El 2016 abrió, como siempre ocurre principios de todo año, con variedad de debates en lo público.

El más comentado, el enojo de la Democracia Cristiana por el desaire a su ministro estrella Jorge Burgos. Cuestión de egos y poderes, a fin de cuentas. Aunque se pretenda vestir el hecho del más elevado sentido republicano, lo que está claro es que si al ministro del Interior lo dejaron fuera del viaje a la Araucanía es porque algo no funciona en su relación con la Presidenta, su jefa. Y lo que hace la DC, en concreto, es intentar imponer a su militante en su entorno. Es lo que ocurre cuando se gobierna en coalición, por muy sistema presidencialista que creamos tener.

La otra discusión, con menos pompa pero de mayor importancia, el tortuoso camino de la gratuidad universitaria directa. Tal es una batalla superior, sustentada en las diversas visiones de país en pugna.

Fue la ex ministra de Educación del gobierno de Ricardo Lagos, la DC Mariana Aylwin, quien abrió los fuegos contra la principal política pública propuesta por este gobierno. Dijo mucho (“hay un estilo totalitario y sectario en el gobierno”, “hay una desvalorización de las instituciones, partiendo por los partidos políticos”, “hay muchas decisiones que no se toman por motivos ideológicos y las reformas tienen una tendencia centralizadora”), pero me quedaré con la más llamativa: “Me declaro incompetente para comprender la diferencia entre gratuidad directa y a través de becas”.

Tal frase me hizo recordar una reunión con el ministro de Desarrollo Social de la administración de Sebastián Piñera, Joaquín Lavín. Eran los tiempos del Movimiento Social de Aysén de 2012. En la mesa buscábamos conseguir una pensión para los adultos mayores superior a la media nacional, como una forma de paliar el alto costo de vida en la región.

Cuando se planteó el monto al que se quería llegar, sorprendentemente la respuesta de Lavín no fue negativa. Eso sí, con un procedimiento similar al de las becas. Dijo que si se sumaba un bono para comprar leña, la ampliación a dicho segmento del subsidio para agua potable y electricidad, y uno que otro instrumento de similar estilo se podría llegar a la cifra exigida. Tal propuesta fue recibida con satisfacción por la mayoría de los dirigentes. Lo importante era el número, no el camino.

Pero una buena discusión se armó cuando expresé mi disconformidad con la medida. No porque personalmente no creyera necesario alcanzar una pensión especial para los adultos mayores de Aysén, que estimé (y estimo) cerraría el círculo de justicia en el ámbito laboral con la nivelación de zona (trabajadores públicos activos) y el sueldo mínimo regionalizado (trabajadores privados activos). Mi divergencia apuntaba fundamentalmente al sentido detrás de la propuesta.

Lograr beneficios económicos por la vía administrativa (no legislativa) hace correr el riesgo de que en cualquier momento la medida sea revocada de la misma forma en que se instituyó.

Producto de esto se genera una relación de dependencia entre beneficiados y quienes tienen la llave de bono (premio), que en la práctica es la génesis del clientelismo político que tanto daño ha hecho a nuestra democracia.

Y, por último, cuando las decisiones pasan por una ley (como el AUGE o la Pensión Solidaria), es decir, por el Congreso, es el Estado de Chile el que reconoce la excepcionalidad. La pensión especial así entendida es un derecho, no una dádiva del generoso gobierno.

Que se me entienda. Mi planteamiento no era desistir en ese momento de lo propuesto por el ministro. La urgencia que imprime la desigualdad muchas veces hace necesario el bono, el subsidio y la beca. Pero la lucha social no puede agotarse en ello. Debe trascender hacia la garantización de determinados derechos sociales. Que sea una política de Estado no una paleteada temporal.

Por cierto que muchos no entendieron (en el sentido de no compartir) lo que intenté decir. Daba igual la forma, lo importante era el resultado. Similar a lo que ocurre en la discusión entre camino y contenido para la nueva Constitución.

A esta explicación agreguemos que cuando el Estado entrega becas a los estudiantes para elegir la universidad que quieran, lo que hace en la práctica es transferir fondos públicos a los mercaderes de la educación. Además, en la beca al que se supervisa es al estudiante (notas, comportamiento, etc.) en cambio en el fondo basal para gratuidad directa se supervigila al establecimiento en el uso de esos recursos. Sobre ello algo esbozó la rectora de la Universidad de Aysén Roxana Pey cuando señaló que “gratuidad que significa financiamiento directo a las instituciones sin el eufemismo de las becas y el CAE que ha dejado endeudados a diestra y siniestra y permitió la captura de recursos fiscales en enormes cantidades sin rendición de cuentas”. Y claro, su visión plasmada en un tuiteo previo encendió las iras de la derecha: la concejala RN de Coyhaique Aracely Leuquen, y el diputado UDI de Aysén David Sandoval y su colega José Antonio Kast fueron algunos de los portaestandartes contra una rectora que calificaron de “ideologizada”.

No es que Mariana Aylwin, un grupo importante de la Democracia Cristiana (hablo de sus líderes) y gran parte de la derecha no lo entiendan. Es que no lo comparten. Porque, aunque lo nieguen, su ideología pro mercado a todo evento les impide entender que la educación, la salud, la previsión y todo lo que acordemos como sociedad que es fundamental para vivir en dignidad no puede estar supeditado exclusivamente al poder adquisitivo.

Porque, y excúsenme el exabrupto, saber debe dejar de ser privilegio de algunos pocos. Para que cuando el pueblo sepa, deje de ser engañado por un brigadier (concejal, diputado o senador).