El sistema frontal que azota Santiago ha puesto dolorosamente en evidencia las grandes responsabilidades económicas y políticas asociadas a un desarrollo urbano público entregado al mercado y los intereses privados.

Grandes empresas, que se beneficiaron con la fiebre privatizadora de servicios durante los gobiernos de la Concertación y la Alianza, aparecen ahora comprometidas con lo ocurrido en Santiago producto de las precipitaciones. En primer lugar, Aguas Andinas es responsable del corte de abastecimiento de agua para más cuatro de millones de personas como resultado de no haber efectuado las inversiones necesarias para afrontar la presencia de turbulencias en los cursos de agua, situación natural y previsible en nuestro país. Se demuestran así falaces los argumentos esgrimidos por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle hace 20 años para entregar a manos privadas la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (EMOS), bajo el pretexto de la incapacidad del Estado para realizar las inversiones necesarias para garantizar este servicio básico a la población.

Tampoco ha habido un proceso de control público a esa empresa. Como ha revelado la prensa. En cinco años Aguas Andinas realizó pagos a fundaciones y centros de estudios de la Nueva Mayoría y la Alianza por un monto cercano a los $ 422 millones, además de cerca de $ 415 millones por consultorías de dirigentes de esas coaliciones. Cabe señalar que más o menos en el mismo período (2010-2014) las utilidades de la empresa sumaron $ 572.000 millones.

Aguas Andinas no es la única empresa privada responsable de este desastre urbano. También han influido directamente en el corte del suministro de agua potable los crecientes movimientos de tierra que realizan grandes compañías mineras, constructoras e hidroeléctricas en la alta cordillera aledaña a Santiago, que contribuyen de manera directa a provocar los aludes ocurridos en los sectores El Yeso y Las Amarillas y al aumento de la turbiedad del agua en cerca de 700 veces más que lo habitual. Se debe esclarecer las responsabilidades de cada uno de ellos, en particular, la construcción de Alto Maipo, en donde la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo ha insistido hasta la saciedad en los riesgos provocados por  la empresa del consorcio Luksic, sin ser escuchada por las autoridades.

Adicionalmente, con su actuar irresponsable, la concesionaria de la Autopista Costanera Norte ha aportado también su parte a esta crisis sanitaria, al bloquear con instalaciones el curso natural del rio Mapocho, provocando la inundación de algunos sectores de la comuna de Providencia con este desvío artificial de su cauce. Su contratista Sacyr y ella deben dar cuenta de sus actos.

Los hechos denunciados, nos llevan a buscar también a los responsables políticos de lo ocurrido entre los sucesivos gobiernos del país que han descuidado gravemente sus responsabilidades como autoridades en materias normativas y en el control de la actividad de estas empresas privadas. La colusión entre grandes poderes económicos corruptores y políticos corruptos nos permite sospechar de manera fundada que muchas de estas omisiones o faltas de las autoridades han tenido su origen en la comisión de delitos como el soborno, el cohecho o el tráfico ilícito de influencias por dinero.

Es necesario impedir que este tipo de situaciones sigan ocurriendo y las empresas deben asumir íntegramente sus responsabilidades legales, incluyendo la eventual comisión de delitos. Luego de conocer las graves consecuencias que ha traído para la población de Santiago la privatización de ésta empresa sanitaria, consideramos urgente reconvertir Aguas Andina y su red en una empresa del Estado y garantizar en los hechos y efectivamente que el agua sea un bien nacional de uso público de propiedad de toda la Nación.

Tenemos la convicción de que la actual crisis política, económica, social y ambiental solo podrá superarse cuándo la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas nos organicemos de manera colectiva y participativa para buscar en forma autónoma las soluciones a los problemas que nos aquejan.