En Chile, así como en la mayoría de los países latinoamericanos, la cuestión étnica contemporánea ha estado marcada por una serie de tensiones y paradojas derivadas de los planes de ajuste estructural y reforma del Estado. Las consecuencias de estos procesos han resultado profundamente contradictorias para las aspiraciones históricas de los pueblos indígenas, pues mientras la apertura hacia gobiernos civiles democráticos abrió las puertas al reconocimiento y participación de nuevos actores políticos, entre ellos los indígenas, al comprimirse el rol del Estado y reducir con ello la inversión pública en el ámbito social, se incrementaron los índices de pobreza y, peor aún, muchas iniciativas que afectaban el devenir de tales pueblos quedaron en manos del mercado.

Esta tensión entre una política multicultural que amplió los márgenes del reconocimiento y un modelo económico neoliberal que le impuso límites, evidenció la estrecha relación existente entre este conjunto de reformas y los dictámenes del Consenso de Washington. En toda Latinoamérica se observó que después de un primer período en que las demandas y reivindicaciones indígenas encontraron cierta respuesta estatal, sobrevino un segundo momento que mostró la insuficiencia y el limitado alcance de las políticas multiculturales, particularmente en el sentido de excluir las demandas políticas y redistributivas indígenas.

Frente a este escenario, las organizaciones indígenas respondieron con nuevas movilizaciones, muchas de las cuales fueron rápidamente reprimidas por los diferentes gobiernos latinoamericanos. El escenario progresista en materia de legislación indígena tuvo su frontera allí donde se encontró con el modelo neoliberal. Los derechos de controlar recursos reales funcionaron mientras se trató de recursos no estratégicos, pero cuando estos fueron materia de interés para el Estado o para el sector privado, se acabó el progresismo y se acudió a todo tipo de argucias para su apropiación. En Chile, el caso de Ralco es reflejo por excelencia de lo que aquí se señala. Lo mismo puede decirse del conflicto de comunidades mapuche y empresas forestales.

Frente a esta decepcionante expresión del multiculturalismo latinoamericano, los antropólogos Charles Hale y Rosamel Millaman difundieron el concepto de indio permitido para mostrar cómo el multiculturalismo neoliberal, al mismo tiempo que abre espacios para la participación indígena, genera rígidos límites que abortan sus aspiraciones más transformadoras. El indio permitido, es decir, aquel sujeto que abraza las políticas y programas de gobierno, goza del reconocimiento y recompensa neoliberal, mientras que su opuesto, el indio insurrecto, es objeto de marginación y represión.

Esta dinámica, observada en toda Latinoamérica, se asentó también en Chile, y si bien guarda una estrecha relación con el proyecto cultural del neoliberalismo, al realizar un examen histórico, parece ser que este análisis de inclusión o exclusión puede extenderse hasta el origen mismo de la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, confirmando con ello que la figura del indígena, así como su reconocimiento, depende de su carácter funcional o disfuncional para los intereses de los grupos dominantes.

Como han mostrado autores como Jorge Pinto o Viviana Gallardo, al momento de la independencia chilena, los nuevos gobernantes miraron hacia el territorio mapuche, que se había mantenido como territorio autónomo durante toda la colonia, tratando de asociar la lucha independentista con la férrea oposición de los mapuches al control hispano. Se produjo en esos años una alta valoración del pueblo mapuche, relevando su carácter indómito, que no se entrega a poder extranjero, e incluyéndolo en el discurso patriótico como los altivos luchadores por la libertad. Sin embargo, cuando las tropas chilenas arrinconaron a las últimas fuerzas realistas en la frontera del territorio mapuche, los mapuches actuaron en coherencia con los tratados alcanzados durante la colonia y pelearon a favor de los españoles. Este hecho, enmarcado en lo que se conoció como la ‘Guerra a Muerte’, hizo decaer en el imaginario nacional la figura del mapuche, dando paso, en la segunda mitad del siglo XIX, a todos los estereotipos derivados del paradigma evolucionista.

Los mapuches, al oponerse a los intereses del centro del país, pasaron de ser el sustento heroico de la independencia a convertirse en las fuerzas bárbaras que impedían la construcción de la nación. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, justo cuando ocurre la crisis económica provocada por la caída de los mercados californiano y australiano, y el territorio mapuche comienza a ser visto como un manantial desaprovechado de recursos y materias primas, esta visión evolucionista, difundida principalmente a través de El Mercurio de Valparaíso, se convirtió en la justificación precisa para tomar medidas que acabaran con la ‘barbarie’ y permitieran la explotación moderna de dichos recursos y la construcción de un país ‘civilizado’.

Es en ese momento que el Estado chileno decide emprender la invasión del territorio mapuche y radicar a su población en pequeñas porciones de tierras, llamadas reducciones y entregadas como Títulos de merced. Este proceso, llevado a cabo entre 1884 y 1930, significó que los mapuches en Chile pasaran de controlar aproximadamente 10.000.000 de hectáreas a poseer legalmente alrededor de 500.000. Posteriormente, dichas tierras volvieron a ser objeto de usurpación por parte de particulares. Tal cual quedó establecido en el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, ese proceso de invasión y usurpación del territorio mapuche durante la segunda mitad del siglo XIX es el que ha motivado hasta la actualidad los conflictos entre mapuches y Estado chileno.

Curiosamente, en un escenario temporal distinto, vemos a actores similares que repiten una misma escena: en la segunda mitad del siglo XIX, en plena expansión del capitalismo, fueron intereses privados, a través de un medio de comunicación específico, quienes motivaron la acción estatal para penetrar y pacificar la Araucanía. A fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, en pleno reacomodo del capitalismo neoliberal, son otra vez esos mismos intereses, representados sobre todo por empresarios madereros, quienes interpelan al Estado, a través del diario El Mercurio, a militarizar la Araucanía, infestada de terroristas y de indios insurrectos. Se trata, por supuesto, de escenarios distintos, pero sin duda la historia del indio permitido en Chile es más larga de lo que se pretende.