Con cuatro detenidas, todas integrantes de la mesa del espacio de memorias Londres 38, culminó la acción de denuncia de la impunidad, la falta de verdad y justicia ante los 1.132 casos de detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico militar. La acción, que consistió en el teñido de rojo de las piscinas en el frontis de La Moneda y el lanzamiento de gorras militares, fue de inmediato reprimida por carabineros y arrestadas Erika Hennings (esposa de Alfonso Chanfreau, detenido desaparecido en 194), Gloria Elgueta (hermana de Martín Elgueta, detenido desaparecido en 1974), Daniela Cornejo y Macarena Silva.

Este martes 30 de agosto ha sido declarado el día del detenido desaparecido, que es conmemorado por las organizaciones de derechos humanos. En el caso de Londres 38, este sitio de memoria acusó al Estado, y particularmente al gobierno, de complicidad con la impunidad así como en el inmovilismo “en la generación de condiciones políticas, legales y judiciales para conocer la suerte de las personas detenidas desaparecidas” así como su destino final.

En su declaración de prensa y sus voceros, Londres 38 también responsabilizó al Congreso por los intentos de excarcelar a los represores de Punta Peuco, con la excusa de que éstos están ancianos y enfermos. Al mismo tiempo, el sitio de memoria acusa a los tribunales de rebajar sentencias y otorgar libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad, al mismo tiempo que se mantienen ex agentes prófugos sin cumplir las sentencias dictadas por la Corte Suprema, como es el caso del ex jefe de la DINA Ricardo Lawrence Mires.

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Lee acá completa la declaración difundida por Londres 38:

Día del Detenido Desaparecido
Toda la Verdad, Toda la Justicia

Hacemos responsable al Estado de Chile por su inmovilismo y desidia en la generación de condiciones políticas, legales y judiciales para conocer la suerte de las personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura cívica militar.

De 1.132 personas detenidas desaparecidas, apenas 148 han sido ubicadas e identificadas la mayoría de las veces por pequeños fragmentos óseos, ya que la misma dictadura ordenó la remoción de cuerpos para volver hacerlos desaparecer. Por la operación que desenterró cuerpos para arrojarlos al mar, no hay ningún agente acusado, procesado y menos condenado.

Acusamos a las elites políticas, económicas y sociales de la impunidad que impera en Chile. No solo porque los represores mantienen pactos de silencio, sino también porque se ha generado un estado de impunidad institucional, en el que también participan organismos del Estado.

Eso explica que 1.400 agentes estén procesados por crímenes de lesa humanidad, pero solo 117 cumplen condenas efectivas de prisión. Sus condenas son tardías y bajas, pero además los tribunales además de aplicar la media prescripción -que de inmediato rebaja las condenas a la mitad-, ahora están otorgando beneficios por medio de la libertad condicional de estos criminales.

La laxitud del Estado y algunos de sus organismos ha facilitado que criminales como el ex oficial de la DINA Ricardo Lawrence Mires, condenado en decenas de causas a penas de cárcel por los tribunales de Justicia, permanece prófugo casi por dos años.

Acusamos a aquellos senadores que se han coludido en la búsqueda de mecanismos para excarcelar a los criminales de Punta Peuco. Con la excusa de que los condenados están viejos y enfermos, estos parlamentarios quieren burlar la justicia e incluso pasar a llevar convenios internacionales que establecen que los crímenes cometidos por estos represores no prescriben, y no pueden ser amnistiados ni indultados.

El establecimiento de la verdad, el conocimiento sobre el destino final de las personas desaparecidas, así como el accionar de la justicia para investigar y sancionar a los responsables es una responsabilidad que debe asumir el Estado.

La impunidad se reproduce en el tiempo, porque la falta de sanción a los criminales favorece a que los crímenes se repitan. Es así como hoy también permanecen impunes los casos de desaparecidos en democracia, como el de José Huenante en Puerto Montt el 2005, o el de José Vergara en Alto Hospicio el 2015; o los asesinatos por agentes del Estado de Manuel Gutiérrez en agosto de 2011 y David Riquelme en marzo de 2010. A lo que hay que agregar las muertes de comuneros y dirigentes del pueblo mapuche, cuyas luchas además han sido sistemáticamente criminalizadas mientras sus territorios están militarizados.

Todo ello es herencia y resultado de la impunidad que hoy denunciamos.
No Más Impunidad – Toda la Verdad, Toda la Justicia
Londres 38, espacio de memorias
Santiago, Día del Detenido Desaparecido 2016