La historia político-cultural de la relación Chile-Perú y Bolivia demuestra la fuerza del nacionalismo como un principio de unidad política y nacional que, por tanto, configura relaciones del tipo nosotros/ellos. Este nacionalismo y la permanente apelación al Estado- Nación son reforzado a través de símbolos, discursos y prácticas, tales como las banderas, las fronteras, los himnos nacionales, los héroes, los mitos, los mapas, los museos, entre otros.

El Estado-nacional, en esta perspectiva, ancla su existencia y permanencia al derecho internacional. En efecto, es parte de las críticas realizadas a la estrategia jurídica de Chile. Y esa “obsesión” jurídico-formal habría sido correctamente leída por la diplomacia peruana primero y luego la boliviana llevando a Chile a su campo predilecto: un tribunal de justicia internacional.

Para comprender las lógicas y ámbito de acción del conflicto, es necesario recordar que Chile, Perú y Bolivia son parte del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, el famoso Pacto de Bogotá firmado en 1948, que establece que los Estados pueden presentar demandas a una instancia con jurisdicción internacional, cuando estos por la vía diplomática y negociaciones no llegan a acuerdos.

Lo interesante es constatar que Chile en menos de un año ha estado demandado por dos países vecinos y que el tema de fondo que se soslaya en los debates públicos es la capacidad de negociación de la diplomacia para manejar las relaciones vecinales con Perú y Bolivia: La supeditación de la política a lo jurídico y la sobrevaloración de la mirada económica- comercial en la política exterior chilena.

La reflexión sigue anclada en los hechos históricos del siglo XX como gran hito Guerra del Pacífico: “ganadores”, “perdedores” y la generación de discursos por parte de las élites político-decisionales que alimentan la denominada “identidad nacional” y que, en los tres países, adquieren dinámicas y variables culturales distintivas en las formas, pero similares en el resultado.

En el caso de Chile se destaca “el orgullo de la victoria”, la cuestión concreta de reivindicar los territorios anexados y la posición histórica de exaltar a los “guerreros y soldados chilenos”, validando desde una fijación parcial que los conflictos con los vecinos “Perú” y “Bolivia” responden a intereses de los otros, dimensiones subjetivas que no se ajustan a los hechos. Se constituye un ejercicio de mirarse a sí mismo sin reconocer a un otro distinto y desde una "aparente superioridad" se apela a que el derecho está con Chile.

En el caso de la demanda peruana existía una valoración de la élite diplomática peruana, pero en el caso de Bolivia la actitud de la Cancillería y las élites políticas se caracterizan por la soberbia y un profundo desconocimiento. Una combinación peligrosa.

LA INDUSTRIA DEL DERECHO INTERNACIONAL

Recordemos que la demanda de Perú ingresa el año 2008 durante el gobierno del presidente Alan García (2006-2011) y el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) quienes deben responder a la primera fase del proceso.

En el marco contextual del fallo de La Haya, podemos aseverar que el dictamen es parte de un escenario tendencial en base a otros juicios similares que se han desarrollado, por tanto, el desempeño de la Corte y sus lógicas tienen componentes políticos, jurídicos y simbólicos. En este tópico es interesante observar la mirada global y eurocéntrica que se instala en la  comunidad política y la ciudadanía, adquiriendo relevancia central la percepción de  que “los intereses del Estado-nación están en  juego” en un territorio que representa la administración de justicia, imparcialidad, que encarna los principios del derecho internacional, sin mencionar el mercado que se genera en la oferta de “abogados” que representan a países que entregan el mandato a un tercer actor para que en la arena jurídica resuelvan conflictos políticos/ históricos.

La relación bilateral entre Chile y Bolivia ha estado marcada por la desconfianza y la ausencia de relaciones diplomáticas formales por más de 130 años, siendo un "conflicto institucionalizado" la demanda de acceso al mar que ha establecido Bolivia en su historia política, económica, social, adquiriendo un ethos singular su aspiración al océano Pacífico y la pérdida de soberanía después de la “Guerra del Pacífico”. En este caso, a diferencia de la relación con Perú, en todos estos años se ha mantenido una relación lejana, distante, sin mediar la dimensión económica como argumento de “aparente integración”.

LA DEMANDA DE BOLIVIA

La demanda de Bolivia se formaliza en abril del 2013 y se basa en la teoría de los actos unilaterales y los derechos expectaticios. La memoria recopila en detalle todos los “actos unilaterales” que Bolivia considera incumplimientos de Chile en su obligación de negociar una salida al mar, considerando evidencia y hechos clave en la relación Chile/Bolivia durante el siglo XX: acuerdos en la presidencia de Montt; conversaciones en la administración de González Videla el año 56; negociaciones entre los dictadores Banzer de Bolivia y Pinochet de Chile en 1976; agenda de los 13 puntos del primer gobierno de Bachelet año 2008, entre otros hitos relevantes que son sistematizados y parte de la fundamentación de la demanda boliviana en el marco de apelar a los “actos unilaterales”.

Parece un déjà-vu los ejes argumentativos de Chile apelando a la inviolabilidad de los tratados internacionales, la seguridad e integridad de las fronteras y el estricto apego al derecho internacional; sin embargo, se adopta la decisión de invalidar la demanda solicitando la incompetencia del tribunal y se genera un discurso que intenta demostrar que Chile ha cumplido el tratado de 1904 y que Bolivia tiene acceso al mar por los puertos chilenos del norte, exaltando el uso de las cifras que intentan demostrar que Bolivia tiene beneficios y recibe colaboración de Chile para que pueda “acceder al mar para trasladar sus productos”. En este contexto, Chile ha planteado en reiteradas oportunidades que no cederá soberanía, la posición es clara, enfática y es parte de un guión que reproduce la élite política. A la fecha esta posición no ha generado réditos en el campo político y en la Haya los resultados hablan por si mismo.

La base de la defensa chilena es apelar a que el derecho esta de su parte y desde que se inicia la demanda de Bolivia han mencionado la incompetencia de la Corte, y advirtiendo los "peligros" que tiene esta demanda al  pretender modificar, mediante el juicio, un tratado vigente entre ambos países. Esto último, queda descartado hoy al fallar en forma contundente la CIJ aseverando que si tiene competencias y rechazan las objeciones preliminares (escenario tendencial), considerando que Bolivia en su memoria no menciona el tratado de 1904 y el  único que sigue anclado al tratado de 1904 es Chile.

Al observar los discursos públicos de actores políticos-institucionales en los dos diferendos marítimos, se evidencian argumentos estandarizados: “los intereses nacionales”, “resguardar nuestras fronteras”, apelando al imaginario colectivo de “nuestra identidad chilena” (el tema del nacionalismo) y lo que “perdemos en el fallo” en relación con un otro lejano y distante en el escenario del demandante – demandado. Tal lógica jurídica genera las condiciones materiales para el encuentro-desencuentro, pero sin problematizar sobre las lógicas de los Estados en un sistema interconectado con capitales transnacionales, siendo las élites empresariales que ven afectados sus intereses particulares desplazando tal especificidad hacia la noción de  “interés nacional”, exaltando el sentido de pertenencia, en forma restrictiva e interesada.

El escenario actual nos invita a reflexionar sobre los desafíos de problematizar la noción de “soberanía”, las ideas y discursos que son parte de la complejización de los debates sobre la  política exterior chilena y sus propias interrelaciones con la política nacional y la necesidad de establecer negociaciones políticas y estrategias diplomáticas innovadoras para (re) pensar las relaciones vecinales. Una agenda que supere los enfoques tradicionales, pasando de las “lógicas de frontera” a las lógicas de “zonas de integración”.