El viaje a Inglaterra -para asistir al Mundial de Rugby- realizado por el senador por Coquimbo y presidente de la DC, Jorge Pizarro, dos días después del terremoto 8,4 y posterior tsunami que azotó el pasado 16 de septiembre la zona que representa, desató una serie de críticas acerca de su ausencia y de la forma en que los parlamentarios llevan a cabo su labor en nuestro país. Esto, dentro del contexto de crisis de legitimidad que vive actualmente, y desde hace un bien tiempo ya, la llamada clase política respecto de su escasa cercanía con el electorado y diversos casos de corrupción vinculados, principalmente, con la obscena relación existente entre dicha actividad y el dinero empresarial que la financia. El episodio adquiere mayor gravedad al haberse desarrollado durante la semana distrital del parlamentario (21 al 25 de septiembre), ocasión en que los que se dicen representantes de sus electores deben permanecer en terreno para atender las diversas inquietudes y necesidades de la ciudadanía, en especial de quienes se pueden haber visto fuertemente afectados por un desastre natural como el sufrido por la gente de la zona. Sin embargo, la “pasión por el rugby” pudo más que la vocación de servicio público, y Pizarro decidió estar fuera 10 días, abandonando sus obligaciones como representante de sus electores desde el 18 al 28 del presente mes.

Al conocerse el hecho, la defensa propia y también la corporativa afloraron de inmediato. El cuestionado parlamentario adujo que, a pesar de la distancia, se mantenía conectado con las autoridades de la zona. En tanto el ministro del Interior, Jorge Burgos, el ex timonel DC Gutenberg Martínez y el diputado Pablo Lorenzini, todos camaradas del senador, cerraron filas en torno al presidente falangista, argumentando que el viaje estaba contemplado con anterioridad al terremoto, que Pizarro era una persona “altamente comprometida” con los problemas de la gente de la Cuarta Región y que la pasión por este deporte hacía entendible -y justificable- el viaje del senador, dentro del contexto de catástrofe que vivía la gente de su circunscripción. Todas, excusas de un nivel verdaderamente deplorable para lo que se supone debe ser la función parlamentaria responsable, seria y madura, y que no resisten mayor análisis lógico. ¿Es que acaso el hecho de haber sacado pasajes con anticipación para una actividad recreacional impide cancelarla para darle prioridad a un hecho que pudiere suscitarse posteriormente, de muchísima mayor relevancia y peso moral? ¿La pérdida de un vuelo resulta demasiado significativa en términos económicos para cualquier parlamentario chileno, siendo que son los mejores pagados de la OCDE? ¿Dónde queda el compromiso con los problemas de la gente, especialmente luego del impacto que genera un terremoto y tsunami, si éste es relegado a un segundo nivel de prioridad, anteponiendo a la necesidad de la desgracia colectiva una actividad de entretención individual? ¿Cómo puede llegar a ser necesario tener que reprochar estos puntos a quienes deberían tenerlos absolutamente claros, por un mínimo de sentido ético y responsabilidad laboral?

La relativización valórica del asunto, la “soltura de cuerpo” exhibida por parte de estos defensores, revela la forma en que éste y otro tipo de situaciones se han naturalizado como algo muy normal (es decir, convertido por su habitualidad en norma, tanto tácita como escrita), lo cual es un pésimo síntoma -otro más- de una enfermedad evidente y que parece terminal a causa de la nula capacidad de comprensión de la crisis en su real y profunda dimensión, ocasionado esto por la desconexión absoluta de una política de mala calidad, extraviada de la realidad social de nuestro país.  Por ello, es imprescindible que las autoridades sepan actuar de manera responsable y a la altura del cargo, porque cuando se pierde la vergüenza, también se pierde el respeto.

Según Pizarro, su viaje fue autorizado por un permiso constitucional; la legislación establece que esos permisos sólo se otorgan por viajes de 30 días (el suyo es por 10, si es que no decide enmendar un poco el error y regresar antes) Asombrosamente -¿quedará algo de esa capacidad?-, estos permisos no obligan a los legisladores a especificar las razones de sus viajes, recibiendo más encima el pago de la dieta completa. Ante eso y otros ejemplos más, de nada sirve que pretendan dar señales de “austeridad y mayor equidad" congelando sus dietas en lugar de rebajárselas (moción que fue descalificada de inmediato por “populista”), considerando que los parlamentarios chilenos pertenecen al 1 % de la población donde se concentra la riqueza del país. Un país donde, además, el sueldo mínimo (de los más bajos de la OCDE) resulta aún más miserable de lo que ya es al aplicársele los recortes obligados que se le hacen para la AFP (robo legal a destajo, perpetuado como si nada, con la misma clase de naturalidad referida anteriormente) De poco sirven entonces autocomplacientes cuentas públicas, ideadas como estrategia de imagen para mostrar probidad y transparencia, si en el ejercicio diario de las funciones parlamentarias hay espacio para conductas alejadas de estándares básicos de decencia ética, los cuales de cumplirse evitarían tener que caer en el vergonzoso infantilismo de agravar la falta con explicaciones impresentables e insostenibles. En ello, la ciudadanía consciente debe ser estricta y rigurosa para exigir una idoneidad distinta de sus representantes, toda vez que finalmente es gracias a los votos de los electores que ellos pueden estar donde están. Y eso, que al parecer se ha olvidado, es bueno recordarlo y tenerlo muy presente, pues la calidad de la democracia depende en medida fundamental de una ciudadanía lúcida.

Pizarro no es el único. ¿Mal de muchos? Al menos 14 parlamentarios informaron que saldrían del país en semanas distritales, sin que fuese necesario especificar los motivos de su ausencia al trabajo y sin dejar de cobrar tampoco. Del mismo modo, desde marzo el Parlamento fue comunicado de 52 ausencias durante el receso regional. Inasistencias desapasionadas de la labor democrática representativa, de la vocación de servicio público. Pasión por el relajo conductual y las gratuidades, por la costumbre adquirida de la libre discrecionalidad y la relativización de las interpretaciones al momento de tomar ciertas decisiones de manera liviana, llegando a privilegiar la frivolidad ante el ejercicio correcto de la labor encomendada por la ciudadanía. Estos son, entre otros, algunos de los elementos de juicio que se hace necesario tener muy en cuenta a la hora de retomar el postergado debate sobre el proceso constituyente, en cuanto lo ilegítimo que podría resultar la unilateralidad planeada para el diseño de la propuesta que estaría haciendo el Parlamento respecto de nuestra futura Carta Fundamental, y que pretende dejar a la ciudadanía fuera del diseño y elaboración de las nuevas reglas del juego que requiere nuestra sociedad en el corto plazo.