Chiloé, Los Lagos y el sur del país están atravesando por una grave crisis socioambiental. Se han sucedido diversos hechos que la grafican: varazón de moluscos en Ancud y Chonchi, varazón de 600 tns. de sardinas en Queule, marea roja que se extiende ya dos meses a lo largo del archipiélago llegando hasta Valdivia, y 40 mil toneladas de salmones muertos. Estos eventos entorpecen o definitivamente bloquean la capacidad de las comunidades de desarrollar sus actividades económicas fundamentales. Se han sugerido diversas causas para explicar esta crisis. Mientras las autoridades (Sernapesca, Gobernación, IFOP) sostienen que se trata de un evento masivo de marea roja que es recurrente en la zona, organizaciones sociales y habitantes apuntan a las 5 mil toneladas (declaradas) de mortalidad de la industria salmonera vertidas al mar, como responsable de la intensificación de la marea roja y la muerte de los recursos marinos silvestres.

Lo cierto es que la industria salmonera desde el principio de sus operaciones en la región ha estado involucrada en dinámicas con efectos ambientales, sociales y económicos negativos. El año 2008, por ejemplo, la misma industria fue responsable de la propagación del virus ISA por sus pésimas prácticas sanitarias, lo que generó alta mortandad de peces, crisis de desempleo, y llevó a la quiebra a muchos de sus proveedores. El biólogo Héctor Kol, quien ha seguido los conflictos de la salmonicultura, ha advertido lo que se venía para la región: ya el año 2009, en Aysén, el virus ISA fue el causante de la mortalidad de todo el centro de cultivo Repollal (AquaChile). Al poco tiempo de podrirse los salmones en las balsas-jaulas, se registraron muertes de bancos naturales de almejas, erizos y choros, y recolectores al entrar en contacto con el mar sufrieron de alergias y ronchas[1].

Este nuevo evento viene a confirmar que la industria salmonera vive permanentemente en un estado de crisis. Se vuelven a registrar malas prácticas ambientales, extendiendo toneladas de salmones muertos en el mar, amenazando las fuentes de empleo de los trabajadores del salmón y los medios de subsistencia del resto de los habitantes, con un impacto ambiental tremendo que aún no somos capaces de dimensionar en su totalidad. Frente a ello, destaca la irresponsabilidad de las autoridades involucradas. Sin ir más lejos, el Director Nacional de Sernapesca, José Miguel Burgos, aseguró que el vertimiento de salmones podridos es un procedimiento inocuo para el ecosistema y avalado científicamente.

La expansión de la industria salmonícola ha sido promovida por el Estado. De hecho, ha sido uno de los focos de desarrollo industrial desde los años 90’, que se arropó de subsidios estatales para surgir y mantenerse, y luego para levantarse de sus episodios de “quiebra”. El rescate de 450 millones de dólares que otorgó Bachelet en su primer periodo como presidenta es paradigmático, aduciendo que afectaría el empleo, cuestión que se descartó con la posterior tecnificación de los procesos en centros de cultivo. Sin duda, como destaca Kol, ese periodo es “el más salmonero de los gobiernos de la concertación”, esperemos que la secuela no sea igual.

El modelo de desarrollo industrial utilizado en la industria del salmón ocupa las mismas lógicas subsidiarias que están siendo cuestionadas ampliamente en nuestra sociedad. Mediante subsidios se financian proyectos de investigación aplicada para aumentar la productividad salmonera, se entregan mayores concesiones acuícolas y se facilita el establecimiento de nuevas empresas del rubro. Además, las instituciones estatales modeladas por la lógica subsidiaria otorgan facilidades tributarias para la exportación, y últimamente como broche de oro garantizan la relocalización de las salmoneras, una vez que saturan de contaminación el mar que les había sido concedido.

La “modernización social” bajo las lógicas subsidiarias permite construir carreteras y caminos para el tránsito de productos y la electrificación de localidades lejanas, pero no alcanza para el desarrollo de la infraestructura mínima para la vida. No está en el horizonte del plan de desarrollo de la salmonicultura en el sur de Chile la construcción de la infraestructura mínima para la vida de los nuevos trabajadores del sector. No hay planes para la construcción de un hospital público en la Isla de Chiloé, ni de una Universidad, tampoco hay alternativas de empleo ante contingencias de este tipo.

Bajo las lógicas subsidiarias, los recursos del Estado se escurren rápidamente a bolsillos privados, mediante medidas de salvataje para empresas que son incapaces de sostenerse por sí mismas ni de hacerse cargo del desastre socio ambiental que dejan. Así, apuntan en la dirección contraria a lo que uno esperaría de un proyecto de modernización industrial, y pueden sindicarse como responsables del desmantelamiento de derechos sociales en la región.

Hoy es necesario organizarse para hacer frente a la urgencia, pero sin olvidar lo importante: las causas de este desastre ambiental están en nuestro modelo de desarrollo social. Sus rostros son el lobby de salmoneras y su imbricación con las instituciones del Estado responsables de encubrir las malas prácticas de una industria destinada a la quiebra. Ellos van a seguir operando bajo estas lógicas y nosotros no podemos esperar soluciones ni proyecto estratégico de su parte.

Si queremos cambiar la realidad de Chiloé mirando a largo plazo, esta crisis no debiera remontarse apuntando sólo a una demanda por dinero: las causas no son económicas, ni técnicas, sino políticas, y es en la arena política donde se define la posibilidad de generar la vida y territorio que queremos para los nuestros. Ya surgen las voces que servilmente promueven dar la espalda al mar, dejando el espacio y recursos para que lo recuperen los salmoneros, continuando las mismas prácticas extractivas nocivas, pero con un discurso sustentable y mayor tecnificación.

Las intenciones de los habitantes del territorio siempre son más lúcidas que la de quienes quieren acumular ganancias y no son capaces de medir las consecuencias negativas. En esa dirección, la Encuesta Provincial del Centro de Estudios Sociales de Chiloé: Chiloé y sus prioridades, el 95,06% de encuestados creen “necesario ampliar la oferta laboral y no depender tanto de la industria del salmón”. Coincidente con ello, sostenemos que la posibilidad más cierta y contundente de cambiar este escenario a favor de chilotes y chilotas, será gestando organización y deliberación colectiva, con la perspectiva de recuperar la democracia para hacer frente al gobierno del mercado, y tomar así la vida en nuestras propias manos.

^[1]              http://sinrepresassinsalmoneras.blogspot.cl