A partir de un fallo del TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión) dado a conocer la semana pasada, la oposición brasileña logró iniciar las maniobras para un proceso de impeachment contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Los grandes medios de comunicación lo van a mostrar como una acción legal y constitucional, y lo es, aunque aún así no deja de ser un golpe de Estado.

A pesar del nombre, el TCU no es realmente un tribunal, ya que no es parte del Poder Judicial, sino que un órgano consultivo del Congreso Nacional de Brasil. De hecho, sus miembros no son técnicos, muchos son ex-políticos sin mandato indicados por partidos. Por lo mismo, el informe en contra de Dilma no es técnico, y está basado en una definición que es falsa: acusa el gobierno de crimen de irresponsabilidad presupuestaria, supuestamente por efectuar gastos relacionados a los programas sociales antes de enviar los recursos que corresponden, lo que es una media verdad – eso realmente pasó, pero dentro del marco regular del Estado, gracias a un mecanismo que permite al banco estatal CEF (Caixa Econômica Federal) adelantar los pagos referentes a esos programas cuando hay recursos de sobra, pero el Estado lo cubre posteriormente, sin perjuicio a las cuentas públicas ni al banco.

Sí, faltaban indicios de que eso es una maniobra para derrocar a Dilma, acá tenemos la trayectoria de los eventos: para que el rechazo a las cuentas de Dilma tuviera camino despejado en la pauta, el Congreso tuvo que aprobar las cuentas de tres presidentes anteriores: Itamar Franco (1992-1994), Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) – que tuvo cuentas aprobadas “con reservas” en los años en que tuvo déficit, llevando el Estado brasileño a quiebra y a pedir lo que fue, en su momento, el rescate más grande otorgado por FMI a un país, siendo superados solamente por Grecia el 2010 – y Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Así es, todas esas cuentas fueron evaluadas y aprobadas de forma express, en los meses de agosto y septiembre, algunas de ellas tras dos décadas de espera. Además, para evadir otro obstáculo, la oposición aseguró a los alcaldes y gobernadores aliados que el caso pretende sentar un precedente hacia adelante, y que un posible impeachment de la presidenta por el caso no significará que lo mismo pueda pasar con ellos, por haber hecho lo mismo.

Con un informe político y no técnico en manos, y el camino abierto para que el caso de Dilma pueda tener prioridad en la pauta de votación, la oposición pretende iniciar este martes la campaña por el impeachment, más allá de que el mecanismo citado en la condena de sus cuenta fue introducido hace más de viente años y utilizado igualmente por sus antecesores, sin nunca haber merecido la más mínima consideración del TCU. Aprovechando un claro dominio de los conservadores y neoliberales en las dos casas legislativas, la oposición ya ha señalado que va a buscar los instrumentos legales visando sacar a Dilma.

Nada distinto de lo que ha hecho en todo 2015. De hecho, no es la única iniciativa de la derecha en ese sentido: el PSDB (Partido Social Demócrata Brasileño), lanzó hace meses otro intento en el TSE (Tribunal Superior Electoral, ese sí una instancia del Poder Judicial), buscando invalidar la victoria electoral de Dilma el año pasado, por las donaciones que recibió de las empresas ligadas a la red de corrupción en Petrobras. El caso acá es más complejo, porque la campaña de Dilma efectivamente recibió esas donaciones, aunque ellas se dieron dentro del marco legal y fueron debidamente registradas con anterioridad – tanto que el mismo TSE ya había declarado el caso infundado, en sentencia dictada el año pasado, pero la oposición logró reponer el caso a través de un recurso.  En el caso que esa iniciativa tenga éxito, el líder opositor Aécio Neves, derrotado en el ballotage el 2014, asumiría como presidente. Sin embargo, su campaña registra donaciones de las mismas empresas, y con registros mucho menos aclarados ante la Justicia Electoral, en comparación con el caso de Dilma. Por lógica, una condena para Dilma debiera afectar posteriormente a Aécio, y hundiría aún más a Brasil en la crisis política.

El hecho es que la derecha brasileña, derrotada en los tres últimos comicios presidenciales, trabajó para instalar en la sociedad la idea de que hay que sacar a Dilma Rousseff del Palacio del Planalto como sea. Y tuvo éxito en ese intento, ayudada por el claro apoyo de los grandes medios de comunicación. El semanario Veja, uno de los más antiguos y populares del país – y conocido por su línea editorial de extrema derecha –, vino este sábado con una portada que trajo la pregunta ¿Por qué se caen los presidentes?, junto con artículos y reportajes que dan a entender que la renuncia o derrocamiento a presidentes, como la que esperan (o quizás desean) que pase con Dilma, es algo común, tratando de naturalizar ese expediente, como si bastara la falta de popularidad o de apoyo legislativo para justificarlo e incluso citando entre los ejemplo algunos de los viejos y los más recientes golpes de Estado en América Latina.

Claro que el gobierno tiene su responsabilidad en la generación de un clima favorable al golpe. Más allá de que nada justifica atentar contra un gobierno constituido de forma democrática, como es el caso de Dilma, la verdad es que el segundo mandato de la presidenta de Brasil ha sido marcado por medidas de austeridad y la reversión de derechos laborales históricos, iniciativas muy contrarias a lo que esperaban los sectores sociales que votaron por ella, y que la han alejado de su público. Es natural que, sobre todo los sectores de más bajos recursos, por mucho que sean agradecidos por las políticas de combate a la miseria impulsadas desde el gobierno de Lula da Silva, se sientan defraudados por un gobierno al que ayudó a elegir y que luego se dio vuelta la chaqueta y adoptó la agenda neoliberal de la oposición.

Por su parte, el gobierno no da señales de autocrítica. Todo lo contrario, profundiza sus errores. Las medidas de austeridad fueron tomadas visando hacer un guiño a los partidos de derecha, sean de oposición o los que integran la coalición oficialista, pero dieron como resultado un débil respaldo de esas fuerzas, que siguen pidiendo nuevos gestos del gobierno para entregar su apoyo. La última movida de Dilma fue sacar al ministro de Salud, un defensor del sistema estatal integrado y del programa de médicos cubanos destinados a las poblaciones del norte y del noreste del país, remplazado por un político ligado al lobby de los planes de salud, lo que tenía como objetivo garantizar el compromiso de la derecha oficialista contra las maniobras en pro del impeachment en el Legislativo. Al final, ella no obtuvo ese compromiso y forzó aún más la erosión de la base social de apoyo a su gobierno y al Partido de los Trabajadores.

Si el golpe se confirmara, Brasil sería el tercer caso de un nuevo estilo de atentado contra la democracia en América Latina. El primero golpe institucional reciente en la región se dio en 2009, en Honduras, aunque ese tuvo cierta complicidad con el Ejército, ya que tras la maniobra en el Legislativo y en Tribunales, los uniformados actuaron para sacar al presidente Manuel Zelaya de su casa a balazos, dejándolo horas después en un aeropuerto de Costa Rica, en pijamas. Tres años más tarde, le pasó a Fernando Lugo en Paraguay, en un golpe que utilizó solamente las trampas constitucionales, mucho más cercano a lo que vemos hoy en Brasil – nuevamente tras un lapso de tres años, para los que les creen a las cábalas.

Los nuevos frentes de izquierda que surgen desde los movimientos sociales tratan de crear un nuevo referente político, pero aún sin saber qué espacios la debilitada política brasileña dejará al debate democrático, sea con la manutención de una Dilma cada vez más maniatada al chantaje actual y cediendo a nuevos retrocesos institucionales, sea con la concreción de un golpe de Estado por secretaria y las consecuencias que pueden resultar de ello, sea con los otros daños colaterales que la democracia sufriría ante un vacío de poder que podría durar meses, quizás años.