Es necesario aceptar de entrada que, a estas alturas, no es fácil saber qué se quiere decir cuando los diversos actores políticos emplean la fórmula Derecho a decidir. En un principio era la expresión para pedir un sencillo referéndum que permitiera que los ciudadanos de Cataluña expresaran su opinión en cuanto a la forma de vinculación entre su territorio y el resto de España; a estas alturas puede significar eso y, también, la reivindicación de un llamamiento a las urnas organizado unilateralmente para confirmar una independencia de Cataluña decidida por la minoría mayoritaria de su Parlamento. En cualquier caso, la expresión, con su significado variable, se ha convertido para la derecha política española (Partido Popular y Ciudadanos) y para un sector más que mayoritario del PSOE en una frontera impermeable que divide la sociedad política hispana en dos campos: la de los españoles como Dios manda y la de los separatistas que quieren romper la nación más antigua de Europa, como tan reiteradamente afirma –consciente que es una más de sus mentiras- Mariano Rajoy.

Esa fractura nítida entre buenos y malos está sustentada por una lógica política similar a la de la Guerra Fría, cuando la etiqueta de comunista se usaba de manera indiscriminada y abusiva para descalificar cualquier reivindicación de derechos políticos o sociales (hasta el Papa Juan XXIII fue acusado de comunista en ciertos ambientes). Ahora, con un razonamiento paralelo, desde el nacionalismo españolista se considera separatista a quien apoye la idea de consultar a la ciudadanía a propósito de mantener o modificar la actual estructura territorial del Reino de España. Del mismo modo que el Papa Juan XXIII no era comunista ni cosa parecida, ahora también hay de partidarios de saber qué piensan los ciudadanos que en absoluto pueden ser calificados como separatistas; simplemente son demócratas que entienden que no se puede dar la espalda a una realidad política explícita y evidente como la catalana, que ha cambiado mucho desde la década de los setenta. Otros, esto también es cierto, sí que son favorables a independizarse de España, y su objetivo cabe perfectamente dentro de la Constitución de 1978, como una opción política legítima. Es cierto que derecho a decidir puede tener significados distintos para los dos grupos, pero la realidad es que –más allá de esto, que no es cosa menor- los partidarios de ejercerlo son muchos. Y la cifra continua aumentando, a lo que parece.

En cualquier caso, el problema ahora –en este minuto- es que la formación de gobierno en España está en un callejón sin salida y el horizonte amenazante de unas terceras elecciones es muy verosímil. Para la conformación de una mayoría parlamentaria que permita un nuevo gobierno, desde el nacionalismo españolista se excluye como participantes activos a todos los que se declaren partidarios del derecho a decidir. Resulta así que el 61 por ciento de los diputados catalanes en Madrid, 29 de 47, -los de En Comú Podem, ERC y CDC- están excluidos de cualquier pacto aceptable. Es decir que estamos hablando de 29 diputados que no pueden votar a favor de un candidato, pero sí que computan en el resultado final de la votación de investidura (Nota: a favor de la presidenta de la Cámara han votado diez, que todo hay que decirlo, pero si los separatistas votan al PP no hay ningún problema). Una auténtica locura, que aboca a preguntarnos si es posible formar gobierno para España prescindiendo de dos tercios de los representantes parlamentarios elegidos en el Principado, la segunda región que más diputados aporta, después de Andalucía. No hemos contabilizado los diputados del Partido de los Socialistas de Cataluña, que son 7, un partido que, tanto si quiere cómo si no quiere, no puede dar la espalda a algún tipo de consulta a la ciudadanía de su país.

Si abrimos un poquito el mapa y vamos al País Vasco, encontraremos que 13 de los 18 parlamentarios en Madrid –los de Podemos, PNV y Bildu- son partidarios del derecho a decidir, es decir el 72 por ciento. Que éstos no estén actualmente estigmatizados como los catalanes (excepto los de Bildu, que pagan todavía por sus relaciones con ETA) es pura coyuntura. Caerían del otro lado simplemente anunciando el deseo de hacer una consulta similar a la pedida en Cataluña. Podríamos añadir los partidarios del derecho a decidir que están representados en el parlamento de Madrid por otras fuerzas políticas tanto del País Valenciano, de Navarra, de Galicia o de Baleares. En conclusión: por toda España son unos cuántos millones de personas las que, en sus diversas acepciones, apoyan aquello del derecho a decidir. Sólo por eso, más allá de otras consideraciones de salud política democrática, ya sería bueno que el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos reflexionaron sobre la realidad plurinacional de la España actual; aquella que se emperran en no querer ver.

A pesar de que la simplicidad de muchos, entre ellos el propio Mariano Rajoy, les haga creer que negar la existencia del problema es suficiente para no tener que actuar, millones de ciudadanos parecen disconformes con la actual arquitectura constitucional en cuanto a la realidad territorial. Millones de ciudadanos que, además, se concentran geográficamente en la periferia peninsular; de forma que la densidad es casi nula en Madrid, Castilla, Andalucía y Extremadura; significativa en el País Valenciano, Galicia, Baleares o Navarra; y muy elevada en Cataluña y el País Vasco.

Los silencios, la tozudez, las amenazas y la negativa a la negociación política practicadas desde Madrid han provocado una fuga hacia delante de algunos de los nacionalismos periféricos, lo cual hace que la situación sea cada vez más tensa y complicada. Desde Madrid, aquellos que quieren ignorar la realidad plurinacional de España, le niegan la legitimidad a cualquier reclamación que cuestione la sacrosanta unidad de España, para ellos axiomática.

En la medida que el PP, el PSOE y C’s no aborden esa realidad, unas terceras o unas cuartas elecciones podrán dar unos resultados que permitan investir un candidato e, incluso, constituir un Ejecutivo. Sin embargo, el riesgo de que millones de electores españoles entiendan que sus representantes en Madrid son excluidos de la conformación de esas opciones de gobierno no puede tener más que efectos adversos, aunque sea a medio y largo plazo. Además, hoy por hoy, a muy corto plazo, excluir 29 de los 47 representantes procedentes de Cataluña genera un muro separador entre dos realidades políticas que deberían encontrar la forma de superar esa carencia de diálogo que a todos perjudica.