Chile, México, Perú, Singapur, Vietnam, Brunei, Estados Unidos, Japón, Malasia, y Nueva Zelanda, gobiernos firmantes del TPP(Acuerdo Transpacífico), fallaron el pasado 27 de junio, en responder el fondo de las macizas críticas formuladas en abril por siete relatores especiales y expertos de Derechos Humanos de ONU. La atención urgente de los gobiernos fue solicitada por Karina Bennoune (derechos culturales), David Kaye (libertad de opinión y expresión), Dainus Pras (salud física y mental), Victoria Tauli-Corpuz (pueblos indígenas), Joseph Cannataci (privacidad) y los expertos Alfred de Zayas (orden internacional democrático) y Virginia Dandan (derechos humanos y solidaridad internacional), ante denuncias recibidas.

La respuesta oficial no logra explicar cómo se compatibiliza la negociación y firma del TPP con el derecho a participar en los asuntos públicos, a la salud, a la alimentación y a los beneficios del progreso científico, entre otros derechos humanos como el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y a ser titulares de los conocimientos tradicionales.

Los países cuestionados citaron al Banco Mundial respecto de beneficios económicos del TPP, sin embargo para Chile, se pronostica un aumento de apenas 0,09 del PIB anual, de aquí al 2030, según “Implications of the Trans Pacific Partnership Agreement” (2016), del propio Banco Mundial.

Si no fuera por Wikileaks, las organizaciones y el público general, sin participación real, no habrían tenido idea qué significaba el TPP, ya que el texto completo sólo se publicó en noviembre de 2015, pero para Heraldo Muñoz eso es participación, “a la chilena”.

Los cancilleres no niegan que las patentes durarán más demorándose el ingreso de genéricos y subirán los precios de los medicamentos. Pero se defienden diciendo que a los Estados no se les prohíbe gastar más para proteger la salud pública.

Sobre el rol asignado a los Proveedores de Servicios de Internet (ISP), relacionado con sanciones y bloqueo de contenidos, los gobiernos citan artículos del TPP que promueven el acceso a la cultura, pero callan que eso vale mientras no se infrinja la propiedad intelectual. Ante las objeciones a la firma del convenio UPOV 91 de privatización de la semilla, afirman: “las afirmaciones han sido respondidas en forma completa en otras partes”, sin decir nada respecto del derecho al libre intercambio de semillas ni el impacto en la agricultura familiar campesina.

En cuanto al sistema de cortes arbitrales de Resolución de Controversias Estado/inversores, que incluye la inversión como propiedad intelectual, los gobiernos se remiten a la lírica del Tratado (su prólogo) pero nada dicen respecto de la falta de normas del debido proceso y que el monopolio de las demandas lo tendrán las transnacionales, puesto que ni los pueblos indígenas ni los sindicatos ni otros grupos pueden hacerlo. Señalan los cancilleres que nunca ha habido una decisión de tribunales arbitrales que haya afectado los DD.HH. en forma negativa (caso Ecuador/Chevron, Egipto/Veolia por salario mínimo, entre muchos), afirmación que termina por quitar toda seriedad a la respuesta de Chile y los otros signatarios del TPP.