Tres días de huelga mantuvo la semana pasada el sindicato de Gendarmería ASONG (Asociación de Suboficiales y Gendarmes), con el fin de presionar al Gobierno para que atienda sus demandas, entre otras, cambiar el sistema de ascensos, crear incentivos para los funcionarios que trabajan en unidades penales de alta complejidad y terminar con el eterno problema del hacinamiento.

El reclamo por los derechos laborales y sociales es una demanda justa, y debe ser atendido adecuadamente por el Gobierno. Sin embargo, la manifestación realizada por la ASONG es apenas un signo, un síntoma del grave problema carcelario que aqueja al país y que no ha sido resuelto por ninguno de los Gobiernos tras el retorno a la democracia, pese a tragedias como el incendio de la cárcel de San Miguel, donde murieron ochenta y una personas privadas de libertad, el 8 de diciembre de 2010 (a dos días de conmemorarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos).

Uno de los problemas más graves del sistema penitenciario chileno es la vulneración de los derechos humanos que existe al interior de las cárceles (derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, a la sexualidad, etc.). Los presos de nuestro país no pueden organizarse para denunciar los abusos que comete Gendarmería en su contra ni presentar sus demandas colectivamente, como sí pudieron hacerlo los trabajadores penitenciarios. Los privados de libertad tampoco pueden votar en las elecciones como el resto de los ciudadanos. En el primer caso, el reglamento de recintos penitenciarios de 1998 señala que los reclusos  deben formular cualquier petición «en forma individual». En el segundo, la Constitución de 1980 establece que la ciudadanía se pierde, entre otras causales, «por condena a pena aflictiva».

Otro de los problemas asociados con el actual sistema penitenciario es la estructura jerárquica de tipo militar de Gendarmería, cuya labor se rige más por el principio de la «seguridad» que por el de la «reinserción social», de manera que los criterios que la orientan son la autoridad, la jerarquía y la discrecionalidad (cultura autoritaria), mas no la transparencia, la fundamentación de las decisiones y, especialmente, la consideración de que el recluso es un sujeto de derechos (como debería suceder en una cultura democrática).

Esto impide que los privados de libertad puedan ejercer aquellos derechos que no son afectados por la condena (vida, salud, trabajo, etc.) y que, por lo general, tengan que recurrir a los tribunales de justicia para hacerlos valer. Y ni siquiera eso, pues los recursos de amparo y protección que interponen rara vez son acogidos. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre enero y agosto de 2011, se presentaron un total de 105 acciones de protección y 731 recursos de amparo contra Gendarmería en las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel. De las primeras, solo 2 fueron acogidas, y de las segundas, únicamente 7. Una de las razones que podrían explicar este bajo porcentaje de éxito es, según el INDH, que «con la mera respuesta de Gendarmería la Corte da por cerrado el caso, sin verificar que realmente la institución en cuestión haya adoptado todas las medidas»[2].

Esta estructura militar también afecta a la mayoría del personal penitenciario. Como bien señala el jurista Jörg Stippel, los ascensos al interior de Gendarmería son en función de la antigüedad y la carrera funcionaria (oficiales o suboficiales) y no en virtud del rendimiento, siendo que aplicar este último criterio permitiría que funcionarios con grados académicos pudieran desempeñarse, por ejemplo, como directores de los establecimientos penitenciarios[3]. Sin embargo, el autor nos advierte que al promover la participación, por ejemplo, de los vigilantes y el personal civil en puestos importantes, este cambio acarrearía a «un temor a la profesionalización» y «una pérdida de poder» para una minoría dominante, los oficiales. Por este motivo, no debe llamar la atención que, mientras la ASONG reclamaba la semana pasada, el Sindicato de Oficiales de Gendarmería se limitara a solidarizar.

El problema de la estructura de Gendarmería no es algo nuevo. Ya en 2010, un grupo de académicos y especialistas, convocados por el Ministerio de Justicia, le recomendó al Gobierno de aquel entonces: «Profesionalizar la gestión del servicio penitenciario desmilitarizando su estructura»[4], algo que no fue tomado en cuenta.

Por último, cabe indicar que democratizando la estructura de Gendarmería, el Ejecutivo daría un paso importante, pero no suficiente, pues mejorar el actual sistema penitenciario requiere que todos los poderes del Estado participen activamente. El Legislativo, dictando una ley de ejecución de penas que regule de manera clara y precisa los derechos de los reclusos y las facultades de Gendarmería, y el Poder Judicial, adoptando un rol más activo en la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y haciendo de «contrapeso» frente a los demás poderes del Estado.

[1] Litigación Estructural para América del Sur.

[2] Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe anual 2011. Situación de los derechos humanos en Chile (Santiago, 2012) 98.

[3] Jörg Stippel, Cárcel, derecho y política (Santiago, Lom ediciones: 2013), 141.

[4] Véase Consejo para la reforma penitenciaria, Recomendaciones para una nueva política penitenciaria (Santiago, marzo 2010), 17.