La opinión es unánime: no hay ninguna posibilidad que el litigio entre Bolivia y Chile en La Haya termine en una sentencia que desconozca la validez del Tratado de 1904 o signifique pérdida de territorio para Chile. Lo que Bolivia ha demandado es que el tribunal establezca la “obligación de negociar” respecto de su demanda de salida soberana al mar. Así, en el peor de los casos, Chile debería sentarse en una mesa de negociación para discutir la pretensión boliviana.

Tal como la Cancillería chilena ha sostenido, Bolivia tiene actualmente un acceso no soberano al mar que podría incluso perfeccionarse. Por eso no parece realista pensar que el fin de la mediterraneidad boliviana va a significar un impulso decisivo para el desarrollo económico de Bolivia. Este aspecto no ha sido, sin embargo, correctamente interpretado por Chile: la demanda boliviana es, en lo esencial, una reivindicación con un significado simbólico, espiritual y cultural, mucho más que económico.

 También pareciera haber unanimidad en que Bolivia, a través de una acción internacional que lleva decenios (y de la que el recurso ante La Haya es sólo la más reciente manifestación), ha logrado instalar una mirada a su favor en la opinión pública internacional. Este escenario significa para Chile un costo permanente que afecta su imagen, debilita su poder de negociación diplomática y lo obliga a estar siempre dando explicaciones sobre una posición cuyo fuerte no es la ética o la equidad sino la juridicidad.

Fue el Presidente Domingo Santa María, en los años ochenta del siglo XIX, quien sostuvo que consagrar la mediterraneidad de Bolivia significaría una cruz para Chile.

Tan acertada fue su apreciación que en varias oportunidades Chile se ha abierto a aceptar la aspiración boliviana. Dos de ellas estuvieron a punto de convertirse en acuerdo, una durante el gobierno de Gabriel González, la otra bajo la dictadura de Pinochet.

En los últimos decenios Chile se ha negado siempre a considerar la aspiración boliviana en la mesa de diálogo. Hasta ahora no conozco ningún argumento que señale por qué razón en los años cuarenta y setenta del siglo pasado Chile sí negoció y ahora no lo hace y sigue pagando los costos simbólicos, diplomáticos, políticos y económicos que su negativa significa.

El agente recién nominado por el gobierno para representarlo ante el tribunal de La Haya es, más allá de sus conocimientos jurídicos, un avezado político con estudios y experiencia internacional que, según parece, concentrará en su sola mano las cuestiones técnicas, políticas y comunicacionales. En su trayectoria ha dado pruebas de pragmatismo, en especial en el manejo de la prisión de Pinochet en Londres, la crisis del MOPgate y la entonces llamada (por el Presidente Lagos) “nueva Constitución” del año 2005.

Discrepé y sigo discrepando de esas actuaciones, pero no niego que la dimensión pragmática debe ser considerada en los problemas políticos. Ahora bien, aunque no es el agente ante La Haya quien define la política internacional de Chile, sería deseable (sólo en este caso) que la mirada de Insulza  permeara esta vez la posición chilena ante Bolivia. Si así fuera, me parecería positivo.

Por eso reitero una vez más aquello que he sostenido desde hace ya mucho tiempo: debe interesar a nuestro país, por razones prácticas, poner término a la guerra verbal y judicial con Bolivia, reabrir el diálogo y debatir sin condiciones previas un acuerdo que satisfaga la demanda boliviana y no signifique perjuicio para Chile.

Valoro -aunque no exijo a todos que lo hagan-que una solución a este conflicto beneficiará también a Bolivia y al continente. Me formé en la tradición latinoamericanista de la izquierda, que fue parte del patrimonio político y ético del socialismo chileno, y mantengo esa lealtad.

Soy partidario de la paz con La Paz, sin La Haya,  para beneficio de Chile, Bolivia y América Latina.