Llevamos al menos cinco delincuentes muertos por carabineros en el último mes. Desde que un General de la institución mató a un ladrón, hasta el muerto de ayer en Cholchol y de antes de ayer en el Alto Las Condes, algo ha cambiado en el país. Cinco o seis muertos en un mes contra ninguno en los diez meses anteriores. Todo indica que la muerte ha sido incluida en las políticas de disuasión del delito y que la impunidad ha sido garantizada.

El General fue felicitado y puesto como modelo del desempeño de carabineros. Ayer se decretó la censura a la información que acompaña a estos procesos de irrigación sanguínea de la sociedad y, tal vez, por ese control de la prensa es que no hemos sabido de ninguna investigación sobre las muertes de esos delincuentes.

No se asusten los aficionados a la justicia sumaria; el término ‘homicidio’ no prejuzga sobre la culpabilidad del autor. Antiguamente, cuando la literatura no se preocupaba de las motivaciones psicológicas de los actos, héroes y malhechores compartían la denominación de asesinos por las muertes causadas.  Las palabras no califican intenciones sino que llaman la atención sobre una soltura ante el acto de matar que es tan peligrosa como la delincuencia.

Es verdad que los chilenos estamos indignados y aburridos de los delincuentes. Es verdad que a la menor oportunidad los ladrones son linchados en la vía pública y los delincuentes de cuello y corbata son insultados y escupidos en la calle y en las redes sociales. Se que muchos están contentos con esta ola de ‘eficiencia policial’. Pero aquí se está rompiendo la tradición de contención y prudencia en el uso de la fuerza que define a la policía que podemos respetar.

La dotación de Carabineros nunca había sido mayor, su presupuesto sobrepasa al del ejército y los nuevos blindados requieren un título profesional para ser manejados. Aunque todo sucede en la imprecisión sobre los números y la oscuridad informativa ¿Quién se va a atrever a decir ahora que este Gobierno no tiene una mano firme?

El trabajo de la policía se agradece. Es un alivio que otros disparen y reciban disparos en lugar de uno. Pero esa cesión de derechos implica riesgos de inmoralidad en la convivencia. Los problemas de seguridad ciudadana se resuelven a nivel de la ciudadanía y no con un círculo de violencia, represión y clandestinidad, que inevitablemente lleva a la corrupción policial.

Para cuidar a la policía hay que temerle como institución y como concepto. Es necesario vigilar que ella actúe con prudencia, esté en sintonía con la ciudadanía y sus controles internos y externos sean eficientes. Es necesario saber que la policía no obedece estrictamente a las normas sino que las crea. Ella siempre se encuentra en el terreno de la excepción, de la particularidad y de la disposición unilateral de las pruebas. Así como el juez invariablemente legisla, el policía invariablemente juzga. Por eso es necesario controlarla y transformarla.

El trabajo policial consiste en sospechar y suponer la culpabilidad posible de todo inocente. ‘Denme al hombre y les daré su crimen’. El trabajo judicial, se basa en cambio, en la presunción de inocencia del acusado.

Tengo una reticencia moral ante esta actividad profesional que consiste en vigilar al próximo y violar su intimidad con el pretexto de defender a la sociedad. En el mejor de los casos, hablamos de una cesión de derechos y de renuncia a parte de la voluntad ciudadana, de sus capacidades y de su libertad a cambio de una protección mitológica del conjunto de la existencia.  Mal negocio. Se los aseguro. Sin embargo, la policía parece ser un mal necesario que tenemos que acomodar a las conductas éticas que queremos para nuestra convivencia. La cosa no puede ser al revés; no es la sociedad la que tiene que adaptarse a una empresa policial sin límites.

Las policías de Estado, la Stasi, la KGB o la DINA son lo que resulta de la autonomía de las fuerzas policiales. Son formas de corromper a la sociedad en su conjunto apabullando a los individuos con su violencia, su impunidad y la legitimidad que en algún punto se les entregó.

En todo orden de cosas estamos cayendo en situaciones en que la única salida parece ser la policía. Que se trate de la situación Mapuche, de la sicosis de portonazos y alunizajes, del rastreo de la evasión en el Transantiago, de la vigilancia de la probidad en la política o del gansterismo y la cartelización de los negocios. En todo orden de cosas hay aproximaciones mejores, más completas y más eficientes que el enfoque policial.

Ni la novela policial chilena con sus caracterizaciones costumbristas y sus juegos de ingenio ni el policía de barrio, amable y dedicado, tienen nada que ver con el oscuro reflejo homicida que estamos desatando.

En el drama moderno que nos gusta contarnos, el de la puerta giratoria, la brecha entre la sospecha de culpabilidad y el fallo judicial que condena, está en la presentación del delincuente ante el juzgado, está en las pruebas allegadas y la capacidad de lectura del tribunal. Cuando se produce un salto de cualquiera de estos pasos, tenemos el engranaje trabado y estamos fuera del Estado de Derecho.

En el sistema de justicia que queremos, la policía y el verdugo deben mantenerse separados en el principio y el final de la cadena, dando a las instancias intermedias, legislativas y judiciales un espacio de autonomía y una capacidad real para actuar.

Ese intermedio de civilización lo estamos perdiendo con las ejecuciones sumarias.

[i] Homicidio:  Según el diccionario RAE. Muerte causada a una persona por otra.