En el marco del Seminario Nacional sobre Derechos Humanos y Empresas, realizado este viernes por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), fueron presentados los resultados del Estudio de Línea de Base encargado por el gobierno al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, a fin de evaluar la aplicación de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en los órganos del Estado y revisar la normativa vigente a la luz de estos estándares.

Judith Schönsteiner, directora del Centro de Derechos Humanos y coordinadora del Estudio, destacó entre las principales constataciones que ninguna institución u órgano del Estado usa estos Principios, que falta regulación y fiscalización en materia de medioambiente y empresas extractivas, que el acceso a la justicia en igualdad de condiciones es un problema estructural y sistémico.

Asimismo, destacó que los acuerdos comerciales deben contar con estudios de impactos en la sustentabilidad y los derechos humanos de la población, antes de ser suscritos, refiriéndose específicamente al caso del TPP, algunas de cuyas cláusulas no permitirían garantizar lo establecidos por estos Principios Rectores a los que Chile ha adherido.

Consultada sobre cuáles serían estas disposiciones, Schönsteiner afirmó que “lo más preocupante es la obligación de ratificar sin más el UPOV 91 y la afectación a la propiedad intelectual ancestral y la semilla, lo que pone en riesgo la sustentabilidad alimentaria. También el uso de plaguicidas y transgénicos, frente a lo que procedería el principio precautorio, por su afectación al derecho a la salud, entre otros que pudimos identificar”.

El Estudio de Línea de Base puede ser descargado aquí