Sabido es que los y las estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile protagonizaron una toma de su facultad durante este semestre académico, la cual se prolongó por 23 días para frenar el proceso de expulsiones por motivos académicos que venía desarrollándose en dicha carrera.

Denunciaban que esas expulsiones eran producto de un sistema educativo elitista, segregador, y que potencia la competencia entre pares, ya que la mayoría de los y las expulsados tenían que trabajar para financiar su educación, o eran padres, o tenían tratamiento siquiátrico. Incluso habían estudiantes ciegos entre los primeros eliminados.

Si bien se logró el reintegro de la mayoría de los y las estudiantes afectados, el proceso finalizó con la expulsión de Nicolás Rebolledo, a pesar de las múltiples apelaciones a las cuales recurrió.

Pero el proceso no terminó ahí. Davor Harasic, Decano de la Facultad que asumió el año 2015, inició un proceso de persecución contra todos y todas aquellos que pudiesen ser responsables y “elementos dirigentes” de la justa movilización desarrollada en Derecho.

Dicha contraofensiva criminalizadora se tradujo en un sumario abierto contra Francisco Flores, vocero de la toma, y reconocido activista estudiantil.

No contento con esto, al proceso sumarial interno se le sumo una denuncia en fiscalía por los supuestos destrozos ocurridos al interior de la toma del establecimiento educativo. Así, varios han sido los y las estudiantes que han tenido que entregar declaraciones frente a la Policía de Investigaciones por el proceso judicial abierto.

Así, Melisa Rodríguez, militante de la agrupación feminista Pan y Rosas, y Coordinadora de la Escuela Sindical de la Facultad (que funciona desde hace años ya), fue llamada a declarar frente a la PDI en calidad de imputada por los destrozos. Otros estudiantes se encuentran en calidad de imputados, entre ellos, un ex presidente del Centro de Estudiantes de Derecho.

Junto con esto, los mismos estudiantes de Derecho han denunciado en reiteradas ocasiones que la persecución ha llegado también a profesores, quienes han sido despedidos por ser críticos a la gestión de Harasic.

Frente a todo lo anterior, no nos queda más que denunciar firmemente una evidente persecución política en contra de los y las estudiantes que se movilizaron por justas demandas en la Facultad de Derecho. Es claramente una alarmante política de criminalización y hostigamiento la que el Decano Davor Harasic está llevando adelante contra sus propios estudiantes.

Nos parece pertinente remarcar también que Harasic es socio de Harasic & López Ltda., que llevó parte de la defensa de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, por las acusaciones de cohecho y delitos tributarios en su contra.

Actualmente, el Decano de Derecho juega con un preocupante doble discurso. Se dice a sí mismo un “defensor de la educación pública” e incluso escribió en El Mercurio que “la Universidad de Chile está llamada a pensar en nuevos mecanismos de incidencia social para superar las encrucijadas que estamos viviendo, surgiendo dicha reflexión del trabajo conjunto de nuestros tres estamentos”. Y a eso agrega que “nuestra casa de estudios no puede dejar de ser sede de la discusión racional y abierta, desde las distintas verdades, para enfrentar nuestro devenir como sociedad”.

Pero mientras escribe estas grandilocuentes frases en los medios de comunicación tradicionales, y se llena de un supuesto “espíritu democrático y republicano”, por abajo levanta sumarios contra sus estudiantes de manera arbitraria y no duda en hacerlos declarar frente a la PDI o Fiscalía, por diferencias políticas que mantienen con su propia gestión, la cual no había dudado en expulsar a decenas de estudiantes, que habrían visto cortados sus sueños de estudiar por sencillos “motivos académicos” y una decisión unilateral y autoritaria del mismo Decano.

Escribimos estas líneas porque nos vemos obligados a denunciar firmemente esta situación, y debemos avanzar a impedir las expulsiones y sumarios contra estudiantes por motivaciones políticas.

Si Davor Harasic llevase a la práctica lo que escribe en la prensa, la persecución política en Derecho sencillamente habría pasado a la historia. Lamentablemente, el Decano se desdice y mantiene prácticas autoritarias en la Facultad de Derecho, reminiscencias de un oscuro pasado, que tanto daño le hizo a la educación y a nuestra Universidad.

Francisco Flores, estudiante de Derecho U de Chile víctima de persecución política
Nicolás Rebolledo, estudiante Derecho U de Chile víctima de persecución política
Melisa Rodríguez, estudiante Derecho U de Chile víctima de persecución política
Dauno Totoro, estudiante de Historia U de Chile, vocero nacional ACR