La presidenta Bachelet, quizás sin saber el alcance de sus irresponsables palabra, dice que carabineros no reaccionó según su mandato constitucional en el momento en que se desarrollaba la grave situación que dio como resultado la muerte de una persona, porque los policías se habrían “inhibidos” a causa  del incidente que dejó gravemente herido al estudiante Rodrigo Avilés el 21 de mayo de 2015.

Ni corto ni perezoso, el general director de Carabineros encuentra muy atinadas las palabras de la presidenta y las confirma: el recuerdo de lo sucedido el año anterior les generaba a las tropas tal nivel de desconsuelo, que no intervinieron afectados por esos espantosas rememoraciones.

De haber tenido en cuenta ese alto nivel de sensibilidad emocional de la policía, bastaría que el gobierno o el alto mando disponga que las tropas y los oficiales se interioricen en lo que fue el cometido de Carabineros durante la dictadura, en especial en aquella horrible matanza que terminó con tres personas degolladas.

Quizás las visiones de Manuel, José Manuel y Santiago hubieran tenido en el evidente celo represivo y criminal de los uniformados, una enseñanza de tal envergadura, que los habría dejado solo cumpliendo con sus labores definidas en la ley. Y no dando a conocer sus opiniones mediante el palo y la tortura.

Carabineros de Chile parece no haberse enterado jamás que la dictadura terminó. Y en esa falta de información hay una alto componente responsable de los gobiernos que han utilizado esa fuerza bruta, respecto de la cual instituciones internacionales de derechos humanos ha denunciando como tortura, tratos crueles y degradantes,  para el efecto de controlar la reacción legítima de la gente que se ha visto infinitas veces abusada, engañada, tramitada y postergada.

Tal como en la dictadura, Carabineros entrega su opinión política utilizando para el efecto el movimiento de sus tropas. Es normal que ante una marcha sean ellos los que decidan el momento en que esta termine sin que haya sucedido ni el más mínimo hecho que justifique el ataque con gases, agua y palos.

Y también es parte del  paisaje democrático de la Nueva Mayoría las torturas y malos tratos a los que someten sobre todo a los estudiantes, hombres y mujeres les da lo mismo. Numerosas oportunidades los veedores de Derechos Humanos han sido atacados sin que medie ninguna razón para el efecto.

Hace no muchos días las tropas de Carabineros atacaron el Liceo de Aplicación tal si los de adentro fueran enemigos de la patria y sin ir más lejos, amarraron la veterana puerta de ese colegio a un vehículo y la despachurraron sin ninguna necesidad.

¿Habrá mediado la orden o petición  de la alcaldesa Tohá, más atinada en recibir plata de los asesinos de su padre que en resolver los graves problemas por los que atraviesa la educación  municipal a su cargo?

Más al sur, la presencia de tropas armadas como para la ofensiva final ocupan los caminos de los campos que los mapuche disputan a las empresas forestales que han  arrasado con la tierra, con la valiosa ayuda en contante y sonante del Estado de Chile.

En esa ocupación según fuentes fidedignas, han sido asesinados al menos doce mapuche, muchos de ellos baleados por la espalda por funcionarios de Carabineros. En esas tierras castigadas se vive un estado de sitio.

La responsabilidad de Michelle Bachelet en su nuevo desatino que promueve y ampara mayores grados de represión y de irresponsabilidad policial, llega a niveles impactantes por sus alcances y rasgos patológicos.

Cuesta entender que esa declaración de la presidenta las haga en su sano juicio, sin discurrir el efecto que pueden tener esas palabras en el caso de la persona muerta encerrada en el edificio del Consejo de Valparaíso.

Cualquiera que haya ido aunque sea una sola vez a una marcha en la cual irrumpen las tropas de las Fuerzas Especiales, sabrá que éstos dejan hacer cuando se trata de encapuchados haciendo destrozos.

Y que gustan de arremeter en contra de quienes ejercen su derecho en forma pacífica. Resulta más fácil. Y de paso se criminaliza las marchas y se estigmatiza al que hace uso de su derecho a reclamar de manera racional.

Tal es así, que ya no resulta muy extraño que los tribunales rara vez procesan  algunos de los peligrosos prisioneros de la policía. Y se ven en la obligación de dejarlos en libertad una vez que se demuestra que son absolutamente inocentes.

No han sido pocas las veces que torpes funcionarios policiales han sido descubiertos entre los grupos extraviados que creen que  voltear un semáforo o saquear una farmacia es el epítome del revolucionario. ¿Vigilan o inducen?

Un país decente, por lo menos decente, requerirá de un cuerpo de Carabineros depurados por completos de los criterios que los hacen ser meros castigadores de sus paisanos. Un país sano no puede considerar un trabajo honesto y normal aquel en que un sujeto tiene por misión golpear a otros. Esa práctica solo deshumaniza, y crea seres cuyo sentido de lo normal se atrofia irremediablemente.

Y, por sobre todo, habrá que tener presidentes o presidentas que jamás hagan declaraciones tan absurdas y patológicas como las que pretendan justificar por vías absurdas el abandono de los deberes policiales al extremo de parecer cómplices de una situación tan lamentable que terminó con la muerte de un hombre inocente.