Algunos pensamos que el humo de motor camionero que emanó la semana pasada haría pasar desapercibido el aterrizaje en el Mineduc de un conjunto de proclamados expertos y experimentados hombres de educación, los cuales llegaban a poner orden al proceso de reforma universitaria. Pero pareciera que ni el monopolio camionero de la prensa por esos días, ni el hermetismo del ministerio sobre las atribuciones y funciones de dicho consejo, pudieron contener las críticas.

Así su composición y las razones tras su creación fueron parte de los comentarios obligados de los últimos días. Pero la pregunta real que tenemos que hacernos es por la implicancia de una política como la que se configuro para solucionar los problemas de la reforma a la educación superior, lo complejo no son los nombres- más allá de lo absurdo que es que la instancia sea presidida por el padre del sistema que nos tiene a muchos con deudas millonarias antes de salir al mundo laboral- ni tampoco el comidillo farandulero de palacio sobre como el consejo es una señal para quitar o dar poder a asesores y funcionarios.

Lo que debe interesarnos es la lógica que opera tras esta decisión política, la forma en que se materializa una nueva disonancia entre las lógicas con las cuales la Nueva Mayoría y el gobierno intentan dar cuenta de las complejidades de llevar adelante transformaciones profundas en la educación terciaria. Pareciera que la única solución plausible en las mentes de palacio y el Mineduc es recurrir a las formulas tradicionales de la Concertación.

Los consejos asesores no son una cuestión nueva en nuestro país, menos aún bajo el gobierno de Bachelet. Ya en su gobierno anterior Garretón –uno de los principales intelectuales orgánicos de la Concertación- definía estas instancias como una forma de gobernanza participativa capaz de dar salida a las problemáticas de la tecnocracia instalada en el gobierno, y de paso hacer carne el discurso de un gobierno ciudadano con el que la presidenta inauguraba su primer mandato.

Hasta antes de la década del dos mil, la política transicional estaba acostumbrada a enfrentar las demandas ciudadanas aislándolas y generando respuestas parciales, las cuales lograban colonizar a los actores sociales, despolitizándolos mediante la imposibilidad de articularse en una cadena común de demandas. Pareciera que esta forma de responder fue perdiendo su capacidad a medida que avanzó la década obligando a generar desde la institucionalidad salidas parciales al problema, como la Ley Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública y los ya mencionados consejos.

Así el proceso inédito vivido por nuestra sociedad en las últimas décadas ha decantado en una profunda crisis entorno a la manera en qué se entiende la participación política. Esto lo podemos observar claramente en dos líneas, por un lado la imposibilidad de procesar demandas por parte de la institucionalidad y por otra parte la incompatibilidad de la lógica en que se comprende la democracia.

Hoy los actores sociales son parten de una constante tensión entre la afección de los últimos tiempos y la desafección política heredada de los noventas, sus demandas y procesos de articulación no han logrado cristalizar totalmente en un actor político, pero tampoco se resumen solamente a una expresión espontánea y desarticulada de grupos de interesados en satisfacer necesidades particulares. En este sentido representan una interpelación que no logra ser descifrada desde la moneda, el vocero de gobierno fue claro el día martes recién pasado, al ser increpado frente a su incapacidad de conversar con los actores sociales, dijo tajante que el diálogo implica escuchar pero no necesariamente obedecer. Así se enuncia con claridad la intención de generar espacios de democratización de la política, pero sin ser capaces de democratizar el poder.

Las palabras de Bitar son ejemplo de la disonancia en cómo se entiende la política, si la ministra intentó disfrazar este consejo como una forma de participación, quien dirige esta instancia sinceró la manera en que se construye la política pública para este sector al sentenciar sobre sus críticos: “No son los estudiantes, son dirigentes estudiantiles que pertenecen a grupos políticos que están a la izquierda de la Nueva Mayoría”. Sus palabras no son menores, muestran un desprecio frente a la afección política de sectores organizados de la sociedad, claro, todo es más fácil cuando son solo algunos los llamados a solucionar los problemas en nombre de la experiencia, la técnica y un supuesto interés general.

El movimiento estudiantil, es una fuerza altamente organizada, democrática y estructurada, donde sus representantes y voceros son constantemente legitimados y evaluados, no solo en procesos democráticos de votación, sino que en instancias asamblearias horizontales, consejos de representantes y organismos colegiados.Pareciera que estas formas de accountability propias de una democracia más profunda y participativa no logran ser comprendidas ni representadas en la lógica de los miembros de la Nueva Mayoría.

En resumen, la problemática tras el nuevo consejo asesor reside en el carácter sintomático de este y no en su composición o en la minucia coyuntural. Lo que demuestra es la constante contradicción entre una ficción democrática despolitizadora construida por una elite, frente a una democracia de masas conducente a democratizar el poder.

Lo que está por verse es si este síntoma logra colonizar el conflicto educacional, o se verá enfrentado a la dura (para algunos) realidad de una ciudadanía que no está dispuesta a ser marginada de las decisiones trascendentales para la construcción de un futuro más justo. En lo que no cabe duda es que en el fondo existe una incapacidad desde el gobierno y su institucionalidad para construir procesos políticos con los movimientos sociales, sobre todo cuando estamos en pleno asalto a la moneda por parte de los paladines de la democracia en la medida de lo posible.