El año 2004 el Informe sobre Prisión Política y Tortura, más conocido como Informe Valech, estableció que durante la dictadura  en Chile habían funcionado 1.132 recintos de detención y tortura, y en sus recomendaciones conminó al Estado a declarar como Monumento Nacional los principales centros de detención. Han pasado más de diez años de esa recomendación y poco o nada ha hecho el Estado para implementar esa medida como una iniciativa pública.

Hacia el año 2004 la práctica de la declaratoria ya estaba siendo ejecutada por la sociedad civil a través de las solicitudes interpuestas por agrupaciones de víctimas, familiares y amigos, personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la memoria, ante el Consejo de Monumentos Nacionales, para proteger y en el peor de los casos intentar evitar la destrucción de ex centros de detención. Cuando se publicó el Informe, cuatro recintos ya habían recibido la declaratoria de Monumento Nacional, a la fecha suman trece, y la mayor parte en Santiago.

El movimiento ciudadano que se ha generado en torno a la recuperación de ex recintos de detención, tortura y desaparición de la dictadura es una manifestación inédita de construcción patrimonial, en la cual la obtención de una declaratoria de Monumento es parte de un proceso mayor de acciones sobre el recuerdo del pasado reciente, dirigido a asegurar que sitios significativos para un conjunto de memorias y el conocimiento de la historia, puedan estar disponibles también para las futuras generaciones.

Como en todas las iniciativas relacionadas al recuerdo de la violencia política por medio de la cual la dictadura asoló al país durante 17 años, el Estado ha actuado reactivamente ante las demandas de la sociedad civil. En el caso de las declaratorias de monumentos nacionales, a pesar de que el Informe Valech las recomienda, aún no se ha sabido que formalmente se hayan tomado las medidas para ejecutar esa recomendación sobre un conjunto de bienes que ya están identificados en el mismo Informe. Aún así las solicitudes de declaratoria introducidas por agrupaciones y colectivos están siendo aceptadas, pero en cada una de ellas persiste la incertidumbre de si será aprobada, de cuál es la relación entre las recomendaciones del Informe y el procedimiento que cada agrupación sigue en el proceso técnico y el resultado de ella. O por ejemplo si luego de trece declaratorias y más de diez años de publicado el Informe, el Estado ha dispuesto recursos específicos para esas solicitudes en particular, para apoyar así el proceso técnico de elaboración de los expedientes que luego se presentan al Consejo que finalmente delibera sobre la otorgación o no de la declaratoria.

Si la incertidumbre existe en el proceso de declaratoria, la situación se agudiza en relación con la sostenibilidad de los ex recintos que han sido recuperados, transformados en lugares de memoria y declarados monumento nacional, pues como digo la declaratoria es sólo una de las acciones utilizadas en el proceso de transformación. En este punto hay más desamparo aún, a pesar de que todas las acciones desarrolladas en los sitios de memoria que hoy se encuentran abiertos están dirigidas a que la sociedad en su conjunto pueda acceder a ellos. En este sentido, la recuperación de ex recintos de detención se funda en la convicción de que en su condición de lugares de memoria y sitios históricos, éstos son verdaderos bienes públicos. Ante la ausencia de cualquier medida pública dirigida a apoyar la sostenibilidad de esos lugares, la discrecionalidad en las instituciones del Estado es más alta aún. Por ejemplo, cuando los lugares recuperados son de propiedad estatal o han pasado a serlo en virtud de la demanda de recuperación, se diversifican los interlocutores para la obtención de un comodato de acuerdo al servicio público que tenga la titularidad de la propiedad. Y de cuántos años de comodato estamos hablando?, no siempre el alcance es el mismo para todos los lugares.

Pero ¿qué pasa si no hay un movimiento organizado para la recuperación de un lugar, por emblemático que este pueda ser, como ocurre con el Cuartel Borgoño de la Policía de Investigaciones en Santiago?, cuyo último inmueble corre el riesgo de ser destruido como justamente está pasando en estos momentos. Además de la desaparición de la materialidad misma, es dramático advertir que esta situación no es nueva, baste recordar el caso de Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y de la Clínica London que sencillamente ya se esfumó, y para qué seguir…. Si el Estado hubiese seguido las recomendaciones del informe que él mismo encargó elaborar, no estaríamos ante esta situación, pero es más, si las instituciones del Estado que han intervenido en los procesos de recuperación procesaran mínimamente la información y experiencia acumulada (no sería tan audaz como para llamarle conocimiento, claramente éste reside en otra parte), entenderían que las demandas por recuperar y abrir ex recintos de detención no van a cesar, y que los próximos lugares que serán exigidos serán recintos militares o policiales en uso o en desuso. De hecho ya ocurrió con Rocas de Santo Domingo, y está pasando con la solicitud de declaratoria de “La Providencia” en Antofagasta, en manos de Carabineros de Chile desde 1974, quienes han impedido la necesaria visita técnica por parte del Consejo de Monumentos Nacionales para continuar con la elaboración del expediente técnico.

Pero además de la pérdida patrimonial, es obvio que la destrucción de lugares atenta contra la disponibilidad de medios de prueba para los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos, tal vez en Chile no sea muy usual que los ex recintos de detención sean valorados también de esa forma, pero esto no tiene porqué seguir siendo así en el futuro.

Si el Estado considera que luego de 25 años de procesos de memorialización por recuperación y apertura de recintos de detención a solicitud de la sociedad civil, una política dirigida a estos espacios sigue resultando innecesaria, no sólo se equivoca sino que además devalúa el inédito impulso y voluntad ciudadana por construir patrimonios que se sostienen en memorias colectivas capaces de conectar al territorio nacional (e incluso del Cono sur) y a distintas generaciones. O tal vez la política estatal sea justamente la de la destrucción por omisión.