Una vez más, como cada año, se ha cumplido el ritual de entregar públicamente los resultados nacionales de la prueba SIMCE. Entonces se desatan supuestos análisis de supuestos expertos que supuestamente están preocupados por los resultados de este supuesto indicador de una supuesta calidad educativa.

Todo en realidad en un gran supuesto, porque no hay fundamentos con consistente respaldo teórico ni evidencia empírica, que permita sostener que los puntajes en estas pruebas estandarizadas son expresión de una buena educación.

El drama de nuestra educación, es que de manera irreflexiva e inconsulta se impuso desde finales de los años 80 el concepto de “calidad educativa” asociado a mediciones estandarizadas, estableciéndose una burda simplificación de procesos complejos y fundamentalmente cualitativos como son los aprendizajes. Este empequeñecimiento del sentido de educar fue incorporado en época de la dictadura militar, pero justo es decir que ellos solo alcanzaron a esbozar tibiamente la instalación de estas concepciones. Fue a partir de los años 90, con el advenimiento de los gobiernos concertacionistas que la estandarización de la educación se consolidó dramáticamente y se llevo el endiosamiento de los puntajes a niveles delirantes.

Este endiosamiento por los rendimientos SIMCE fue incubándose gradualmente durante los sucesivos gobiernos, que a su vez, fueron profundizando esa lógica en sus políticas, hasta su paroxismo máximo durante el gobierno de Sebastián Piñera, cuando el Ministro Joaquín Lavín tuvo la genial idea de crear los semáforos SIMCE que clasificaban a los colegios con color verde, amarillo o rojo según los puntajes obtenidos. Finalmente, una medida tan burda tuvo poca duración porque hasta los defensores más acérrimos del modelo mercantilizado del quehacer educativo sintieron pudor de tan boba categorización, pero evidenció a los extremos a los que podía llevar esta lógica de la estandarización. Sin embargo, una suerte de “semáforo implícito” sigue vigente cuando en la actualidad se publicitan los resultados y se generan rankings por comunas o por tipo de sostenedor, información que además suele entregarse en bruto, no desagregando por nivel socioeconómico por ejemplo, lo cual distorsiona la percepción de la opinión pública, que recibe información descontextualizada y por ende parcial y sesgada.

El gobierno actual prometió revisar esta demencial carrera de rankings, semáforos, competencia, presiones, adiestramiento, etc., incluso creando la infaltable comisión con que suele amortiguarse las demandas de solución a diferentes problemáticas. Ciertamente, dicha promesa no se ha cumplido, porque más allá de algunas medidas puntuales como una disminución en el número de pruebas o la tenue incorporación de otros indicadores de calidad en la evaluación, lo concreto, es que se trata de medidas absolutamente insuficientes y más bien efectistas en lo comunicacional pero que no modifican la esencia de la concepción estandarizada y reducida de la educación.

El tratamiento a los resultados que se ha dado a las pruebas 2015 son el claro reflejo que se sigue sosteniendo por parte de las autoridades que el puntaje SIMCE es sinónimo de calidad de la educación, concepción que discutimos frontalmente y sobre lo cual hay contundente evidencia para refutar tan reducida idea del quehacer educativo.

Lo que necesitamos con urgencia, es sacar este debate de las restringidas esferas de los especialistas y convertirlo en una discusión pública, con amplia participación ciudadana, donde avancemos en la clarificación acerca de los que le pedimos a la educación como misión. De ese debate deberían salir las luces sobre hacia dónde debe direccionarse el quehacer educativo y puedo afirmar con cierto grado de certeza, que de ninguna manera es hacia esta demencial carrera por los puntajes a la que hemos estado sometidos por casi 30 años.