ONGs repudian detención de dirigenta social Milagro Sala
A través de un comunicado de prensa, un grupo de ONGs y organizaciones sociales repudiaron la detención de Milagro Sala, dirigenta social y política trasandina.
Según el documento, "las organizaciones sociales que integramos la Mesa Nacional Argentina del Programa Mercosur Social y Solidario repudiamos firmemente la injusta detención de Milagro Sala quien quedó detenida por defender puestos de trabajo de cooperativistas jujeños. Milagro Sala tiene una extensa trayectoria como dirigente social y política y además asumió recientemente como parlamentaria del Mercosur, elegida a partir del voto directo de ciudadanos y ciudadanas. Consideramos que la presencia de dirigentes sociales en el Parlasur es un aporte indispensable a la integración social y política de la región".
Lee el resto del documento a continuación:
Nos preocupa fuertemente la creciente criminalización de la protesta social que viene promoviendo el Gobierno Nacional de Macri y los de algunas provincias del país, particularmente el Gobierno de Jujuy. Es lamentable que en este escenario el poder judicial se haya convertido en el brazo ejecutor de un gobierno que busca deslegitimar la organización popular y censurar la expresión de las voces que critican un nuevo orden neoconservador y neoliberal. Esta situación es muy grave ya que atenta contra los principios democráticos y republicanos de nuestra Nación. El derecho a la libre expresión y a la protesta son derechos garantizados constitucionalmente.
Desde el Programa Mercosur Social y Solidario defendemos el derecho a la protesta, a la ocupación del espacio público y reivindicamos el lugar que históricamente han ocupado –y ocupan- las organizaciones y movimientos sociales de América Latina en salir a las calles a denunciar injusticias y reclamar por el acceso igualitario a derechos y por condiciones de vida de mayor justicia e igualdad.
Estamos viviendo el tránsito de una etapa en la que el gobierno tomaba en su agenda reivindicaciones de movimientos sociales traduciéndolos en debates parlamentarios, legislaciones y políticas públicas; hacia un nuevo régimen de criminalización, disciplinamiento y desprecio de las clases populares y sus luchas.
Es por otra parte nefasto el lugar que ocupan los medios hegemónicos de comunicación que buscan sistemáticamente desideologizar los conflictos sociales levantando sospechas de supuestas malversaciones de fondos por parte de la organización Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala.
Somos organizaciones sociales que creemos que el Estado es la expresión de la disputa de intereses y correlaciones de fuerzas. Durante la última década los movimientos y organizaciones sociales ocuparon un lugar gravitante en la construcción de políticas públicas, fueron institucionalizándose como actores centrales de la agenda social y política. Gobierno y movimientos sociales encaminaron esfuerzos para sostener un proceso de distribución y justicia social. Particularmente la organización que lidera Milagro Sala, la Tupac Amaru, realizó importantísimos aportes al desarrollo social y económico del pueblo de Jujuy, participando en la construcción de políticas públicas de vivienda, educación, salud, y la creación de nuevos puestos de trabajo.
No podemos aceptar que las mejoras en las condiciones de vida, el bienestar y la dignidad de los sectores populares de una de las provincias más pobres de Argentina, sean consideradas un delito.
Por otra parte, como miembros integrantes de una plataforma de organizaciones sociales que entre sus ejes temáticos se encuentra el Derecho de las Mujeres, reafirmamos que la detención de Milagro Sala es un acto discriminatorio y misógino. Se agravia y vapulea a Milagro por ser mujer, indígena, militante, dirigente y perteneciente a los sectores populares.
Nos sumamos al reclamo de amplios y diversos movimientos sociales del país, de la región y del mundo que están repudiando y movilizándose ante una batería de medidas antidemocráticas y antipopulares.
Exigimos la liberación inmediata de Milagro Sala, nos oponemos al despido injustificado e indiscriminado de trabajadores del Estado. Confiamos en la capacidad de movilización del movimiento popular para expresar el conflicto, canalizar reclamos e incrementar y diversificar las expresiones de protesta y lucha necesarias para defender lo alcanzado.