Mientras en el Congreso se discute la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), una masa de residuos incendiándose al sur de la gran capital nos recordó que nuestra basura no desaparece, solo se entierra. Se hace en algún lugar no tan lejano como podríamos imaginarnos y le llaman “relleno sanitario”.

Según la norma que regula el funcionamiento de los sitios de disposición final de residuos en Chile, un relleno sanitario es una instalación donde “…se disponen residuos sólidos domiciliarios y asimilables, diseñada, construida y operada para minimizar molestias y riesgos para la salud y la seguridad de la población y daños al medio ambiente”. La norma, que es bastante general, era inexistente hasta el 2008. Solo hace ocho años este tipo de infraestructura sanitaria posee una regulación explícita. Antes de eso, pero únicamente desde 1997, a aquellos sitios de disposición de residuos que ingresaban al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se les aplicaban algunos criterios mínimos de operación.

Es decir, hace veinte años la basura se manejaba bajo la sombra de una absoluta desregulación. Habían resoluciones del Ministerio de Salud, pero eran mínimas y rara vez se cumplían.

Lo anterior es una representación del esfuerzo institucional que ha existido en nuestro país por alcanzar estándares mínimos de gestión de residuos sólidos, aun cuando estos se concentren casi exclusivamente en la disposición final.

La basura de la que creemos desprendernos del todo al arrojar la bolsa fuera de casa, debe ser gestionada por el municipio; así lo establece la Ley. Lo que hace la mayoría de las entidades comunales es asociarse entre ellas —cuando pueden hacerlo—  y suscribir contratos con privados. Lo que sucedió con Santa Marta fue que la empresa falló en el servicio que se le encomendó y por el que se le contrató, y más allá de las responsabilidades sanitarias y ambientales, también debería responder frente a sus mandantes: ¿qué se hace cuando alguien no cumple el contrato?

Pero vamos un poco más allá. La realidad de los municipios y la gestión que hacen de los residuos que se generan es sus territorios es bastante disímil. Mientras más nos alejemos de la Región Metropolitana y de las capitales regionales, más complejo se torna el escenario. Cumplir con la única normativa sobre gestión de residuos sólidos municipales que existe en Chile —la de rellenos sanitarios— le costaría a una comuna de 250.000 habitantes entre $15.000 y $21.000 por cada tonelada de basura. Pero lo cierto, para dar un ejemplo, es que Las Condes y Temuco, ambas con población similar, tienen bastantes diferencias. Mientras Las Condes invierte alrededor de $9.000 por tonelada, pues aprovecha la economía de escala al asociarse con otras comunas, disponiendo sus residuos en el relleno sanitario de KDM, la capital de La Araucanía desembolsa cerca de $4.500 por tonelada, disponiendo en Boyeco, un vertedero en las inmediaciones de una escuela rural mapuche.

Pero hay realidades peores. Al interior de la misma Región de La Araucanía, la comuna de Lonquimay gasta los mismos $9.000 por tonelada que Las Condes, pero la disposición se realiza en condiciones que tienen poca diferencia con respecto a un sitio eriazo repleto de basura. Nótese que los montos a los que se hace alusión solo consideran el costo de la disposición final, que representa entre el 40% y 55% del costo total de los servicios de aseo. El resto es recolección y transporte. Hay comunas de nuestro país cuyo vehículo recolector es un bote a remo, una carreta tirada por caballos, camionetas doble cabina y, por supuesto, los clásicos camiones compactadores. Sí, así se maneja la basura en muchos lugares del país. ¿Qué más puede hacer una comuna de 2.000 habitantes —como Río Ibáñez o Putre— para cumplir con la ley? Se podría llegar a desembolsar cerca del 15% de su presupuesto municipal anual.

La Ley REP es una buena iniciativa para las escasas políticas públicas existentes en materia de gestión de residuos sólidos municipales en Chile y, seguramente, permitirá cumplir con los compromisos y exigencias internacionales. Pero le falta mucho para transformarse en una Ley que resuelva el problema de la gestión de residuos. No existe modelo exitoso en el mundo donde la responsabilidad total de la gestión de residuos recaiga únicamente sobre los municipios. La gestión de residuos demanda una planificación de escala superior a la local, con metas y objetivos precisos, inversión segura para la construcción de infraestructura y adquisición de equipamiento, pago por servicio y beneficios por cumplimiento. Nada de ello sucede hoy en Chile, ni sucederá luego que se ponga en marcha la Ley REP.

La mejor gestión de residuos es lograr que estos no se generen. En Chile, en cambio, todos los años generamos un poco más. La Ley REP fijará metas de reciclaje a ciertos sectores productivos. Metas que podrán cumplirse casi exclusivamente en la Región Metropolitana y las capitales regionales, con productores que serán cada vez menos, pues de aprobarse las modificaciones ya introducidas solo serán cinco los sectores afectos a la norma en vez de los nueve que consideraba el proyecto original.

Si los vecinos del sur de Santiago no quieren que entierren su basura cerca de sus casas, aquellos que viven en Puerto Williams, Elqui o Lautaro tampoco. El Estado no solo debe ser regulador sino que también debe cumplir un rol planificador y hacerse responsable de que las políticas públicas sobre las que sustenta su gestión permitan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de todo el país, y no solo cumplir con indicadores y estándares. Porque de ellos no se vive.