A la ya conocida incidencia del ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, a través de Pablo Longueira para incorporar un artículo en la ley del royalty minero del gobierno de Sebastián Piñera, se suman nuevos antecedentes.

Según revela The Clinic Online, existieron aún más presiones para aprobar este proyecto que, si bien impulsaba una recaudación para la reconstrucción a través de un royalty que de entre 4% y 9%, dependiendo del margen operacional de las compañías, pedía a cambio el beneficio de la invariabilidad tributaria.

En junio de 2010 empezarían las presiones de las mineras extranjeras. Mauro Valdés, vicepresidente Corporativo de la megaminera australiana-británica BHP Billition (propietaria en Chile de la mina La Escondida) en la época, mandó un mensaje claro al entonces ministro de Minería, Laurence Golborne y su jefa de gabinete, Luz Granier. En este se referían a lo ocurrido recientemente en Australia, donde presionaron y lograron la salida del primer ministro Kevin Rudd luego de que impulsara una fuerte ley de royalty minero.

“Estimados, los australianos, a propósito de esta trifulca, piden invariabilidades tributarias (por muchos consideradas de países en desarrollo e innecesarias para países estables). La estabilidad política del país no garantiza necesariamente que las reglas sean sensatas, y un traspié en políticas públicas como el del primer ministro Rudd quiebra las confianzas. Un abrazo y suerte en el debate. Mauro”, escribió Valdés con una minuta adjunta explicando la situación de Rudd, según informa The Clinic Online.

Al mismo medio un exministro de la época le planteó que se legisló “a la carta” porque “no podía hacerse de otra manera”. Esto a través de canales que en ese momento no estaban regulados, ya que no existía la Ley de Lobby.

Una muestra clara de cómo las mineras fueron definiendo esta ley es el mail que Golborne envió comunicando su reunión con Andrew Mackenzie al Presidente Sebastián Piñera; su ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter; y el titular de la Segpres, Cristián Larroulet.

“Informo a usted que vengo saliendo de una reunión con el CEO mundial de BHP metal no ferrous. Tengo su compromiso de que, en las condiciones planteadas o con alguna modificación menor, ellos adoptarían la propuesta del gobierno en caso de ser aprobada en el Congreso”, dice el texto.

Pero las presiones no terminaron con la promulgación de la ley. Luego de eso, las mineras exigían, para acogerse al Royalty, que se consagraran en los contratos las resoluciones del Servicio de Impuestos Internos y el Sernageomín sobre la interpretación de los proyectos conexos. Golborne agendó una reunión para cerrar el acuerdo con las mineras, decisión que comunicó vía mail al ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, y de Hacienda, Felipe Larraín:

“He estado conversando con las compañías mineras respecto al IEM y las tres principales están proclives a entrar, pero tienen inquietudes de cómo va a ser el tratamiento de varios temas una vez que hayan aceptado. Todos estos temas ya han sido aclarados y discutidos con los equipos técnicos, pero les gustaría tener una reunión con nosotros tres para escuchar nuestro criterio de primera fuente. (...) Puede ser en cualquier ministerio o si la preferimos hacer más reservada, podría ser en mi oficina de El Golf a fin del día, antes de irnos a casa. No debiera tomar más de una hora”.

Según informa The Clinic Online, a la reunión -finalmente concretada en la oficina de Golborne en El Golf- terminaron yendo representantes de diversas mineras, lo que terminó concretando que las siguientes subscribieran al nuevo royalty: Los Pelambres, El Tesoro, Esperanza, Cerro Colorado, Spence, Escondida, Candelaria, El Abra, Zaldívar, Maricunga, Tres Valles, Los Bronces, El Soldado, Fundición Chagres, Minera Mantos Blancos, Lomas Bayas, Collahuasi, Aguas Blancas, Compañía Minera Teck Quebrada Blanca, Compañía Minera Teck Carmen de Andocollo, Punta de Cobre y SQM.