciente a la compañía multinacional de infraestructuras Sacyr (a través de Sacyr Concesiones Chile S.A.). La empresa española tiene presencia en más de veinte países en los cinco continentes y ha protagonizado una serie de irregularidades tanto en Chile como en el mundo. Una de ellas fue cuando su ex presidente, Luis del Rivero, se vio involucrado en el Caso Bárcenas, que dio cuenta del financiamiento irregular de empresas al Partido Popular. En España, Sacyr Vallehermoso obtuvo entre 2002 y 2012 un total de 377 contratos públicos por 4.786 millones de euros. Actualmente también está en un entramado judicial por la ampliación del Canal de Panamá -donde lidera el consorcio a cargo de la construcción-, alegando un sobrecoste de la obra de US$ 100 millones.

Por otro lado, en Chile Sacyr ya ha puesto en marcha su cuarta autopista, para el tramo entre Cabrero y Concepción, que generará una cartera de ingresos de 1.027 millones de dólares durante su explotación. La empresa española también estuvo a cargo de la construcción de la autopista Costanera Center, inundada en abril de este año. Según denunció en El Mercurio la periodista María Teresa Nielsen, quien perdió su vehículo en ese episodio, Sacyr intentó comprar su silencio a través de un contrato con una cláusula abusiva que le impedía dar declaraciones en contra de la empresa o de Costanera Norte S.A.

Pero Sacyr no está solo en Antofagasta, ya que a su vez subcontrató servicios para la obra. Los servicios sanitarios fueron delegados a STI Construcción y Montaje Limitada, que ya tuvo problemas en el Hospital de Calama por instalar un material que posteriormente debió retirarse. Una misión que, curiosamente, se le encomendó a la misma empresa.

A nivel de obras concesionadas, el Ministerio de Obras Públicas cuenta con un Inspector de Técnico de Obra (ITO), encargado de fiscalizar el estado de avance de esta. La inspección fiscal a su vez cuenta con una asesoría (AITO), servicio que se licita y que, en el caso de Antofagasta, se adjudicó Zañartu Ingenieros Consultores.

Zañartu es la misma empresa que ha estado involucrada en una serie de escándalos en sus asesorías. Uno es el caso ya mencionado del Hospital del Carmen de Maipú, que presentó una serie de fallas en el sistema de ventilación. Otro episodio fue su labor de asesoría a la inspección de obras de la Costanera Norte, autopista que se inundó en abril de este año. Finalmente, un episodio que tuvo a Zañartu en el ojo del huracán fue su asesoría en el Puente Cau Cau, que le valió la decisión de la Comisión de Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas de suspenderlo por un año de esa lista, algo por lo que la empresa apeló a través de un recurso que fue rechazado por la Corte de Apelaciones (ver fallo).

Las bases de la licitación del Hospital de Antofagasta, realizadas entre el MOP y el Minsal, especificaban que las tuberías del hospital serían de cobre. Sin embargo, en noviembre de 2013 -mediante una carta de Igor Protasowicki, gerente general de la Sociedad Concesionaria Salud Siglo XXI, al entonces Inspector Fiscal Ignacio Gysling-, se dio cuenta de un cambio del material en las tuberías, originalmente de cobre a cañerías de Polipropileno tipo PN 16 Alfafaser. Se trata de un tipo especial de polipropileno (PPR), una tricapa a la que se le añade una fibra de vidrio al medio para mejorar las cualidades mecánicas, de durabilidad y resistencia al impacto, ideal para las zonas nortinas donde el cobre, al estar en mayor exposición a la humedad, se corroe más rápido.

Otra gran virtud es que el material es mucho más barato que el cobre. Por cómo funciona el sistema de concesiones de suma alzada en Chile, este ahorro en el que incurrió Salud Siglo XXI y Sacyr son pura ganancia para la empresa, pues no está obligada a devolver al Estado la diferencia.

En Chile, las instalaciones sanitarias se regulan por el Reglamento de Instalaciones de Agua Potable y Alcantarillado (RIDAA), que dice que todo producto que se quiera vender tiene que pasar por dos filtros: una certificación reconocida -que corre a cargo de una empresa privada- y una autorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que de cuenta de que todo está en orden. Estas dos condiciones deben ser previas a la comercialización del producto. Además, las tuberías que tengan entre 0 y 160 milímetros de diámetros deben estar certificadas por la norma NCh3151, del Instituto Nacional de Normalización. Fuera de esas medidas, existe un vacío legal en cuanto a certificación en Chile, pero aún así se exige cumplimiento de normas extranjeras.

[caption id="attachment_103654" align="alignnone" width="4428"] Michelle Bachelet y Alberto Undurraga supervisan obras Hospital Antofagasta en marzo de 2016 / Agencia Uno[/caption]

Cambio de material

A fines de 2014 la empresa Koalition S.A. fue contactada para por STI y Sacyr para proveer del material PPR Alfafazer requerido por la obra. Ahí empieza una serie de desencuentros que tiene hoy a ambas partes enfrentadas en una querella criminal por estafa. Según cuenta el abogado de Koalition Andrés Sepúlveda, se amarró un acuerdo de palabra entre ambas partes, aunque nunca se suscribió formalmente a un contrato ni a una orden de compra. Algo que tampoco llegaba -y que con el paso del tiempo los empezó a desesperar- era la cubicación del proyecto, que es la estimación de cuánto se va a necesitar del producto para la obra. Pese a esto, el producto Alfafazer -en Chile distribuido solamente por Koalition- aparecía en las especificaciones técnicas, lo que daba cierta garantía. Ya por abril de 2015, la empresa tomó un resguardo y denunció al Minsal que STI podría querer auto generar un desabastecimiento de la obra como excusa para modificar el material.

Lo cierto es que tras meses de desencuentros -que incluyeron una cubicación de media plana que no consideraba fittings ni accesorios de las tuberías- STI llegó en junio de 2014 a las dependencias de Koalition para llevarse dos containers con el material y llevarlos a Antofagasta, previo pago de 120 millones de pesos en cheques en garantía. Tras pedir más plazo para pagar y otras discrepancias por correo, Siglo XXI solicitó formalmente la sustitución del producto PPR Alfafezer al Inspector Fiscal de la obra, Hernán Marambio, argumentando incumplimiento de plazos de suministro por parte de Koalition. Al respecto, explicaban que el cambio sería por el material PPR Beta Fibra de Polifusión que cumpliría, según lo reglamentado, con ser igual o mejor que el producto anterior.

El 28 de agosto de 2015 Marambio envió un oficio a Igor Protasowicki de la Sociedad Concesionaria en el cual señaló que Siglo XXI no presentaba la documentación que da cuenta del incumplimiento de parte de Koalition. Sobre ambos productos, el Alfafazer y el Beta Fibra, el oficio decía: “Ciñéndose sólo a las características técnicas de los materiales informadas por cada uno de los proveedores, no existe una equivalencia técnica entre ellos”. 

[caption id="attachment_103660" align="alignnone" width="2448"] / Oficio Hernán Marambio[/caption]

Opinión que Marambio cambiaría radicalmente en solo dos meses. El 23 de octubre de 2015, envió otro oficio dirigido a Protasowicki que decía: “En la obra del Hospital de Antofagasta se han instalado elementos de PPR que no corresponden a la marca que cuenta con la aprobación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, situación que por lo demás fue reconocida por el Gerente General de Koalition Chile”. Finalmente, el 30 de octubre, Marambio autorizó el desmontaje completo del material PPR que se encontraba instalado y que en esa época llegaba a un 2% de la obra.

[caption id="attachment_103666" align="alignnone" width="2448"] Oficio 2 Hernán Marambio[/caption]

El propio Miguel Lorca, gerente general de Koalition, en un viaje a Antofagasta, reconoció que el material instalado no era el producto PPR Alfafazer que STI se llevó de las dependencias de la empresa. Respecto a que el material de Koalition no estuviese autorizado, dos oficios de la SISS del 22 de septiembre y 21 de octubre -antes de la resolución de Marambio- muestran lo contrario: el cambio se concretó, y pasó a la obra el material PPR Beta Fibra, que ahora, según la concesionaria y el Inspector Fiscal, era equivalente técnicamente al Alfafazer.

[caption id="attachment_103670" align="alignnone" width="1350"] Tuberías de PPR en contacto con soporte metálico en Hospital Antofagasta[/caption]

Los problemas, sin embargo, estaban lejos de terminar. En abril de 2016, la diputada por la zona Marcela Hernando envió oficios a la ministra de Salud Carmen Castillo y al Contralor General de la República Jorge Bermúdez denunciando la instalación de tuberías que no correspondían con la calidad especificada en las especificaciones técnicas.

Según cuenta Hernando, se había reunido con el ministro de Obras Públicas para estudiar el tema del Hospital de Antofagasta, que estaba avanzando a pasos agigantados. Fue entonces, a principios de este año, cuando recibió la primera denuncia respecto a aspectos técnicos de las tuberías. “Se autorizó un cambio por un tipo de tubería de triple membrana, PPR-Fibra-PPR. Empecé a mirar y estas tuberías no solo es que no fueran de ese material, sino que eran solamente de polipropileno, además tenían rugosidades, y aprovechándose de un vacío legal en que la SISS no supervisa ni vigila la calidad ni certifica sobre los 160 mm de diámetro”, afirma.

Entre las acusaciones, que se pueden ver en el oficio enviado a Bermúdez el 4 de abril, se denuncia la instalación de tuberías “hechizas” de diámetro mayor a 160 mm -que quedan fuera de la regulación NCH3151-, trazados no alineados y otras en contacto con metales sin protección. Hernando cita un peritaje de laboratorio realizado a trozos de las tuberías, que concluirían en que no se le puede aplicar ninguna norma y que no corresponde a un polipropileno tricapa PPR-fibra-PPR, como está estipulado en las bases técnicas.

Aquí es donde el tema se vuelve complejo, pues estrictamente el material PP-RCT Beta Fibra cuenta con el visto bueno de una empresa certificadora y del SISS, como se puede ver en la resolución 2024 del 24 de mayo de 2014 del organismo público que adjunta la certificación realizada por la empresa Cesmec S.A.

Sin embargo, desde la propia Superintendencia confirmaron a El Desconcierto que, si bien está todo en orden con dicha resolución, de ella no se desprende que el material sea una tricapa de PP-Fibra-PP. Un detalle de la certificación de Cesmec entrega otra clave: en la descripción del producto se detalla la composición de tubos de polipropileno copolímero random cristalino (PP-RCT), apto para la conducción de agua fría y caliente bajo presión. Solo aparece fibra en el ítem “Marca Comercial”: “Polifusion Beta-Fibra”.

Hasta hace unos días estaba disponible en el sitio web de la empresa las especificaciones técnicas del producto que se está instalando en el Hospital de Antofagasta. En ellas, al igual que en los anteriores, se daba cuenta de que “Beta Fibra” es la marca comercial del PPR y no se especificaba qué tipo de capa era la que tiene entremedio de los dos PPR. Hoy, el sitio se encuentra caído en su totalidad, sin embargo, este medio alcanzó a guardar el PDF del “Manual del Instalador” de los distintos productos de Polifusión S.A. Al mencionar el PPR-CT Beta Fibra, el manual no especifica el contenido de la capa intermedia.

Otro estudio al que tuvo acceso este medio da cuenta de que el material PPR-Fibra-PPR solo es posible fabricarlo bajo la forma de multicapas y no de forma homogénea como lo sería el material que se está instalando en Antofagasta. Un producto realizado de esta última manera sería, dice el informe, de calidad deficiente y con serios problemas de porosidad en su interior. Un tubo con fibra tiene el objetivo de generar resistencia dentro del mismo, cosa que no ocurriría si la fibra estuviera integrada de forma homogénea. Al no generar resistencia, técnicamente no haría diferencia respecto a uno sin fibra.

¿Cuáles serían las consecuencias de que las tuberías tuvieran esta instalación? Según Marcela Hernando, “esto es lo mismo que una placa ateroesclerótica, así como se altera el flujo de la sangre en una arteria que tiene depósitos dentro de grasa y de colesterol, aquí ocurre lo mismo. Vamos a estar evacuando aguas grises o potable a través de tuberías que tienen problemas de flujo y que justamente es en las esquinas donde chocan”.

En agosto de este año, el Ministerio de Salud respondió al oficio que envió en abril la diputada, donde acusaba esta situación. En ella, el Jefe de Departamento de Recursos Físicos del Servicio de Salud de Antofagasta, Luis Caprioglio presenta un cuadro comparativo entre los materiales PPR en cuestión: Alfafazer y Beta Fibra. “En conclusión, se analiza que el ‘Tubo Beta Fibra’ es de similar composición, características y ventajas básicas, entregando un mayor respaldo en las certificaciones de este material”. Sin embargo, el cuadro presentado asegura que las características del Beta Fibra es un tricapa PPR-Fibra-PPR, situación descartada por la propia SISS a este medio. En cuanto a las certificaciones, se incluye la de Cesmec, que da cuenta que el tubo no fue sometido a ensayos y en ninguna parte dice que tenga fibra. 

Pese a la respuesta de Salud a Hernando, desde el propio Minsal reconocieron a este medio que se enteraron de la magnitud de estas denuncias recién esta semana. Al hacerlo, un equipo del ministerio habría constatado en terreno que el material instalado en Antofagasta no correspondería al de las bases del proyecto.

[caption id="attachment_103672" align="alignnone" width="1350"] Tuberías de PPR en contacto con soporte metálico en Hospital Antofagasta[/caption]

El cambio de tuberías no ha sido el único que ha impulsado la concesionaria Siglo XXI. En febrero de 2016, presentó una propuesta de cambio de las luminarias fluorescentes LAMP del proyecto aprobado por unas fluorescentes DISSANO. En marzo, el Inspector Fiscal rechazó este cambio, ya que la asesoría dio cuenta de que las segundas eran de características inferiores a las LAMP.

Para revertir esta situación, la concesionaria y la empresa subcontratada para este ámbito, Monrabal, propusieron un nuevo cambio, solo que esta vez eran luminarias LED de DISSANO, presentadas en el mismo proyecto que esta empresa había ocupado para las fluorescentes. La asesoría estableció una serie de reparos con este cambio, basado en la omisión del proyecto de las particularidades de las LED, la disminución de luminarias con características herméticas de 3.546 a 546, el cambio propuesto de proyectista y que las tablas que justificaban el cambio eran de elaboración propia de Monrabal. Nuevamente, muchas de estas sugerencias no fueron tomadas en cuenta por el inspector fiscal.

Actualmente, la división Antofagasta de la Contraloría General de la República se encuentra realizando una investigación sobre las acusaciones denunciadas acá.

El silencio de los involucrados

Este medio se comunicó con Hernán Marambio, Inspector Fiscal del Hospital de Antofagasta, quien aseguró que la obra tiene hasta esta semana un avance del 71,66% y que no tendrán ningún problema para alcanzar los plazos estipulados para la puesta en marcha provisoria y definitiva, estimadas para el segundo trimestre de 2017 y segundo semestre de 2018 respectivamente.

La disposición de Marambio, sin embargo, cambió radicalmente a la hora de ser consultado por las denuncias por el material PP-RCT Beta Fibra que está siendo instalado en Antofagasta, ya que negó referirse al tema por ser materia de investigación de la Contraloría. Igual respuesta dieron a este medio desde la Coordinación de Concesiones del MOP que dirige Eduardo Abedrapo, quien ya se encuentra en conocimiento de la situación a raíz de una serie de correos con los antecedentes que le fueron enviados la última semana de septiembre.

Desde la empresa que lleva la asesoría técnica fiscal, Zañartu Ingenieros, el jefe de asesores René Mellado también se negó a responder a las consultas de El Desconcierto, argumentando que era el inspector fiscal quien debía dar declaraciones. Tampoco tuvimos respuesta de la empresa productora del material en cuestión, Polifusión.

Una fuente del Ministerio de Obras Públicas confirma el funcionamiento del IF y las asesorías en las obras concesionadas: pueden existir miles de denuncias respecto a una instalación, pero el dueño y señor de la obra es siempre el Inspector Fiscal, pues pese a la montos millonarios de las asesorías técnicas licitadas, estas solo son informativas. Las denuncias en Antofagasta habrían sido relatadas directamente a Marambio, quien las habría desechado.

En otros casos polémicos de concesiones, como los hospitales Maipú y La Florida y el puente Cau-Cau, los principales personajes en entredicho fueron el IF y la asesoría técnica. En ambos se repiten los mismos nombres que en Antofagasta: el inspector fiscal original tanto de Maipú como de Antofagasta fue Ignacio Gysling, hoy jefe de Inspectores Fiscales del MOP. La asesoría de Zañartu estuvo en el Cau Cau, en Maipú y también en Antofagasta.

Otra denuncia que pesa sobre Marambio establecería su relación con la constructora Sacyr. También a través de un oficio de la diputada Marcela Hernando a Contraloría, se cuestionó que, en el marco de la licitación del diseño y construcción del proyecto de normalización del Hospital Barros Luco Trudeau, Sacyr haya presentado dos escritos firmados por el Inspector Fiscal que aseguran que el ciudadano español Fernando Sánchez López se habría desempeñado, desde junio de 2013 a la fecha, como Jefe de Terreno del proyecto del Hospital de Antofagasta.

El problema es que, como asegura la diputada y también como pudo recabar El Desconcierto, Sánchez López no habría sido visto en la obra de Antofagasta. “¿Qué hace que el Inspector Fiscal de la obra del Hospital de Antofagasta emita un certificado falso que beneficia a Sacyr? (...) Esto explica la colusión de Marambio con Sacyr, ello explica la aceptación de materiales, equipos y contratistas que no cumplen con las bases administrativas y técnicas de la obra”, dice la diputada en el oficio, disponible aquí. Al final se pueden ver una copia de los certificados emitidos por Marambio.

En los registros de la Ley del Lobby, Sánchez López aparece como gestor de intereses de Sacyr.

Tapando el problema

Distintas fuentes aseguraron a este medio que está en operación una intensa estrategia para tapar el problema de las tuberías en Antofagasta. El mayor problema está en la instalación de un producto que no está debidamente certificado, lo que pone en duda su calidad para sostener una obra de tal importancia como el Hospital.

Desde la Superintendencia de Servicios Sanitarios informaron a El Desconcierto que el día 22 de septiembre se ingresó una rectificación a la certificación del PPR-RCT Beta Fibra que paliaría los vacíos de la anterior que no especificaba si el producto tenía o no fibra. El tema es complejo, pues el reglamento del RIDAA en su artículo 45 establece que los materiales deben ser certificados antes de su comercialización. Además, la NCh3151, que regula las tuberías de hasta 160 mm, establece pruebas de ensayos de hasta 8.760 horas, es decir, un año completo, por lo que una nueva certificación para el producto retrasaría toda la construcción.

Aún así, el equipo de abogados de la SISS está trabajando en otra salida que no implique el retraso del proyecto. A través de una rectificación, se corregiría un error de una resolución anterior sin necesariamente derogarla. Si esto pasa, esto no sería más que una simple omisión del laboratorio que se corregiría rápidamente. Aunque el problema sigue siendo la calidad del material. Si se inaugura la obra y en un par de años las tuberías estallan, el problema sería aún mayor.

Tanto en el MOP como en el Minsal están en pleno conocimiento de las denuncias. Desde Salud tratan de delegar la responsabilidad en Obras Públicas, que tiene a su cargo la fiscalización de la obra. Reclaman también el silencio desde el otro ministerio, pues dicen que recién el lunes de esta semana le tomaron el peso real al asunto. Para hoy estaría programada una reunión entre ambos equipos ministeriales que tomaría una determinación sobre qué hacer en el caso del Hospital de Antofagasta.

En tanto, esta semana se produjeron las citaciones a diligencias por parte de la PDI a los personajes que este reportaje ha mencionado como los principales involucrados en el caso, y se espera que la próxima semana entreguen su versión de los hechos.