“Es un capítulo que ha estado oculto, pero la corrupción entre los dirigentes de la pesca artesanal, es algo que recién se está percibiendo”, afirma a eldesconcierto.cl José Carlos Cárdenas, director de Ecocéanos, uno de los principales organismos que han alzado la voz contra la Ley de Pesca y Acuicultura aprobada por el Congreso en febrero de 2013. Para Cárdenas, la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, CONAPACH, y la Confederación de Federaciones de Pescadores Artesanales, CONFEPACH, fueron las organizaciones claves en la aprobación del proyecto y es que éstas consintieron, en plena discusión de la denominada Ley Angelini-Longueira, la privatización del patrimonio pesquero nacional, que entregó de forma perpetua los recursos del mar chileno a siete familias.

Mediante la investigación de la Fiscalía sobre el financiamiento ilegal de la política, se evidenció que a través de Corpesca, perteneciente al grupo Angelini, las grandes empresas pesqueras realizaron pagos ilícitos a varios parlamentarios para influir en su votación, a la fecha el caso más conocido es el senador Orpis, pero es la punta del iceberg, ya que hay más de 20 parlamentarios investigados. Desde 2011 se discutió una ley que finalmente fue aprobada un año después, en un debate express articulado por el ex Ministro de Economía, Pablo Longueira, entre las cúpulas empresariales, la casta política y los dirigentes de las confederaciones de pescadores artesanales.

A partir de aquel momento la investigación ha revelado una serie de casos de cohecho vinculados al mundo legislativo, pero que también han evidenciado la entrega de cuotas de pesca, infraestructuras, motores, embarcaciones, construcciones de puertos y caletas que, de una u otra manera, han favorecido a los dirigentes y organizaciones pesqueras que actuaron en pro de la Ley Longueira.

[caption id="attachment_58533" align="alignleft" width="300"] Foto: flickr.com/ivanbrauning[/caption]

LA CALETA MILLONARIA
Según el portal de promoción turística y conservación patrimonial, chilesoprende.com, la caleta Estaquilla, ubicada en la comuna de Los Muermos en la Región de Los Lagos, tiene cerca de 150 habitantes y 34 embarcaciones. Allí, la Dirección Nacional de Obras Portuarias, DOP, anunció el 10 de octubre de este año que se licitará un proyecto cuyo objetivo será crear una nueva infraestructura portuaria, para lo cual fue presupuestado 7 mil millones de pesos (más de 10 millones de dólares) y que se ejecutará en un plazo de 500 días corridos.

Si bien los recursos son felizmente recibidos por los 468 pescadores de la caleta, algunos dirigentes ven con resquemor lo que denominan una “sobreinversión”. “Es un enorme elefante blanco con el cual el gobierno se equivocó o está pagando algún favor por el apoyo a la Ley de Pesca y como premio se le entrega esta caleta en Estaquilla”, asegura a eldesconcierto.cl el presidente del Consejo Regional Pescadores Artesanales de la Décima Región, COREPA, Jorge Bustos.

“Una inversión de esa naturaleza no se justifica para descargar 100 mil locos al año y desembarcar 500 toneladas de algas. Cualquier economista se va a dar cuenta que no cumple con objetivo principal que sería que realmente produzca un impacto. Hay muchas otras necesidades aquí en la décima Región”, acusa Bustos.

Quien lidera a los trabajadores de la caleta Estaquilla, es sindicada como una de las principales piezas de engranaje entre la mega industria y los pescadores artesanales durante la discusión de la Ley de Pesca. Se trata de Zoila Bustamante, presidenta de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH. Esta dirigenta hace unos años, entre 2011 y 2013, apoyó incondicionalmente la Ley Angelini-Longeira avalándola en la mesa de trabajo sobre pesca, donde la industria transfirió 34 millones de dólares a los dueños de embarcaciones. La transferencia de fondos se hizo a cambio de que los artesanales apoyaran un proyecto cuyo objetivo fue privatizar el área pesquera nacional, concentrándola en siete familias.

Los críticos hacia Bustamante sumaron esta semana un nuevo adherente, Miguel Ángel Hernández, presidente de la Federación Nuevo Amanecer y compañero de la dirigenta como consejero suplente en la CONAPACH. Hernández acusó directamente a Bustamante de permitir con su ausencia en la reunión del Consejo Nacional de Pesca, generar una falta de quórum para que un barco factoría de la empresa Globalpesca, especializada en bacalao, operara en aguas chilenas durante 10 años.

Todas estas acusaciones han sido desestimadas por  Zoila Bustamante quien considera que sus colegas “son tres o cuatro viejos que andan dando vueltas pidiendo un “canasto familiar”, según testificó la dirigenta a eldesconcierto.cl. Ella asegura que en la caleta Estaquilla se concentran ocho sindicatos, dos asociaciones gremiales que ella preside y que en lo que va de 2015 han generado 900 mil locos equivalentes a mil 500 millones de pesos. Pero la desconfianza de los pescadores artesanales hacia la presidenta de CONAPACH, no es algo que se evidencia hace poco.

El año 2012, cerca de 30 mil pescadores artesanales anunciaron su retiro de CONAPACH por la postura que tomó Bustamante a favor de la Ley de Pesca. Los disidentes de confederación conformaron ese mismo año el Consejo Nacional de Defensa del Patrimonio Pesquero, CONDEPP, una de las principales organizaciones que junto a la ONG Yo Pesco, tenían recopiladas para mayo de este año 300 mil firmas que exigen la anulación de la ley.

¿DIRIGENTES PESQUEROS O ASESORES EMPRESARIALES?
Aunque actualmente el gobierno espera los alcances de la evaluación sobre la ley que solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se siguen revelando antecedentes que vinculan al sector empresarial industrial pesquero, político y a los dirigentes gremiales.

Otros de los señalados como cómplices en la aprobación de la Ley de Pesca son Hugo Arancibia, ex presidente de CONFEPACH y Michel Campillay, dirigente sindical, vinculados como lobistas de Angelini.

CONFEPACH fue la otra gran organización del gremio de los pescadores artesanales que le dieron el visto bueno a la Ley Longueira mientras se discutía. Esta confederación fue creada durante el gobierno de Ricardo Lagos con el objetivo de debilitar a la CONAPACH -hoy dirigida por Zoila Bustamante-, organización que en aquel entonces estaba en contra de la privatización pesquera.

Luego de la aprobación de la Ley de Pesca, que contó con el consentimiento de Hugo Arancibia mediante la firma del acuerdo en la mesa de trabajo de pesquera con el gobierno; el presidente de la Sociedad Nacional de Pesca, Sarquis, Héctor Bacigalupo; y la CONAPACH, el dirigente Hugo Arancibia se retiró del mundo gremial.

Arancibia alegó que su desvinculación de CONFEPACH se debía a problemas de salud y cansancio, pero meses después, se presentó como candidato a Concejal por Talcahuano, como independiente del Partido Socialista, donde obtuvo sólo 2 mil 90 votos, por lo que no alcanzó a obtener el cargo.

Desde Ecocéanos aseguran que el ex dirigente pesquero, luego de su fallido intento por alcanzar la concejalía de Talcahuano, se convirtió en asesor del actual subsecretario de pesca, Raúl Súnico, para las negociaciones con los gremios de pesca artesanal.

Por otra parte está el sindicalista Michel Campillay, quien según documentos incautados por la Fiscalía al senador Orpis, estaría involucrado como nexo entre parlamentarios y la empresa Corpesca. En este sentido, el diario El Mercurio publicó el pasado domingo que Campillay, fue el nexo entre la empresa y Fulvio Rossi y además, quien presentó a la ex diputada Marta Isasi con el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica.

Según el testimonio de Nino Baltolu, militante de la UDI que reemplazó a la ex diputada Isasi en diciembre de 2012 en la Comisión de Pesca, Campillay junto a Ramón Pino, gerente de Corpesca, participaron de una sesión especial de la Ley de Pesca, realizada el 17 de julio de 2012 como asesores de la diputada, según evidencias las actas de las comisiones.