El gobierno ha señalado en reiteradas ocasiones, que su intención es cambiar la actual constitución vigente en nuestro país por una nueva carta fundamental; lo anterior sin ahondar mayormente en plazos ni formas. Se ha intentado de instaurar en el debate público la idea de que lo único relevante es tener una nueva constitución, debido a que la que tenemos hoy es el legado de una dictadura y que por tanto se debe tener un proceso constituyente con algún grado de participación (todo esto de forma bastante ambigua).

Las ideas anteriormente expuestas parecen hacerse cargo de problemas sustanciales de nuestra comunidad nacional. Ahora bien, ¿por qué es tan relevante cambiar la constitución? En mi parecer, la necesidad de adoptar una nueva constitución tiene dos fundamentos íntimamente relacionados uno del otro. En primer lugar, podemos identificar un problema de legitimidad por motivos ya ampliamente conocidos: un plebiscito sin oposición política, sin registros electorales, solo por nombrar algunas. En segundo lugar, pero derivado de lo anteriormente señalado, hay un problema en el contenido normativo.

El diagnóstico de los puntos anteriormente señalados no es antojadizo, ya que la Constitución de 1980 es reflejo solamente de un sector de la sociedad chilena de ese entonces, que de forma unilateral instauró su visión del país en el contenido de la Carta Fundamental. Es por aquello que la “forma” o el “procedimiento” por el cual se adoptará la nueva Constitución es sumamente relevante, puesto que la carta fundamental puede nacer en democracia y no por ello ser más representativa de la voluntad mayoritaria de los chilenos y chilenas, como podría suceder en cualquier espacio deliberativo no elegidos por voluntad popular con el fin de redactar una nueva Constitución.

Si el gobierno pretende que la nueva constitución sea un reflejo de nuestra comunidad nacional y por lo tanto que los chilenos y chilenas sientan la constitución como propia (la acepten y adhieran a ella), se deben descartar de plano ideas como que el actual congreso asuma funciones del poder constituyente originario o un congreso dotado de poder constituyente originario que adopte el texto constitucional y con un posterior plebiscito  (en busca de legitimidad) y mucho menos comisiones aristócratas(como la comisión redactora de la constitución de 1980). A lo anterior se le pueden sumar “cabildos”, asambleas ciudadanas y varias alternativas más de participación, que por lo demás, son bastante necesarias. Aunque en ningún caso se les puede dar el estatus de solución o como una alternativa en busca de la legitimad, al menos en los términos que los ha planteado el gobierno.

Es ahora  el momento en el que se debe tomar una postura clara, en relación al consenso que se pretende alcanzar como punto de partida para una nueva constitución. Si solo se pretende un consenso institucional, que el actual Congreso asuma funciones del poder constituyente originario, es una buena opción, pero si se pretende alcanzar un consenso social de los chilenos y chilenas, la formula anterior es ineficaz. Para alcanzar el consenso anteriormente señalado, en primer lugar se nos debe preguntar a los chilenos y chilenas si queremos  cambiar la actual constitución y en el mismo acto, preguntarnos sobre el procedimiento por el cual nos gustaría adoptar una Carta Magna. En lo anterior, a mi juicio y de quienes creemos en una  vía profundamente democrática al tema constitucional, hay un óptimo punto de partida para la formalización de un proceso constituyente.

El problema con vías como el “congreso dotado de poder constituyente” es que aquellas formas de adoptar el texto Constitucional no abordan la esencia del problema(la legitimidad) y que por tanto podamos  volver a discutir en el corto plazo nuevamente la necesidad de una nueva constitución. Para no ir más lejos, la actual constitución ha sido objeto de una cantidad considerable de reformas y aun así un sector considerable de nuestra comunidad política la consideramos ilegitima.

En síntesis la Presidente de la República debe decir si desea avanzar “en medida de lo posible” o en otras palabras darle más cabida a los sectores conservadores  de nuestra sociedad y por tanto seguir con las mismas prácticas políticas de la concertación o por el contrario buscar apoyo en los movimientos sociales y en la ciudadanía en general.