Como entusiastas promotores del control preventivo de identidad, aparecieron ayer los diputados Claudia Nogueira (UDI), Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD).  Los parlamentarios se sometieron al proceso en plena Plaza de Armas, ingresando sus datos en la Simmcar (Sistemas Móviles de Consulta Policial), la máquina que usa Carabineros en los controles de identidad y que se usaría en el control de identidad preventivo, si es que la Cámara aprueba el próximo martes el artículo 12 de la agenda corta antidelincuencia. Sin embargo, aunque Nogueira, Silber y Farcas aparecen promoviendo junto a las cámaras  “lo rápido y lo ágil que es el trámite”, sus prontuarios no fueron publicados en los medios.

El pasado jueves, la diputada Karol Cariola se refirió a través de su cuenta de Twitter a la diputada UDI, haciendo mención al proceso judicial que protagonizó Nogueira. Recordemos que la esposa del ex alcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo, tuvo que pagar 30 millones de pesos para suspender condicionalmente el procedimiento en el cual era investigada por el fisco por asesorías que fueron pagadas en la cuenta corriente de su marido. Fue en junio de 2009, cuando la fiscalía formalizó a la diputada UDI  por cuatro delitos de fraude al fisco. Entre ellos destaca el uso irregular de asignaciones parlamentarias, y las asesorías que hizo pagar a la empresa GMA con dineros fiscales, las cuales se re-depositaron en la cuenta de la diputada.

Más tarde, en el año 2013, Nogueira fue acusada de malversación de fondos públicos, luego de enviar cartas a los vecinos de la comuna de Recoleta con timbre de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional invitando a votar por Pablo Longueira.

Es paradójico q la indicación de "Detención x Sospecha" fue presentada x la diputada UDI q fue procesada x #FraudealFisco Claudia Nogueira

— Karol Cariola Oliva (@Karolcariola) 13 de abril de 2016

Pese a estos antecedentes, Nogueira parece obsesionada con la delincuencia y con medidas represoras. A modo de ejemplo, el pasado febrero la diputada propuso un proyecto de ley  que sanciona con cárcel y multas de hasta 2 millones de pesos a quienes ejecuten rayados y grafitis en lugares públicos y privados . Actualmente es la vocera y promotora del control de identidad preventivo.

Organismos internacionales como Unicef , la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos han expresado en reiteradas ocasiones su preocupación ante el proyecto que vulnera los derechos humanos y de la infancia.