En el marco de la conferencia mundial de los pueblos sobre cambio climático y la defensa de la vida en Cochabamba, realizada entre los días 10 y 12 de octubre en Bolivia, los movimientos sociales del mundo han decidido ponerse de pie y echar andar la construcción de un nuevo modelo económico, político y cultural, el cual, a diferencia de la expansión de los mercados hacia la naturaleza del capitalismo verde, se basa en establecer la armonía entre los derechos del ser humano y los derechos de la madre tierra.

Bolivia ha sido unos de los precursores de esta propuesta en diversas instancias internacionales, no obstante, una de las interrogantes que más resuenan en los pueblos tiene relación con las propuestas y acciones que aseguren la emancipación del sistema capitalista y extractivista, puesto que por más que Bolivia tenga la intención de emanciparse hay ciertas ataduras estructurales e internacionales relacionadas con el poder de las transnacionales por un lado y con los niveles urgentes de pobreza que existen en el país por el otro.

En ese sentido, Bolivia y el resto de los países progresistas de  América Latina, pese a las críticas de algunos sectores indigenistas, se han visto obligados a seguir extrayendo materias primas, puesto que de ello depende el financiamiento de los derechos universales garantizados (educación, salud y vivienda). Sin embargo, Bolivia ha sido uno de los pocos países del sur que ha fortalecido el mercado interno como una forma de retaguardia para enfrentar la caída del precio del gas, lo cual  genera que pese a que la economía no crezca al mismo nivel de antes, esta no se estanque. Por lo tanto, no es posible acabar con el modelo extractivista de la noche a la mañana, como algunos podrían moralmente aspirar, puesto que en el periodo de transición se debe resguardar la justicia social en equilibrio con la justicia ambiental, y además, se debe dar pie a la incorporación de una nueva sociedad del conocimiento, que tenga como objetivo innovar en tecnologías de generación de energías limpias en armonía con la madre tierra.

Para esta gran tarea el gobierno Plurinacional de Bolivia ha generado diversas propuestas, de las cuales nombraré las tres más importantes: En primer lugar, que los países responsables de las grandes emisiones de dióxido de carbono, es decir los países desarrollados, paguen la deuda climática en términos de transferencia de financiamiento y tecnologías poniendo en marcha el fondo verde, en segundo lugar, propone efectivizarse un tribunal internacional de justicia climática para la determinación de responsabilidades, sanciones y reparación de los daños causados al patrimonio común, y en tercer lugar, generar una distribución del presupuesto de emisiones de carbono y gases de efecto invernadero entre todos los países del mundo, en el marco de los criterios de justicia climática, es decir, se debe romper con la visión de la responsabilidad uniformada, puesto que existen países que tienen más responsabilidad histórica, tienen una huella ecológico distinta (relación entre consumo y residuos) y tienen capacidad de desarrollo económico, social y de tecnologías diferentes.

Para generar esta gran tarea Bolivia ha tenido que superar diversos errores anteriores, puesto que pese a que ya ha presentado estas propuestas, no siempre han sido bien acogidas, si no que por el contrario, Bolivia se ha quedado sola sin ningún tipo de alianza previa. Hoy luego de aprender los errores propios del aislamiento, el Estado Plurinacional ha decidido poner en marcha diversas tácticas políticas con el fin de que esta propuesta tenga el respaldo de varios gobiernos y movimientos sociales. Una de las tácticas presenciadas fue la invitación del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, el cual, pese a pertenecer a un organismo cuestionado por diversos pueblos del mundo, otorga un peso político internacional distinto, validando la instancia en una perspectiva global. Además, desde el año 2010 se han fortalecido diversas alianzas entre los países del sur, de la G77  y China, lo cual  ha generado la aprobación de diversas políticas como, por ejemplo, la consolidación del 22 de abril como el día internacional de la madre tierra, el aseguramiento del derecho humano al agua y saneamiento, y además, se ha iniciado “el índice de justicia climática” entre otras políticas.

Finalmente la instancia fue nutrida y construida con y desde los movimientos sociales del mundo, generando que la propuesta y la metodología de trabajo sea coherente con la visión política ideológica del buen vivir, es decir, la construcción desde abajo con la participación e incidencia de la mayoría de las comunidades de diversos países, entre ellos los movimientos sociales de Chile.