Con celeridad han reaccionado algunos legisladores para desmarcarse de la indicación aprobada la semana pasada en el Senado que permite sancionar a todos quienes participen en la filtración y difusión de antecedentes relacionados con determinadas investigaciones judiciales calificadas de reservadas. Delitos asociados al narcotráfico y el lavado de activos, por ejemplo. Aunque algunos mantienen a firme la validez de la medida, como el ex subsecretario del Interior Felipe Harboe, quien a través de diversas iniciativas se ha transformado en una especie de justiciero desenmascarado, existen otros que la han rechazado. A pesar de que al momento de votar estuvieron de acuerdo.

La principal justificación para tal yerro ha provenido del senador independiente pro Nueva Mayoría y ex presidente del Colegio de Periodistas Alejandro Guillier.  El colega que fuera rostro visible de Chilevisión y TVN argumentó que le “pasaron un gol”, ya que “es tal la presión del medio, del gobierno y el propio Congreso que ocurren estas cosas".

Sus palabras no debieran pasar inadvertidas. Y no solo por la indicación en sí, que ya rechazáramos claramente desde el Colegio de Periodistas aludiendo a que “la democracia se fortalece con más transparencia y no con oscurantismo”, por la arista de mordaza a la prensa y los medios de comunicación que involucra el articulado.  Y agregaría que tampoco se fortalece el sistema democrático con la construcción de un gran hermano estatal, como pareciera querer concretar la famosa Ley Corta Antidelincuencia que, entre otros artículos, repone el control preventivo de identidad por parte de las policías.  La consigna pareciera ser un Estado disminuido ante las corporaciones y transnacionales, pero poderoso ante los ciudadanos. Pero eso es parte de otra discusión.

Más allá de la desprolijidad que se puede asumir existe en esto de votar sin saber qué se vota, está claro que cuando se legisla el principal elemento a considerar no necesariamente son las buenas razones.  Ya lo ha dicho Guillier: las presiones del gobierno son definitorias muchas veces en qué se aprueba y qué se rechaza.

En este sentido, sería interesante saber qué tipo de presión es la que puede ejercer el Ejecutivo ante el Legislativo, constitucionalmente independientes, más allá de las institucionales: urgencias, vetos, etc. No por un tema de desconocer que en los hechos existen intereses cruzados en la toma de decisiones en el ámbito político y público, y aunque uno debiera esperar que las leyes que nos rigen estén motivadas por la noción de bien común del parlamentario independiente de otras consideraciones.

No, no es por desconocer lo que ocurre todos los días. Es simplemente por transparentarlo, ya que es la forma en que los ciudadanos podemos saber cuáles son las motivaciones que van construyendo el entramado institucional que nos afecta a todos y todas.

Un voto hoy por un puente mañana. Un voto ahora por un cargo más rato. Un voto mío en esta norma por un voto tuyo en otro proyecto de mi autoría.Un voto en estos momentos de candidaturas por un cupo cuando pase la selección. Como no sabemos, a ciencia cierta, qué gestiones se realizan para lograr la aprobación (o rechazo) de determinados proyectos, la elucubración da para cualquier cosa.  Más aún cuando en las circunstancias actuales, es hasta factible que uno se quede corto.

Las presiones y el clientelismo, dos herramientas que amenazan nuestra democracia.  Es ya momento de ir asumiendo que debemos ir cimentando un contexto en el cual cada día sean más cuestionables y difíciles de ejercer estas prácticas.

El saneamiento democrático así lo requiere.