Las millonarias defraudaciones con los fondos reservados del cobre evidenciaron en las últimas semanas las profundas fracturas éticas y democráticas al interior del ejército y de determinados sectores de la civilidad, aún a 25 años de recuperada la democracia.

En los hechos, miles de millones de pesos fueron desviados desde la Ley Reservada del Cobre a bolsillos de uniformados y proveedores del ejército, sin que hasta ahora exista siquiera un monto final estimado de estas malversaciones, como tampoco una lista definitiva de todos los involucrados en la causa que investiga la fiscal militar Paola Jofré.

Sólo el cabo Juan Carlos Cruz, uno de los dos detenidos en el proceso junto al coronel Clovis Montero, gastó 2.400 millones de pesos en el casino Monticello desde 2008, según un informe de esa casa de juegos entregado a la Justicia Militar.

El propio uniformado admitió a la PDI que en una sola noche despilfarró 60 millones de pesos, un monto que un trabajador medio tardará casi dos décadas en ganar. “Le perdí el sentido al dinero”, se justificó Cruz, quien trabajada en el Comando de Apoyo a la Fuerza, entidad encargada de administrar los pagos de la Ley Reservada del Cobre.

Pero el insólito dinero jugado por este cabo en las tragamonedas, que equivale a 240 dietas parlamentarias, es sólo la punta de un iceberg muchísimo más extenso.

Lo que está en cuestión es la absoluta opacidad política, técnica y administrativa con que las fuerzas armadas compran sus armas a través de la Ley Reservada del Cobre. Son operaciones que no puede revisar ni siquiera por la Contraloría General de la República.

Y esa absoluta falta de control civil provocó finalmente un caos de proporciones. El ejército pagó facturas ideológicamente falsas, facturas no reconocidas por el Servicio de Impuestos, facturas robadas, facturas duplicadas, facturas de empresas con término de giro.

Lo que está en cuestión es la absoluta opacidad política, técnica y administrativa con que las fuerzas armadas compran sus armas a través de la Ley Reservada del Cobre. Son operaciones que no puede revisar ni siquiera la Contraloría General de la República.

Pero este tampoco es el tema de fondo. Hay un punto aún peor que el desfalco y la falta de transparencia. O que la existencia de leyes secretas en democracia.

Lo que realmente es inaceptable es que no exista ningún debate democrático sobre la pertinencia de que miles de millones de dólares sean destinados a la compra de armas en cada gobierno, en un país donde aún hoy existen 160.000 chilenos viviendo en campamentos o donde aún tenemos 1.800 colegios sin agua caliente, por nombrar sólo dos precariedades extremas.

Si nada cambia, Chile destinará otros 10.000 millones de dólares a la compra de armas entre 2015 y 2025, sin siquiera considerar la adquisición de municiones y el gasto en mantenimiento de equipos bélicos que pueden sumar otros 5.000 millones de dólares en ese lapso.

Ambas cifras, que triplican lo que pedían los estudiantes en las marchas de 2011 para otorgar educación gratuita a todo el país, tampoco consideran los otros 4.200 millones de dólares que las Fuerzas Armadas tienen guardados y sin uso en sus cuentas corrientes, destinados a hipotéticas compras de aviones, submarinos o tanques, según reportajes publicados las últimas semanas en la prensa internacional.

Sin considerar el gasto en mantenimiento, Chile destinará de esta forma casi 15.000 millones de dólares a la compra de armas en este período, incluyendo los ahorros existentes para este ítem y los ingresos presupuestarios futuros.

Son cifras profundamente poco democráticas y no se condicen con un país donde aún la mitad de los trabajadores percibe un salario inferior a los 270.000 pesos, menos de 400 dólares al cambio actual.

Con estos gigantescos montos, administrados bajo total opacidad, Chile podría construir los 30 hospitales nuevos que requiere el sistema de salud y cuyo costo es de 3.000 millones de dólares, destinar 1.000 millones de dólares a construir viviendas para las 34.000 familias que viven en campamentos, invertir otros 1.000 millones de dólares en ciencia y tecnología e invertir 5.000 millones de dólares en edificar 1.000 liceos de excelencia.

Y aun así sobraría dinero. Mucho dinero.

Resulta inentendible por tanto que los parlamentarios, los ministros o la propia presidenta no aborden decididamente esta situación en un país, donde un millón de chilenos espera atención médica hace meses en el sistema público de salud y donde las pensiones medias apenas se empinan a los 150.000 pesos, un poco más de 200 dólares.

El dinero, seamos realistas sin renuncia, no escasea en Chile, sino que está profundamente mal distribuido. O peor,  simplemente atrapado en las arcas de las fuerzas armadas y la Ley Reservada del Cobre, uno de los últimos vestigios de la dictadura y los acuerdos de la transición.