Mediante dos Decretos Supremos nº26 y 27 del Ministerio de Desarrollo Social, publicados el 21 de junio en el Diario Oficial, se confirmó a los nuevos representantes de los pueblos indígenas ante el Consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).  Los textos fueron publicados los Decretos Supremos que designa

Estos consejeros ejercen por cuatro años y tienen, entre otras responsabilidades, aprobar el presupuesto anual de la Corporación, visar su política de tierras y definir las áreas de desarrollo indígena.

Los nuevos consejeros son el aymará Zenon Alarcón (730 votos); el atacameño, Wilson Reyes (538 votos); el rapa nui, Rafael Tuki (267 votos); el mapuche Marcial Colín en la categoría “indígena urbano” (556 votos) y los cuatro mapuche: Iván Carilao del Biobío (1.447 votos); José Millalén de Araucanía (1.819 votos); Anselmo Nuyado (1.615 votos)  y Emiliana Nuyado, ambos de Los Ríos-Los Lagos (2.418 votos).

Según datos obtenidos mediante Transparencia por Futawillimapu el padrón nacional “indígena" (todas las personas pertenecientes a una “etnia indígena” reconocidas por la Ley Nº 19.253) asciende a 209.733 personas este año. De ellas sólo 24.723 participaron en las votaciones de los consejeros indígenas de la CONADI, es decir, un 11,8%. Las elecciones estuvieron cruzadas por polémicas en todas las regiones, que iban desde la falta de información sobre el proceso, que la supervisión de éste no estuviera a cargo del Servel sino que fuera fiscalizada por la propia CONADI y, por último, la demora en entregar los resultados. Sólo luego de tres días se tuvo los resultados oficiales.

Entre los desafíos de los nuevos representantes estará la transición a la nueva institucionalidad: el Consejo de Pueblos Indígenas, organismo que está siendo discutido en el parlamento y que no es consenso entre las comunidades a lo largo de Chile, ya que muchas se retiraron del proceso de consulta previa de acuerdo al tratado 169 OIT, acusando intervención estatal y vicios en el proceso. Además, existen críticas a la futura institucionalidad ya que en el proyecto de ley se señala que el futuro Consejo podrá "representar" a las comunidades durante los procesos de consulta previa, lo que a juicio de algunos constituiría una suplantación.