A fines del año pasado, el abogado, doctor en Sociología en la Universidad de Bielefeld y profesor de la Universidad de Chile, Salvador Millaleo, fue llamado a participar del Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente. “Aunque nadie me lo haya dicho así, lo más probable es que mi nombramiento tiene que ver con que soy mapuche, y al parecer el único profesor mapuche de alguna facultad de derecho de este país”, dice.

Desde el espacio del Consejo – que este lunes tuvo una reunión de casi once horas seguidas-, Millaleo ha defendido algunos puntos que beneficien a la población indígena, como por ejemplo que existan cabildos en mapudungún y que se dé una bonificación para los candidatos a facilitadores del proceso que pertenezcan a pueblos indígenas.

Entre algunos de los temas que ha investigado están el reconocimiento constitucional de estos pueblos, la protección de los conocimientos tradicionales respecto a la biopiratería o usurpación de derechos de semillas y plantas medicinales, la aplicación de la Ley Antiterrorista en menores de edad y los procesos de consulta indígena que se han llevado a cabo en Chile.

“Nuestros gobiernos, tanto de izquierda como de derecha, se las han ingeniado para llevar adelante los procesos deformando y manipulando la consulta indígena para quitarle potencia a este instrumento del Convenio 169, que es bien potente”, dice.

¿En algún momento temió que este proyecto constituyente sufriera los mismos vicios?
-Sí claro. La consulta indígena es uno de los mejores ejemplos de que en Chile a nivel general la participación no se toma en serio. Cada proceso participativo puede tener la sospecha de que va a ser manipulado, con poca gente y que después se diga no será tomado en cuenta. Como tengo esa visión, creo que puedo aportar para que esto no suceda en general con el tema constitucional. 

¿Cómo se logra esa confianza?
-Creo que la metodología propuesta al menos tiene una virtud. En la primera fase de participación habrán encuentros locales autoconvocados por organizaciones sociales, sometiéndose a la metodología, proporcionando facilitadores voluntarios, y con condiciones de no exclusión y transparencia. Es un espacio que no es controlado ni controlable por la política, por lo que la gente podría ver en ellos un lugar para hacer oír su voz. Es importante que la sociedad civil se pueda tomar esa instancia.

¿Han tenido esa comunicación con las organizaciones sociales como para lograr esto? Ruth Olate criticaba que sólo se habían recibido a los partidos.
-Claro, no ha habido audiencia con ellas. Ahora está en la metodología, se vio que por lo menos se recibieran los comentarios escritos de su parte. Ahora, diversos consejeros nos hemos juntado con organizaciones como Acción -coordinadora de organizaciones sociales-, para que nos expongan sus dudas y poder canalizar esto.

¿Cree que el proceso sea visto de forma optimista a pesar de ser meramente consultivo?
-Pese a que no es una participación vinculante - no puede serlo en términos constitucionales, porque la Constitución actual dice que la reforma constitucional se hace a través del Congreso con tales quórums-, yo creo que esto tendrá un valor si existe una participación real, porque puede generar un mensaje claro que después el sistema político no podría desatender.

¿Cuáles son los plazos que manejan hasta ahora?
-Eso ha sido clave. El gobierno quería partir en marzo, nosotros dijimos que no, precisamente porque no nos cabía que, con verano de por medio, las organizaciones tuvieran la capacidad de generar razonablemente propuestas de encuentros. Luego el gobierno nos ha propuesto fechas como el 11 ó 18 de abril, y yo creo que no son viables. Hasta el 25 de abril lo más probable es que no empiece, para así organizar todos los detalles necesarios para que estos encuentros puedan tomar lugar de manera limpia y transparente.

¿Cómo ve la composición del consejo de observadores? Ha sido foco de críticas.
-Hay una representación muy fuerte de la derecha, que por ahora está siendo bastante colaborativa con el proceso y abierta con algunos temas. Con otros no. Por ejemplo, lo que más suscitó discusión en la jornada fue la incorporación del debate sobre mecanismo a los ejes de deliberación. Y no solo la derecha, sino también Patricio Zapata, estuvieron en contra de incorporarlo. Otros como Francisco Soto, Francisco Fernández, Patricio Fernández, Jean Beausejour o yo dijimos que no tiene que haber ningún tema que esté excluido del debate. Es algo aún no solucionado.

¿Cree que hay miedo de que se hable de un mecanismo como la Asamblea Constituyente?

-Claro, tienen miedo, pero es inevitable. Si esto es para discutir cuestiones constitucionales, el mecanismo efectivamente es relevante. Yo soy partidario de una Asamblea Constituyente, pero me gustaría que fuera un mecanismo permanente, no solo para cambiar esta constitución sino que, si sale una nueva, también tenga la posibilidad de ser cambiada por Asamblea Constituyente después. Creo que es algo que tiene que estar en la discusión de los cabildos.

¿Qué otros puntos fueron más debatidos?
-Un tema que resolvimos fue que este proceso constituyente estaba sobrevalorando los acuerdos y, por otro lado, discriminando los desacuerdos que hay, por ejemplo, en cuanto a aborto, educación o autodeterminación de los pueblos indígenas. La idea fue dignificar los desacuerdos, yo mismo fui el encargado de hacer una propuesta y fue aceptada. El gobierno tuvo buena disposición para incorporarlo también.

En materia indígena, ¿cuáles le parecen los asuntos más importantes a nivel constitucional?
-Lo primero es el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas, algo que nunca ha tenido una constitución en Chile. También se deben incluir los derechos colectivos, la autodeterminación, la participación política especial. Por otro lado, debería constitucionalizarse la consulta indígena, abordar el control de los recursos naturales de estos pueblos y el derecho a la propia lengua.

¿Y qué le ha parecido el actuar del gobierno en materia indígena a nivel general? Se ha planteado una nueva institucionalidad.
-Valoro que existan los proyectos que se han enviado, pero tienen defectos muy fuertes. En particular el del Consejo de Pueblos, porque no creo que le corresponda realizar las consultas indígenas, sino que deben hacerse a través de los representantes de los pueblos, de acuerdo a sus propias reglas y prácticas. Respecto al ministerio, no aborda el tema de la consulta ni modifica los decretos 66 y 40. Aparte de esos proyectos no hay nada, ninguna política indígena. El gobierno está sucumbiendo a las presiones de hacer una política de ley y orden sin ningún contenido.

¿Cómo ha visto esa reducción a nivel político y mediático de esto al tema de la violencia?
-Es un vaciamiento completo de la política indígena. Salvo estos dos proyectos, que son cuestionables, lo que hay es una política de ley y orden que disipa que todas las esperanzas de que este fuera un gobierno que promoviera un giro en las políticas públicas.

En algún momento se pensó que ese giro podía ser posible con Francisco Huenchumilla.
-Claro, porque hizo una serie de planteamientos que llenaron de esperanza que esto se asumiera como un tema político, y no uno policial o de seguridad. Pero bueno, salió y fue reemplazado por Jouannett, quien junto a todo el Ejecutivo ha llevado una política adelante que reduce estos temas a lo policial. No se ve que estén haciendo nada relevante para cambiar las condiciones de los pueblos indígenas.

¿Qué le dicen las comunidades?
-Es difícil plantearle a los pueblos que participen en un proceso constituyente, si es que por otra parte ven que los temas indígenas significan represión, criminalización, militarización de la Araucanía. No se ve ningún intento del gobierno de cambiar de rumbo. La desconfianza es tremenda, nunca ha sido tan grande como ahora. Es importante ahí ver el tema constitucional como el espacio en el que podamos plantear que la solución a esto parte por reconocer en la constitución los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Cosa que el gobierno no tiene en agenda, menos la derecha.

Incluso hay políticos de derecha que han planteado un "estado de excepción".

-Sí, y lo que me asusta es que muchos del gobierno estén secundándolo. Es una absoluta distorsión. Esa gente dice que hay que proteger la propiedad y los derechos. De algunos, claro, no de todos. Uno ve que el Estado no ha tenido problemas en sacrificar los derechos de incluso menores de edad para satisfacer las expectativas de seguridad y propiedad de otros. Incluso Chile tiene una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por aplicar discriminatoriamente la Ley Antiterrorista a lonkos. A pesar de esto, ahora dicen "volvamos a aplicarla". Es impresionante. los medios y los políticos se olvidaron de todo.