La decisión del Tribunal Constitucional respecto a la reforma laboral sin duda fue un golpe duro para la Nueva Mayoría. La inconstitucionalidad de la titularidad sindical atacó lo que las autoridades han señalado como el “corazón” de la reforma. Frente a ello es que el gobierno aplicaría un veto a ciertos aspectos de la reforma, tratando de reequilibrar las propuestas, lo que en otras palabras ha sido afirmar que la titularidad era el único avance dentro de una serie de concesiones al empresariado.

En efecto, la inclusión de la titularidad inquietó de manera excesiva a los empresarios, por lo que el gobierno tuvo que concederles puntos que ellos hace tiempo anhelaban, como los pactos de adaptabilidad y las adecuaciones necesarias (reemplazo en huelga). De esta manera, una vez más se replicó el modus operandi concertacionista, uno que debe pedir permiso al empresariado y hacerle regalos cada vez que algo les moleste.

Ahora bien, uno podría pensar que en eso consiste la política: lograr acuerdos, avanzar en la medida de lo posible, etc. También se podría pensar que las concesiones valen la pena por lo que se logra. Pero luego de 20 años de gobiernos de la Concertación y 2 años de Nueva Mayoría, ya no estamos para comprarnos cuentos.

La titularidad sindical era un avance, sin dudas. Toda medida tendiente a reforzar el sindicato como la organización con la que cuentan los trabajadores para negociar colectivamente es algo positivo que debe defenderse. Pero lo cierto es que como bien señala el abogado José Luis Ugarte, la titularidad sindical no es una estructura relevante en el Plan Laboral[1]. Así lo muestran los datos también. Al analizar todos los casos de negociaciones colectivas registrados en la Dirección del Trabajo, de enero del 2013 a septiembre del 2015, tenemos que sólo el 16,18% de las negociaciones llevadas a cabo cuentan con la presencia de grupos negociadores.

Esto plantea serias dudas sobre el compromiso de la Nueva Mayoría con una reforma laboral que realmente apunta a cambiar la desbalanceada relación entre trabajadores y empleadores. ¿Valía la pena conceder puntos tan sensibles como los pactos de adaptabilidad o el reemplazo en huelga por una situación que afecta un porcentaje tan bajo de negociaciones colectivas? Es como haber dejado que les metieran 10 goles a cambio de que les permitieran hacer apenas uno. Es comprensible que una reforma no pueda abarcar todo lo que se quiera, pero cuando se incorporan retrocesos importantes en contraposición a avances mínimos, el problema es la orientación política.

Así pues, la NM está dispuesta a defender con diente y muela una medida que es necesaria, pero que en ningún caso toca los elementos medulares del Plan Laboral. Y está dispuesta a acceder a viejas peticiones del empresariado con tal de que se apruebe. Pero en ningún caso está dispuesta a incorporar elementos que sí son centrales y requisitos indispensables para que los trabajadores puedan negociar en mejores condiciones. Negociación ramal y derecho a huelga son los grandes ausentes del debate. Esas son las medidas que verdaderamente podrían balancear una reforma que ciertamente tiene más beneficios para los empleadores que para los trabajadores.

Por otra parte, llama la atención también la actitud acrítica de la Central Unitaria de Trabajadores. Esto se manifiesta en distintas acciones: i) la marcha del 22 de marzo, cuando la reforma ya estaba totalmente arreglada; ii) sólo han criticado el TC en lugar de criticar la mala reforma, iii) sólo después del fallo del TC han demandado el veto de los retrocesos más importantes de la reforma. La frase que se dijo hace tiempo, sobre que se estaría con “un pie en el gobierno y otro en la calle” adquiere sentido a la luz del actuar de la CUT. El organismo se ha dedicado a llevar la agenda del gobierno a la calle (o afuera del gobierno al menos, porque mucha calle no ha habido tampoco) y le ha seguido el juego mediático en torno al tema de la titularidad y del fallo del TC en lugar de apuntar a las ausencias críticas de la reforma y los golpes que ésta le da a los trabajadores.

De esta manera, si la titularidad era el “corazón” de la reforma, no había mucho que esperar de ésta. Fue mala desde un comienzo. Ahora está peor y la falta de convicción y consenso dentro de la NM respecto a qué hacer a continuación y qué postura adoptar frente a lo que queda de la reforma da poca esperanza de que la cosa mejore. Aunque lo más preocupante es la actitud condescendiente de la CUT, más pendiente de la agenda mediática de la NM que de los intereses de los trabajadores. La titularidad sindical debe lograrse, pero no al precio que el gobierno y la CUT estaban tan dispuestos a pagar.

[1] http://www.theclinic.cl/2016/05/08/jose-luis-ugarte-y-fallo-del-tc-es-mas-regresivo-que-el-plan-laboral-de-la-dictadura/.