El Programa Mercosur Social y Solidario (PMSS), integrado por 16 organizaciones de 5 países de la región, expresó su repudio a la decisión de una mayoría de los integrantes de la Cámara de Senadores de Brasil, de aprobar el inicio del juicio político a la presidenta de dicho país, Dilma Rousseff, y al mismo tiempo lamenta la utilización de herramientas del sistema democrático -en este caso el juicio político- mediante actos ilegales.

A través de un comunicado de prensa, PMSS señaló que "tal como lo manifestáramos en abril pasado, cuando una mayoría de la Cámara de Diputados había dado su aprobación al inicio del juicio político a Rousseff, la comisión de actos de corrupción u otros delitos, como el denominado crimen de responsabilidad, son los únicos argumentos admisibles para iniciar un juicio político. Sin embargo, hasta el momento ninguna acusación penal ha sido presentada contra Rousseff ante la justicia, y ni el Senado y ni la Cámara de Diputados encontraron elementos que indiquen que ella haya cometido un acto de corrupción u otro delito!.

Según las organizaciones sociales, "si bien es constitucional la herramienta del juicio político, su utilización debe estar avalada por actos apegados a la legalidad, lo cual no ha ocurrido en este caso. Aquí, al acusar a Rousseff de actos que supuestamente cometió, pero sin que sean demostrados, por quienes votaron a favor del juicio político, se está cometiendo un acto de absoluta ilegalidad, que no solo vulnera los principios del debido proceso, sino que además es atentatorio a la voluntad popular que eligió a Rousseff como presidenta".

"Esta situación de aprobación del impeachment, nos lleva a la reflexión de cómo determinados sectores -sea cual fuere el interés que tengan- logran deslegitimar las herramientas del sistema democrático a través de una coyuntural mayoría parlamentaria, en connivencia con grupos de poder y los medios de comunicación hegemónicos. Y así pretenden encubrir estas prácticas políticas a través del uso de herramientas de la democracia formal", continúa el texto.

Añade que "este inicio del juicio político por parte de una mayoría del Senado, que a la vez implica que la presidenta queda temporalmente apartada del Ejecutivo, claramente puede tener serias implicancias en el accionar del Mercosur, ámbito en el cual deberían analizarse los efectos políticos, económicos y sociales que pueden darse en el conjunto de los países del bloque".

Finalmente señala que "más allá de lo que pareciera ser una clara intención de golpe institucional, el STF (Supremo Tribunal Federal) debe expedirse retomando la senda del respeto a la Constitución y a la legislación brasileña, no haciendo lugar a la destitución de la misma. De lo contrario, se convalidaría una clara violación a la voluntad popular mayoritaria a favor de Dilma Rousseff manifestada en las últimas elecciones presidenciales".

Las organizaciones firmantes de esta declaración son Acción Educativa Santa Fe (AE); Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC); CANOA Hábitad Popular; Centro Nueva Tierra; Instituto de Cultura Popular (INCUPO); Instituto de Estudios Jurídicos-Sociales de la Mujer (INDESO-Mujer) de Argentina; Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural (ASSESOAR); Centro de Ação Comunitária (CEDAC); Centro Ação Cultural (CENTRAC) de Brasil; ECO Educación y Comunicaciones; Servicio para el Desarrollo de los Jóvenes (SEDEJ), de Chile; Centro de Documentación y Estudios (CDE); Decidamos, Campaña por la Expresión Ciudadana; Servicio Ecuménico de Promoción Alternativa (SEPA) de Paraguay y Centro Cooperativista Uruguayo (CCU); Centro de Participación Popular (CPP) de Uruguay.