Es cerca de medio día en la provincia campesina de Petorca y el inclemente sol de verano aumenta la desesperación de cientos de pobladores y pobladoras que observan como se secan sus cultivos mientras se sufre la escasez de agua cotidianamente.

El vital elemento parece haber desaparecido y pensar que la culpa es sólo del sol y el cambio climático es no comprender una realidad mucho más indigna y conflictiva que se vive en Chile.

Ocurrió el 22 de diciembre pasado. Integrantes del Movimiento por la Defensa del agua, Protección a la tierra y Respeto al medio ambiente (Modatima) y de la Defensoría Popular, ingresan a la Fiscalía Local de La Ligua con una denuncia en sus manos.  Los acusados son Ignacio Álamos, dueño de Agrícola San Antonio, Sociedad Agrícola Viento Norte y Sociedad Agrícola del Silencio;  Eduardo Cerda García, dueño de la Sociedad Agrícola Pililen; Osvaldo Junemann, dueño de la sociedad Agrícola Los Graneros; Edmundo Pérez Yoma, dueño de la Sociedad Agrícola Cóndor;  y Juan Ruiz Tagle, dueño de la sociedad Agrícola Huingal y Sociedad Agrícola Los Ángeles. Se les atribuye la infracción de los artículos 459, 460 y 461 del Código Penal que sancionan el delito de usurpación de aguas y  prevén la reclusión de 61 a 540 días de cárcel. Una pena menor respecto a quienes captan el vital elemento de manera ilegal, dejando a miles de habitantes sin acceso al agua.

En la comuna de Petorca, de 12 mil habitantes, 8 mil se abastecen de agua a través de camiones aljibes, entregando una media de 50 litros de agua a la semana por persona. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de agua que se requiere para satisfacer las necesidades de consumo e higiene básica es entre los 50 y los 100 litros diarios por persona.  Los números no corresponden. Si además le agregamos que el agua potable distribuida contiene altos niveles de nitritos que generan riesgos para la salud, afectando en particular el bienestar de niños y niñas en cuanto víctimas del incremento de actividades infectocontagiosas digestivas, la situación nos resulta aún más alarmante. En este sentido, el Informe de Misión a la Provincia de Petorca del Instituto Nacional de Derechos Humanos del 2014 señala que en la Provincia de Petorca  “La situación descrita vulnera el derecho de acceso al agua, en condiciones de igualdad y no discriminación, en la medida en que sectores de la población tienen que abastecerse de agua por camiones aljibes, con grandes dudas acerca de la calidad de las mismas y que los pequeños propietarios agrícolas no acceden al recurso para sus cultivos, comprometiendo sus economías locales y sus formas de vida y afectándose con ellos su derecho a la alimentación adecuada”. La escasa disponibilidad de agua afecta además el valor de las tarifas de agua que resultan ser las más altas debido a la privatización de las empresas sanitarias.

En suma, poca agua, de mala calidad y cara. Y no se trata de un caso aislado.

En Chile, el país más desigual de la OCDE, el mercado de aguas implementado bajo dictadura con la adopción del Código de aguas en 1981 y el Artículo 19, Numeral 24, de la Constitución que reconoce el dominio privado sobre los derechos de aprovechamiento o concesiones de uso otorgados por el mencionado código, ha generado escasez hídrica de norte a sur, priorizando la función productiva del agua sobre el uso personal y doméstico, concentrando los derechos de aguas en las manos de pocos y permitiendo el deterioro del recurso hídrico y su sobre explotación. La reducida disponibilidad de agua en Chiloé, Magallanes, Coquimbo, Arica, Aysén (para mencionar algunas) representa un paradigma inquietante que refleja como la deficiencia institucional en la gestión de las aguas y la insaciable actividad empresarial han también contribuido a la actual crisis hídrica, afectando las condiciones de vida de la población. Políticos, empresas y empresarios han obtenido derechos de aprovechamiento sobre cuencas extinguidas,  usurpado agua pagando multas irrisorias, han construido pozos y realizado extracciones ilegales con la silente complicidad de las instituciones. Todo en desmedro de pequeños y medianos productores y comunes ciudadanos y ciudadanas.

La sobreexplotación y la contaminación de las aguas nos afectan a todos y todas, sin distinción alguna. La consolidación de un modelo de lucro, usura y exclusión está fomentando pobreza, discriminación, migración y despoblamiento en un país que, no obstante sus altos índices de desarrollo, no logra garantizar el acceso a los derechos humanos más básicos. Una contradicción que debe ser derrotada apuntando a las deficiencias estructurales del sistema chileno, a los pactos político-empresariales y a la criminalización del movimiento social toda vez que levanta la voz para el reconocimiento de su propio derecho.