Es preocupante en particular que este proyecto, propio del llamado populismo punitivo, contemple el denominado “control de identidad preventivo” que establece recortes de facultades que en un Estado democrático de Derecho corresponden a jueces/juezas, la presentación de testigos ocultos en casos de carabineros contra civiles y penas de cárcel en contra de quienes sean acusados de agredir al personal policial, incluso si no existe evidencia física de aquellas agresiones. Además, se entregan más facultades a la policía para la entrada y registro en casos de allanamientos, así como una serie de otras facilidades para la persecución de manifestantes en protestas.

Con la nueva figura del “control de identidad preventivo”, las policías podrán privar de libertad a ciudadanas y ciudadanos sin motivo alguno, dado que se podrán realizar controles de identidad a cualquier persona, a criterio de los y las funcionarias policiales, y mantener a dichas personas detenidas por cuatro horas para ser identificadas. En el caso de menores de edad, ello resulta especialmente problemático dado que no se encontrarán exentos de dichos controles, pudiendo carabineros someterlos a detención durante una hora para efectos de la verificación de su identidad. Lo anterior, considerando que los y las menores de edad no tienen obligación de portar documento de identidad de acuerdo a la ley.

Este proyecto ha sido cuestionado por múltiples organismos internacionales y órganos del Estado como la Corte Suprema, la Defensoría Penal Pública, UNICEF y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como organizaciones de la sociedad civil como la Defensoría Ciudadana y la Comisión de Observadores de DD. HH. de Casa Memoria. A todas luces, todo esto nos recuerda la llamada “detención por sospecha” que ya hace muchos años fue derogada de nuestra legislación.

Somos un movimiento político nacido al alero de las manifestaciones que tuvieron lugar en el país el 2011. En nuestra práctica política es central el respeto irrestricto hacia el derecho de manifestación, pues entendemos que es un derecho consagrado en la Constitución Política de la República, y en los tratados internacionales ratificados por Chile. En ese sentido, consideramos que el proyecto de ley “Agenda Corta Antidelincuencia” atenta contra el derecho a manifestarse, sobre todo considerando la regulación en relación a niños y adolescentes, y ampara prácticas que hoy son ilícitas y por las cuales carabineros está siendo objeto de cuestionamiento.

Por otro lado, la iniciativa refleja una política de seguridad de corto plazo, que no se hace cargo de las verdaderas causas de la delincuencia, que son la desigualdad y la injusticia estructural de nuestra sociedad, y no la falta de facultades de las policías.

Al contrario, ha sido demostrado en informes de derechos humanos que el actuar policial ha incurrido en una serie de arbitrariedades y vulneración de derechos ciudadanos que no se ajustan a los protocolos y estándares que las propias policías han establecido. Más aún, diversos organismos de DD.HH. han denunciado prácticas de tortura y amedrentamiento de parte de miembros de las fuerzas de Orden y Seguridad de nuestro país en contra de la población. Es imprescindible que las autoridades civiles asuman las responsabilidades institucionales, administrativas y políticas que correspondan y cesen los esfuerzos por quitarle derechos al resto de la ciudadanía.

Nos sorprende el apoyo oficialista que ha tenido este proyecto de ley, aún más recordando que quienes antes fueran oposición, se negaron a aprobar la llamada ”Ley Hinzpeter” que, como la actual iniciativa, también pretendía criminalizar la protesta social.

Enfrentar la delincuencia no debe implicar de modo alguno restricciones que terminen por afectar la convivencia democrática; enfrentar la delincuencia debe ser parte de una política pública integral donde los esfuerzos del Estado involucren a todos los actores institucionales competentes, no solo a las policías, también a los organismos de derechos humanos, organizaciones ciudadanas y especialistas en el tema.

Hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas del país a movilizarse y aunar esfuerzos en contra de este proyecto de ley y de futuras iniciativas que intenten replicar su contenido. Construir un Chile más justo, feliz e igualitario es imposible sin una ciudadanía organizada y empoderada de sus derechos.