Clara Pérez León tiene 32 años, es madre soltera de un niño de 6 y trabaja en Quinteros. En mayo de este año halló la posibilidad de cumplir el llamado 'sueño de la casa propia' mediante una oportunidad única oferta de una constructora en el sector Campiche, perteneciente a la comuna de Puchuncaví en la V Región.

Se trataba -según le dijeron-, de un “condominio tipo casa americana, sin cierre, en un sector bonito, súper grande, por pocas lucas porque la modalidad era en blanco", que es cuando el cliente negocia directamente con la constructora.

Por sus antecedentes financieros, para Clara era imposible conseguir un crédito inmobiliario, pero sus posibilidades aumentaron al conocer este proyecto a través de una amiga. En él podría participar invirtiendo poco dinero y asegurándose una casa sin necesidad de presentar tanta documentación.

“Como no te investigaban el banco, no te pedían tu Dicom, tu capacidad de endeudamiento, para mí era posible, pues si hubiera sido por el sistema común, yo no era sujeto para un crédito de la envergadura de una casa”, afirma.

En mayo de este año le pidieron depositar la primera cuota “como intención de promesa de venta del terreno”, pero la presionaron a hacerlo sin antes firmar un documento, alegando que “el contrato no estaba disponible y que si no transfería podría perder el cupo”, de acuerdo a lo que constata. En total, según dijo a eldesconcierto.cl, ella depositó a la empresa 1 millón de pesos.

Lamentablemente cuando sospechó que se trataba de un ejercicio engañoso, ya era tarde. Intentó que le devolvieran el dinero sin lograrlo. Para colmo, la empresa alegó que no existían pruebas del acuerdo por lo que no le reembolsarían la suma invertida.

La supuesta apropiación indebida del cual acusa ser víctima Clara Pérez León y otras familias más, habría sido llevada a cabo por la constructora de Servicios de Construcción y Arquitectura LTDA, Seconsa, cuya representante legal es la abogada Ivonne Dávalos Nuñez, quien se presenta como hermana de María Sonia Dávalos Nuñez, gerente general. El gerente de operaciones de la misma empresa y quien encabezaría el proyecto, es Martín Quintana Dávalos, hijo de María Sonia, ex Coordinador Nacional Estudiantil de Renovación Nacional, RN, y candidato como vicepresidente a la directiva nacional juvenil del mismo partido el 2010.

CONDOMINIO BRISAS DE ORKÓN
Pero las acusaciones contra Seconsa no paran. En mayo de este año la empresa de la familia Quintana Dávalos presentó un proyecto de viviendas sociales para el sector Campiche en Puchuncaví. Este plan llegó a la municipalidad a través del comité de allegados “El Desafío de Campiche”, quienes se pusieron al tanto del proyecto en la Expo Vivienda de Valparaíso.

Al presentar el proyecto, Seconsa anunció que se trataba de una oportunidad única, pues el trato se haría directamente entre la constructora y los clientes, según declaran las familias denunciantes. La fórmula para llevar a cabo el proyecto era que los integrantes del comité postularan al programa de construcción “Sitio Propio”. La misma empresa compraría los terrenos y con el subsidio de Servicio de Vivienda y Urbanización, Serviu, lograrían recuperar la inversión.

Para ser parte del proyecto, Seconsa les solicitó a las familias la transferencia de dineros a la cuenta de la empresa, como “intención de hacer una minuta de promesa de venta”. La mayoría de las familias obtuvo el dinero invertido trabajando durante el verano, mediante ahorros, avances o préstamos, según testificaron.

Todo iba bien hasta que la empresa reguladora Esval asegurara que en el terreno no había factibilidad de agua potable, a la vez, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu, expuso que no existían las facultades para desarrollar un proyecto de vivienda, pues Seconsa quería entregar sólo las casas sin urbanización lo que está fuera de la norma. La empresa constructora informó a las familias que el proyecto se realizaría de forma privada y no a través del Serviu.

A las familias que continuaron durante esta nueva etapa, Seconsa les prometió que iban a “adquirir un terreno de 250 metros cuadrados, dotados de factibilidad de luz y agua potable, con un proyecto de construcción futura de una casa de 55 metros cuadrados”, según consigna el "Contrato de Bien Futuro" firmado por quince de las familias acusadoras.

El documento al que tuvo acceso eldesconcierto.cl, presenta una serie de informalidades: no se hace mención alguna sobre el lugar donde será emplazado el proyecto, ni ciudad, ni región, ni país o en qué fecha sería la adquisición.

A través del testimonio entregado a eldesconcierto.cl por parte del arquitecto, Sebastián Román, quien también acusa haber sido estafado por la empresa, en Seconsa “estaban vendiendo terrenos en blanco” en una propiedad que no les pertenece. Esta versión es certificada por el abogado de los dueños del terreno, Mauricio Abarca, asegurando que los Quintana Dávalos ofrecieron comprar el terreno en cuotas, sin llegar a acuerdo.

Sin proyecto, sin permiso de edificación, sin la autorización de Esval, sin contrato de compraventa del terreno y sin el financiamiento del Serviu, desde la constructora les aseguraron a las familias que comenzarían los trabajos en octubre. De todas formas, muchas personas se retiraron del proyecto y empezaron a exigir la devolución del dinero invertido. Otras familias, sin embargo, se siguen sumando hasta el día de hoy al denominado proyecto “Condominio Brisas de Orkón”.

AUDIENCIA POR PRESUNTA ESTAFA
Las familias que se retiraron del proyecto comenzaron a averiguar la situación legal de la empresa y de sus representantes. Según lo que constataron a través de la Policía de Investigaciones, PDI, los Quintana Dávalos tienen arraigo nacional, algo que aseveró el mismo Martín Quintana mediante una conversación por mensajes de texto con las familias, pero alegando que se trataba de un juicio que él tiene pendiente “por manejar en estado de ebriedad”.

De todos modos, la representante legal de Seconsa, Ivonne Dávalos Nuñez, deberá presentarse a una audiencia durante los próximos días por su presunta responsabilidad en el delito de estafa según corroboró a eldesconcierto.cl el Fiscal Adjunto de Quiteros, Mauricio Dünner.

Asimismo, la versión de Quintana no se ajustaría a la entregada por la Fiscalía de Quintero, donde según las familias, se les informó que el arraigo era debido a “denuncias por estafas, fraude y una serie de cheques protestados”.

ESTAFAS, APEDREAMIENTOS Y AMENAZAS
La situación por la que pasan las familias en Puchuncaví, no es la única en la que ha sido involucrada la empresa Seconsa. Una persona que trabajó con los Quintana Dávalos, y que prefiere permanecer en el anonimato, afirmó a eldesconcierto.cl, que la empresa enfrenta conflictos más allá del proyecto “Brisas de Orkón”.

“El delito más grande de ellos es por Valparaíso y la reconstrucción (por el incendio que afectó a tres mil familias en 2014). En todos los meses que llevan desde octubre del año pasado trabajando, no han parado una sola casa”, aseguró la fuente, motivo por el cual la oficina de Seconsa en Quinteros, fue apedreada a principios de este año.

Por otra parte, de acuerdo a las pesquisas halladas por las familias afectadas, Ivonne Dávalos, la represente legal de Seconsa, quien firmó los contratos como abogada, no figura como tal ante el Poder Judicial en Chile, a pesar de rubricar un contrato ante notario con este título profesional.

Luego, a partir de las investigaciones y la denuncia por parte del Encargado de la oficina de Vivienda de la municipalidad de Puchuncaví, Marco Toledo, comenzaron las amenazas. El primero en recibirlas fue el arquitecto Sebastián Román, quien denunció el caso en una radio local, por lo que recibió una llamada de un número desconocido desde donde asegura que le dijeron, “ni te atrevas a hacer algo porque a ti te va a ir peor. Sé donde vives, sé dónde trabajas”. Luego fue el turno de Toledo, quien fue atacado indirectamente a través de una carta dirigida al alcalde donde Martín lo acusa de incurrir en “irregularidades”.

Otra de las personas amenazadas fue Diva Vega, una de las integrantes del comité de allegados, quien al retirarse del proyecto y exigir que se le devolviera el dinero, contó que Martín le dijo en tono soberbio, “¿tú sabes lo que firmaste? yo te podría demandar incluso porque nos perjudicaste con las cuotas. No te voy a devolver ni un peso”.

Estas denuncias de amenazas se han ido atenuando en la medida que a las familias se les ha propuesto la devolución del 75% de lo invertido, mediante dos cuotas, según detalló el abogado Sergio Zalazar, quien entrega un servicio de asesoría a las familias por parte de la municipalidad de Puchuncaví. De todas formas, son varios los que quedarían fuera de este posible acuerdo de devolución y otros que aún no reciben respuesta por el pago de deudas, entre estos el arquitecto, una ex secretaria de la constructora, la empresa Díaz & Díaz por el arriendo de maquinarias y aquellas familias como la de Clara Pérez León, que no alcanzaron a firmar el contrato y que están obligadas a esperar el fallo de la investigación judicial.

Desde eldesconcierto.cl intentamos contactar insistentemente con Martín Quintana Dávalos y con los representantes de la empresas Seconsa, pero no hubo respuesta.